Nery Alexis Gaitán
Por lo general, los diputados suplentes habían sido de poca figuración en el Congreso Nacional. Pero una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo estableció que la totalidad de los 128 diputados suplentes fueran incorporados y remunerados con el 60% del salario de los diputados propietarios, más otros derechos y beneficios. Actualmente reciben un salario no inferior a 54 mil lempiras mensuales.
Lo anterior fue posible debido a una reforma al artículo 49 del Decreto 363-2013 que contempla la Ley Orgánica del Congreso Nacional, vigente desde el 22 de enero de 2014, que facultaba al presidente del Congreso Nacional integrar de manera permanente a los diputados suplentes a su consideración. Con excepción de su participación con voz y voto en el pleno que solo pueden integrar en ausencia temporal o definitiva de un diputado o diputada propietario. Ahora, todos están incorporados y deben estar presente en todas las sesiones.
Hasta aquí no habría ningún problema, ya que de faltar el diputado propietario, el suplente toma su lugar sin interrumpir el buen desarrollo de las sesiones y avalando con su voto cuando haya necesitar de votar. Pero no todo es lo que parece con los políticos.
Esta situación de incorporar a los diputados suplentes a conveniencia del “presidente” del Congreso (presidente entre comillas porque está ostentando el cargo de forma ilegal) ha servido para que continúen las mandracadas en el Congreso.
Como ejemplo, citaremos la crisis que se dio por la presidencia del órgano legislativo. Jorge Cálix reunió a más de 80 diputados propietarios para tomar posesión del cargo. En tanto, Luis Redondo, por su parte hizo lo mismo, reunió un quórum, pero con diputados suplentes. La ilegalidad salta a la vista. Mientras los diputados propietarios estén en funciones, en ningún momento pueden ser sustituidos por los suplentes.
Entonces, los diputados suplentes se han convertido en una especie de comodín, al servicio de los intereses de Luis Redondo; y, obviamente, de “Mel” Zelaya, quien es el verdadero gobernante. Acuden a los suplentes cada vez que los necesitan; ya sea de sus bancadas afines o de la oposición, que de momento está sorda, muda y ciega.
De esta forma están legislando a favor de los intereses del gobierno, que desea instaurar el Poder Popular y la Asamblea Nacional Constituyente, para acabar con nuestra frágil democracia.
Esta legislatura se ha caracterizado, aparte de los visos de ilegalidad en el nombramiento de la directiva, por seguir al pie de la letra, en un acto de sumisión absoluta, las órdenes emanadas desde casa presidencial. Violentando la independencia de los poderes del Estado.
Es así como vemos que están legislando en contra del pueblo hondureño. Se estrenaron con el Pacto de Impunidad, perdonando delitos de corrupción de funcionarios del gobierno del poder ciudadano; dieron el primer paso para eliminar las ZEDE, lo que ocasionará pérdida de miles de empleos, entre otros aspectos; asimismo, derogaron la Ley del Empleo por Hora; negando esta opción laboral, sobre todo, a estudiantes. O sea que no están interesados en que se reactive la economía ni que se generen más empleos en el país.
Parece que están más preocupados en aspectos intrascendentes, y no en legislar tomando en cuenta el bienestar común. Con estos diputados el horizonte de la patria se pinta de oscuridad.
Una vez más constatamos que los políticos solo están interesados en disfrutar de las mieles del poder; aumentar su fortuna personal y darse la gran vida. Y que no les importa para nada mejorar la calidad de vida de los pobres.
Deberían de sentirse avergonzados de que seamos el segundo país más pobre de América, después de Haití. La corrupción de estos políticos deshonestos ha condenado a los hondureños a vivir no en la pobreza, sino en la miseria.
¡Rechacemos a estos diputados corruptos!
