Óscar Lanza Rosales
[email protected]
Todos los hondureños que estamos conscientes de lo que significa el Estado, el Estado de derecho y la institucionalidad, estamos preocupados con lo que está pasando con el actual gobierno, que quieren sacar a todos los funcionarios y empleados que no sean seguidores de Libre, y poner a sus activistas, a como dé lugar, sin seguir los procedimientos que manda la ley, y sin cumplir los requerimientos de los puestos que se proponen sustituir.
Hemos escuchado tanto de los dirigentes como de los activistas del partido en el gobierno: “Si ellos ya estuvieron 12 años -refiriéndose a los nacionalistas- es justo que ahora nos toque a nosotros un puesto en la administración pública”.
Ellos están asumiendo que toda la burocracia que había antes del pasado 27 de enero, eran nacionalistas, y por eso hay que sustituirlos, sean buenos o malos empleados.
El mismo Congreso Nacional, nombró al procurador y subprocurador de la República, sin que los anteriores profesionales terminaran su período para el cual fueron electos, y los nuevos no cumplen con los requisitos de esos puestos.
Y la dirigencia de Libre está promoviendo o permitiendo la formación de activistas en “los colectivos de Libre”, que a la fuerza quieren un puesto en el gobierno, como la presión que están ejerciendo en el Ministerio de Salud, con la amenaza, que si no les cumplen, piden la destitución del titular de esa secretaría. En la ENEE, el colectivo de Libre de Santa Cruz de Yojoa, logró que pusieran a su correligionario y paisano Élmer Velásquez, como administrador de la Represa de El Cajón, optando el gerente interino de esa institución, Erick Tejeda, dejar al anterior y al nuevo en la misma posición. ¿Qué les parece esta duplicación de esfuerzos y de sueldos y el incumplimiento de las leyes?
Todo esto que está pasando -incluido el visible nepotismo- constituye un debilitamiento al marco institucional de la República o al sistema jurídico que regula a la estructura y órganos del gobierno y, por ende, a no cumplir con su objetivo de administrar y manejar en forma eficaz los asuntos del Estado.
Por eso comparto con el escritor salvadoreño René Fortín-Magaña, que cuando no se cumplen las leyes, es como que no existieran, de ahí su conclusión que “sin leyes no hay institucionalidad; sin institucionalidad no hay gobernabilidad; sin gobernabilidad no hay progreso; sin progreso no hay desarrollo; y sin desarrollo no hay significación nacional”. Y en el mismo sentido se expresan otros autores, cuando manifiestan que la solidez de las instituciones, es fundamental para el desarrollo de un país.
Las instituciones pueden sobrevivir en el largo plazo y se pueden volver más sabias si se cumple con la ley que le dio vida y se fortalecen con recurso humano calificado.
Pero en Honduras no estamos haciendo eso con nuestras instituciones, por eso vamos como el cangrejo para atrás. Además de llenarlas de personal incompetente, el mismo Congreso Nacional contribuye a su politización, como ha sucedido con la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia -CDPC, supuestamente un organismo técnico- que las tres fuerzas mayoritarias Partido Salvador de Honduras de la alianza opositora, Partido Liberal y Partido Nacional, se han distribuido un comisionado para cada uno, sin seguir el procedimiento para elegirlos como manda la ley, lo cual es un anticipo de lo que sucederá con la Corte Suprema de Justicia, que lo que habrá es una repartición política.
También se menciona que en la CDPC, los nuevos comisionados tienen “plin plin” al personal que tanto ha costado formarlo en competencia, porque quieren botarlos a todos y poner a su propia gente que ignora este tema.
Por todo lo anterior, es que el Índice de Calidad Institucional (ICI) de 2021, pone a Honduras en la posición 139 entre 213 países. Una posición que nos condena a los hondureños a recibir escasa inversión extranjera, y a sus habitantes a tener menos oportunidades de progresar. Para el cálculo del ICI se utilizan una serie de indicadores internacionales, como la vigencia del Estado de derecho, la rendición de cuentas de los gobiernos, la percepción de la corrupción, la libertad económica y la posibilidad de realizar negocios en los países.
Así que, Presidenta Xiomara Castro y sus altos funcionarios, dejen en paz y denle estabilidad laboral a los empleados públicos que cumplen con eficiencia sus obligaciones –sin distingo de colores políticos– porque esta es una de las alternativas más efectivas para fortalecer las instituciones, responsables de darle mayor bienestar a los hondureños.
