CONTRACORRIENTE
Por: Juan Ramón Martínez
Al comparar el comportamiento de los líderes del primer gobierno de Zelaya Rosales y el que dirige formalmente su esposa Xiomara Castro, observamos varias diferencias. La primera de ellas es el nerviosismo de las bases de Libre que buscan acomodo en la administración pública. La segunda es la prisa por introducir antirreformas que eliminan las leyes emitidas en las seis legislaturas anteriores. La tercera es, la urgencia para crear, desde arriba un “poder popular” que, desde abajo, instrumentalizado por activistas politizados, presione por la convocatoria de una constituyente que produzca una nueva Constitución. En palabras de Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, se busca un instrumento legal que impida que los empresarios hagan negocios con el gobierno y aumenten sus riquezas. En otras palabras, por medio del cambio del modelo económico capitalista, por otro, populista o marxista, parecido a Venezuela y Cuba. La cuarta diferencia, es la anulación de las Fuerzas Armadas, por medio de una Policía Nacional, protagónica y más politizada, (aunque sea la más señalada por acciones de corrupción de sus miembros, en las administraciones anteriores). Y finalmente, el ataque del ministro de Seguridad, a los partidos políticos, sin excepción, a los que acusó de “estructuras criminales”. Complementario a esta denuncia, la acción de Julio Navarro en contra de PSH, para que reorganice sus estructuras. Coincidente con esta actividad de Navarro, la petición de un grupo de ciudadanos que no se identifican como nacionalistas, que piden la supresión del Partido Nacional, como entidad jurídica reconocida por el Estado. La prisa para justificar estas acciones seudolegales, tiene que ver con una enseñanza que forma parte del imaginario de Libre: si la propuesta de la cuarta urna, se hubiese adelantado, habrían evitado la caída del régimen de Zelaya Rosales, porque la derecha no habría podido reaccionar. Y que, detrás de todas estas acciones, estuviese la mano del secretario general de Libre, manteniendo unidos a los encargados de empujar ordenadas las medidas revolucionarias, asegurará un éxito cerrado.
Estas acciones, están basadas en supuestos teóricos que, pueden fallar. Como hemos dicho, cuando todo parece perfecto, un clavo suelto o una viga contraída, echan abajo el edificio, sólido desde fuera; que, como toda obra humana, es frágil y perecedero. Suponen los ideólogos del régimen y sus asesores extranjeros que, mientras ataquen el narcotráfico y envíen delincuentes pedidos en extradición, Estados Unidos les permitirá destruir la democracia, cambiar el sistema económico y alejar a Honduras de la esfera de influencia del país del norte. Unida a esta creencia que, para los teóricos de Libre es fundamental, porque necesitan trabajar con prisa, pero sin incomodar o asustar a los Estados Unidos, está el otro supuesto: que la oposición política de signo democrático, no tendrá tiempo de reaccionar. Y que, si cambian, a la Corte Suprema que, en esta estrategia es más importante que la Fiscalía General, es segura la pasividad de las Fuerzas Armadas que obedientes a la ley, en la que algunas veces amparan su pasividad, se mantendrán, cuadradas y obedientes, a los mandos civiles de la familia Zelaya-Castro.
No creemos que Estados Unidos esté dispuesto a perder a Honduras. Reaccionará en la medida en que los planteamientos como las del ministro Pastor, afecten sus intereses, especialmente los referidos a la protección de las inversiones de los estadounidenses y las posibilidades que estos capitalistas inviertan en el país y puedan sacar sus ganancias, sin problemas. El control de la Corte Suprema de Justicia, en donde hasta los nacionalistas les dan la oportunidad de tener mayoría a Libre, tiene efectos limitados, en vista que la institucionalidad, está severamente dañada por los fiscales estadounidenses. De allí que, el supuesto que los militares se mantendrán de espaldas a las reformas que pondrán en riesgo la democracia híbrida que tenemos, es improbable.
Finalmente, la oposición no seguirá pasiva. El quitarles poder a las municipalidades y amenazar a los partidos, con un Congreso que use los suplentes para tomar decisiones ilegales, obligará a reaccionar a los políticos, la sociedad civil y, a las masas desilusionadas por la incapacidad del gobierno de Castro para mejorar sus vidas. Creemos que, a mayor prisa, la oposición reaccionará de la misma manera. Solo es cosa de esperar que la crisis económica se profundice, y el nivel de vida de la población continúe deteriorándose.
