Guatemala: crecen críticas por reelección de polémica fiscal
La Unión Europea, el gobierno estadounidense e incluso personas en las calles de la capital guatemalteca criticaban el martes la decisión del presidente Alejandro Giammattei de reelegir por cuatro años más a la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señalan de falta de compromiso en el combate a la corrupción.
La decisión genera preocupación sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas de combatir ese problema y proteger la independencia del poder judicial, dijo en un comunicado Peter Stano, portavoz de la Unión Europea.
“Bajo la supervisión de esta Fiscal General, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra varios jueces, abogados y fiscales independientes que participan en la investigación de casos de corrupción de alto nivel. Esto ha resultado en sus arrestos y la pérdida de su inmunidad judicial”, explicó el portavoz, y agregó que las acciones forman parte de “un patrón más amplio de intimidación y acoso que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país”.
Porras ha despertado polémica porque durante su gestión más 20 operadores de justicia —algunos jueces y fiscales— se han exiliado porque se consideran perseguidos por supuestas fallas en las investigaciones anticorrupción que realizaban.
El lunes el presidente Giammattei reeligió a Porras para ocupar el puesto por cuatro años más. “Es una decisión soberana y transparente”, defendió el mandatario, quien se ha mostrado cercano a ella durante su gestión.
“Se oye tanto que tiene vínculos con la corrupción. ¿Cómo pudo de nuevo reelegirla el presidente?”, dijo Ruth González, una ama de casa, sobre la reelección de Porras. La mujer de 40 años, añadió que ve con preocupación cómo “el país parece retroceder en lugar de avanzar”.
“Fue una confabulación entre el presidente y los demás poderes para que ella siga siendo fiscal, el fin es mantener en el poder a mucha gente y suavizar las penas a la gente que fue procesada y condenada por corrupción”, expresó a su vez Luis Barrientos, catedrático universitario.
A las reacciones de la gente se sumaron las de algunas organizaciones, como los 48 Cantones, que agrupa a autoridades indígenas del occidente de Guatemala.
Horas después de su reelección, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ampliaría sanciones que ya pesaban contra ella por “obstaculizar” la lucha anticorrupción en el país y socavar la democracia. El Ministerio Público le respondió que “es una institución autónoma” y “no acepta ningún tipo de intervención ni presión”.
En septiembre de 2021, Washington sancionó a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda, y los incluyó en una lista de actores corruptos y antidemocráticos prohibiéndoles la entrada a ese país debido a la destitución de Juan Francisco Sandoval, un fiscal anticorrupción.
Sandoval lideró junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala investigaciones anticorrupción que desarticularon por lo menos 60 estructuras criminales y llevaron a la justicia a jueces, políticos y empresarios acusados de corrupción. Él es uno de los exfiscales exiliados en Estados Unidos.
Porras destituyó a Sandoval en julio del año pasado. El exfiscal denunció que su destitución se debía a que recibió información de posibles actos de corrupción y sobornos de Giammattei. La fiscal no ahondó en las denuncias contra el presidente, pero sí inició un proceso contra Sandoval.
Tiziano Breda, analista de la ONG Crisis Group, considera que el gobierno guatemalteco midió con otros problemas que ya suceden en la región del triángulo norte de Centroamérica las consecuencias de reelegir a Porras. “Por lo tanto, calculó que los costos no vayan más allá de declaraciones, sanciones individuales”.
“Habrá que ver si Estados Unidos responde de manera diferente a lo que han hecho. El mensaje que lanza el gobierno guatemalteco a nivel internacional es que cualquier presión u opinión que se hace tiene tiene poca relevancia frente a mantener y fortalecer el estatus quo”, agregó Breda. “Las advertencias de Estados Unidos no detendrán los retrocesos en la lucha contra la corrupción, ya que se percibe que el costo de hacerlo es soportable”. AP
