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/ 27 de mayo de 2022
/ 08:40 pm
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Los integrantes de la bancada nacionalista optaron por abandonar el hemiciclo, no así el congresista Rolando Barahona.
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El Congreso Nacional de Honduras, en tercer y último debate, aprobó en la madrugada de este viernes con la presencia de 69 diputados de los 128 que integran la Cámara Legislativa, el polémico decreto que le confiere estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Después que la sesión legislativa del pasado jueves se reanudara cerca de las 10:00 pm, al polémico decreto que en la noche del miércoles anterior se aprobó en primer debate, el diputado de Libre, Germán Altamirano, presentó iniciativa para que se le dispensara el segundo y se aprobara en tercero y último.

En el inicio del debate, los integrantes de la bancada nacionalista que aún estaban en el pleno en la madrugada del viernes, optaron por abandonar el hemiciclo, no así el congresista del Partido Nacional por Comayagua, Rolando Barahona. También lo hicieron varios diputados del Partido Liberal.

En el debate, de entrada, se argumentó que la iniciativa es orientada a que la Uferco tenga todas las prerrogativas que a nivel interno del Ministerio Público tienen el resto de fiscalías.

Se argumentó, que a los fiscales de la Uferco se les amenaza con trasladarlos de sus puestos, tienen que solicitar autorización para presentar casos ligados a la corrupción, se les ha limitado su logística y su mismo presupuesto para enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada.

De igual forma, en el debate, se afirmó que el decreto no requería del voto de la mayoría calificada de los diputados porque el decreto está orientado en corregir y de manera temporal un asunto interno del Ministerio Público.

Por ende, se justificó que el decreto tiene como finalidad dar capacidad administrativa, técnica y funcional a la Uferco, otorgándole un estatus especial que logre avances significativos en la desarticulación de las estructuras y redes de corrupción en Honduras.

El decreto autoriza a la Uferco ejercer la acción penal pública de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del fiscal general de la República, ni de ninguna otra autoridad dentro del Ministerio Público.

Además, el personal asignado a la Uferco gozará de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias como consecuencia de las investigaciones realizadas y por el ejercicio de la acción pública penal de oficio, tipifica el decreto que quedó en firme por ser ratificado en la sesión de la madrugada de hoy viernes. (Javier Sánchez)

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