Familiares de exlíder birmana Aung San Suu Kyi presentan denuncia contra junta ante la ONU
Familiares de la exdirigente birmana Aung San Suu Kyi presentaron el miércoles una denuncia contra la junta militar ante un grupo de trabajo de la ONU, alegando un “secuestro judicial” desde el golpe de Estado de febrero de 2021.
“Bajo la iniciativa del hijo y los familiares de Aung Sang Suu Kyi, los abogados especializados en derechos humanos François Zimeray y Jessica Finelle han presentado hoy una comunicación contra la junta militar birmana ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU”, señalaron en un comunicado.
Los abogados recuerdan que “fue privada de libertad de manera contínua e ilegal por la junta militar en un lugar desconocido desde el 1 de febrero de 2021”.
En la denuncia, a la cual tuvo acceso AFP, aseguran que “su detención era ilegal en todos los aspectos, su detención carece de cualquier fundamento legal y los tribunales de la junta violan las reglas más fundamentales del derecho a un juicio justo”.
Suu Kyi, de 76 años, fue condenada a finales de abril en virtud de la ley anticorrupción a cinco años más de prisión durante un proceso denunciado como político por la comunidad internacional.
Ya había sido condenada a seis años de cárcel por incitación contra los militares, violar las reglas contra el covid-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones.
Suu Kyi, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1991, está detenida desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 que puso fin a una década de transición democrática en Birmania.
Está acusada de una multitud de infracciones (violación de una ley sobre los secretos de Estado que data de la época colonial, fraude electoral, sedición, corrupción y otros) y corre el riesgo de ser condenada a décadas de prisión.
“No solo se la juzga a través de pretextos muy chocantes, sino que además se la mantiene incomunicada. Estamos al borde de una desaparición forzada. No sabemos dónde está. Solo reaparece de vez en cuando durante los juicios. Es un secuestro judicial”, denunció el abogado Zimeray. AFP
