Óscar Lanza Rosales
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El Congreso Nacional aprobó las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), que en su primer artículo declara al servicio de eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económico y social.
La nueva ley propone: que a partir de ahora este servicio es un bien público con tarifas justas; resolver la deuda acumulada de la ENEE -alrededor de 75 mil millones de lempiras- reducir las pérdidas, revisar y renegociar los contratos energéticos, aumentar las inversiones públicas en ese sector, declarar una emergencia del subsector eléctrico y reestructurar la organización industrial plasmada en la Ley General del 2014, que proponía liberalizar el mercado y desmembrar la ENEE en generación, transmisión y distribución -según su gerente interino- para privatizarla.
Según él, la nueva ley, dinamizará todos los actores del subsector energético, ampliará la cobertura a nivel nacional que actualmente es de 85.13%, muy por debajo del promedio de Centroamérica, de 94%.
Adicionalmente, la normativa deroga el Contrato de Fideicomiso que entregaba 14 subcuencas de ríos para la construcción y generación de energía.
De igual forma, desaparece el Operador del Sistema (ODS) y lo reemplaza el antiguo Centro Nacional de Despacho (CND) de la ENEE, cuya función principal será garantizar la correcta coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo para el mercado eléctrico, en su totalidad.
La ley da amplias facultades a la junta directiva y la gerencia de la ENEE, a la renegociación de contratos con las térmicas, sobre los cargos fijos y variables, de acuerdo a criterios establecidos por la misma ley. Y con las empresas de energía solar y eólica, los autoriza a tomar como referencia los precios de los demás países de Latinoamérica.
Además, la normativa señala que en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado -por razones de seguridad nacional- fijando un justiprecio, y el pago con bonos del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República.
Para analizar las reformas aprobadas, voy apoyarme en los argumentos planteados en el ensayo “Ipse Dixit” elaborado por el doctor en ingeniería eléctrica, Luis Cosenza, el profesional más calificado del país en ese campo, quien afirma que estas reformas, mutilan y desfiguran la LGIE, sin que se explique o justifique los cambios propuestos. Según él, la LGIE se basa en dos premisas fundamentales: el fomento de la competencia para impulsar la eficiencia del sector y la participación privada en la inversión (a fin de que el Estado pueda utilizar sus escasos recursos en educación, salud y seguridad). La nueva ley obstaculiza la competencia, politiza el sector y busca minimizar la inversión privada.
Además, elimina la figura del “Comercializador”, una empresa que se crearía con el propósito de comprar energía a un generador para venderla a un grupo de consumidores. Sería un agente que competiría con otros agentes y que por tanto introduciría más competencia en el sector. Al eliminarlo -dice Cosenza- se reduce la competencia. Igualmente se elimina el concepto de “consumidor calificado”, el cual tendría la libertad de comprar directamente a cualquier generador o comercializador. Con la anterior LGIE, la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica definía quiénes podían gozar de ese estatus y establecía que cualquier consumidor, cuya demanda fuera al menos 400 kW, disfrutaba de esa potestad. La nueva ley sube ese límite, a 5,000 kW, con lo cual disminuirá el número de consumidores calificados y, por supuesto, la competencia. Y para modificar ese límite sería necesario reformar la ley, que se convierte en otro obstáculo a la competencia.
La nueva ley termina por ponerle dos sogas al cuello a la ENEE: la primera, que desalienta la competencia al eliminar la escisión de la ENEE y conservarla como monopolio verticalmente integrado, al mantener en una sola empresa la transmisión, la distribución y la generación. Por ejemplo, el BCIE tenía disponibles 250 millones de dólares para préstamos, si los tres negocios se manejaban por separados de acuerdo a la anterior ley, pero con la nueva lo canceló. Y la segunda soga, es que el sector privado no podrá invertir más que lo que invierte la ENEE, una empresa en quiebra, endeudada hasta la coronilla, sin capacidad para invertir. Cosenza pronostica en el corto plazo los racionamientos.
La nueva ley tiene buenas intenciones, pero volver al modelo centralizador de la ENEE, nos vamos a quedar con las ilusiones y una crisis gigante sin resolver.
