¿Paralela?

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/ 16 de mayo de 2022
/ 12:03 am
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Por: Edmundo Orellana

Los fiscales actúan por delegación del Fiscal General. Así lo manda la ley. Esa delegación se acredita con el simple nombramiento del fiscal que dirige la investigación, criminal o científica, e interpone acciones judiciales.

Ningún fiscal debe esperar la autorización del Fiscal General para actuar. Sería absurdo que el fiscal de Puerto Lempira, para cada caso que conozca, sea habilitado para actuar por el mismo Fiscal General. Ante la denuncia o la flagrancia, debe actuar sin previa autorización. Ese es su deber.

Debe someterse, por supuesto, a las directrices de la institución y puede ocurrir que haya criterios encontrados con respecto a casos específicos. En estos casos está previsto que se fundamenten los criterios y sea el superior quien lo decida, quedando a salvo la responsabilidad del subordinado.

En este contexto no cabe que un caso no avance porque los superiores, con el pretexto de estudiarlo, posterguen indefinidamente su presentación a los tribunales. Igualmente, que la presentación de los casos los autorice el superior discrecionalmente.

Pregúntese usted, respetado lector, qué pasaría si el fiscal asignado a Puerto Cortés o a Trujillo tuviese que pedir autorización al Fiscal General en cada caso. Sería absurdo y se inmovilizaría el MP.

Un exFiscal Adjunto, de la época estelar del MP y muy respetado en el foro hondureño, me comentaba que un Juez de Letras decidió condicionar la admisión de las acciones de un fiscal a la presentación, por escrito, de la autorización del Fiscal General, decisión que impugnó formalmente y fue revocada por la Corte de Apelaciones respectiva, sentando un precedente al respecto.

Los fiscales actúan por delegación del Fiscal General, pero por mandato de la ley; es decir, por ministerio de la ley. Por supuesto, no deben ni pueden actuar cuando su criterio contraría las directrices o criterios superiores, mientras no se resuelva el conflicto de criterios. En este contexto no cabe la arbitrariedad, es decir, es inadmisible que al fiscal del caso se le ordene caprichosamente no actuar, actuar selectivamente o atendiendo factores extraños al caso o contrarios a los supuestos legales.

Las huelgas de los fiscales en el pasado -dos para ser exactos- fueron motivadas por estas razones. Los fiscales cuestionaban la conducta de sus superiores a quienes acusaban de patrocinar la impunidad en casos de corrupción. El pueblo los apoyó en ambas huelgas, pero, en la mayoría de los casos, pagaron su heroico atrevimiento con el despido.

En el caso de Uferco es similar. La famosa Ufecic pasó a ser Uferco, pero disminuida totalmente. Las condiciones laborales cambiaron y también las de seguridad, a lo que se agregó el hostigamiento de los superiores, según denunció su titular. Hasta una sentencia de la Sala de lo Constitucional pretendió reducirla a su mínima expresión.

Es de suponer que el modus operandi de esa fiscalía especial también pasó por algún proceso de revisión, porque ya no tiene los resultados estelares de cuando era Ufecic. No es por la voluntad del personal asignado, ampliamente demostrada.

El problema, entonces, es de suponer radica en otras instancias. Permitir que Uferco trabaje como las demás fiscalías, es lo menos que se puede pedir en este momento de transformación del país, particularmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Se avecina la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, consecuencia de la petición de la Presidenta de la República a la ONU. Necesitamos contrapartes que estén a la altura de lo que viene, y, en el caso, del MP, nadie cuestiona que Uferco lo está. No solo por la valentía y el profesionalismo de su personal, sino también por la experiencia de trabajar con una misión internacional de lucha anticorrupción, como lo fue la Maccih.

Necesitamos que Uferco actúe como las demás fiscalías, sin tener que pedir autorización cada vez que proceda una investigación o una acusación, porque actúa, por ministerio de la ley, por delegación del Fiscal General. De lo contrario, no podemos avanzar en esta lucha ni estaremos preparados para recibir el apoyo directo de un mecanismo como el que estamos esperando proponga la ONU.

Reconocer que uferco actúe sin pedir autorización en cada caso no es crear una paralela, como se ha dicho. Lo sería si se le reconociera independencia del MP. Pero Uferco seguirá siendo una unidad fiscal del MP. Se trata, simplemente, de que actúe como las demás fiscalías, sin pedir permiso para investigar y acusar a las redes de corrupción que secuestraron el Estado y no lo quieren devolver. Para que cese la impunidad en el país, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

orellana48@hotmail.com

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