Por: Edmundo Orellana
De nuevo surgen amenazas en contra de la autonomía universitaria alegando, esta vez, supuestas ilegalidades en la investidura de las autoridades universitarias.
En el pasado, los partidos políticos intervenían alegremente en la UNAH imponiendo decanos y rectores, con lo que terminaron provocando una crisis de tal magnitud que el Congreso decidió intervenirla por medio de una comisión integrada con mayoría de académicos que, justamente por esta condición, fue la única intervención, de todas las que hubo, que, sorteando las dificultades de todo tipo encontradas en el interior de la máxima casa de estudios, logró avanzar, con altos y bajos, pero sin interrupción, hasta establecer el orden que hoy presenciamos en el campus universitario.
La normalidad institucional alcanzada se coronó con la elección de los representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario, retrasada por la intervención de fuerzas extrañas a la UNAH empeñadas en intervenirla. Afortunadamente, una nueva generación de jóvenes decidió participar agrupado ya no en aquellas formaciones políticas que obedecían a ideologías o a partidos políticos, de derecha e izquierda, que, salvo su primera etapa, nada útil reportaron a la academia, impidiendo el desarrollo de una verdadera reforma que colocara a la universidad en posiciones de prestigio en las mediciones internacionales que se suelen practicar a los centros de educación universitaria.
Llegaron mediante una elección cuya modalidad se practicó por primera vez en la historia del país, con el voto electrónico. Es la única elección que no ha sido cuestionada. Para lo que en el pasado ocurría en la UNAH, esto representa un indiscutible avance.
Las voces que se escuchan, disonantes y amenazantes, son de los políticos. Claramente, se trata de la burda pretensión de regresar a la época en la que los partidos políticos prostituyeron la máxima casa de estudios, promoviendo autoridades, interrumpiendo los procesos de reforma universitaria y estimulando la mediocridad entre los estudiantes. Convenía embrutecer la universidad para que dejara de ser un laboratorio del pensamiento crítico, convirtiendo a los docentes y estudiantes en un rebaño dócil, incapaz de reaccionar ante las arbitrariedades del poder.
Un océano separa la universidad de hoy de aquella que los partidos políticos envilecieron. De nuevo, escuchamos su voz orientadora ante los acontecimientos del país; los claustros se pronuncian, criticando, desde la perspectiva académica, el acontecer nacional e indicando la ruta a seguir. Guste o no, el que la universidad se atreva a pensar, criticando y orientando es saludable. Porque es la voz de la academia, apoyada en el estudio, en el análisis, en el pensamiento crítico. Escucharla nos permite encontrar nuevos senderos en el devenir del acontecer nacional. Muestra de ello, son los comunicados del Claustro de Profesores de Derecho, siempre rigurosos en sus análisis y apegados a la ciencia jurídica.
Esto es lo que no gusta a los políticos matreros, acostumbrados a la universidad de ayer. Por eso, incapaces de contrarrestar la crítica de la academia, vociferan con lenguaje soez, insultos e incoherencias, amenazando intervenirla. Lo único medianamente coherente que se les oye es que las autoridades son ilegales; lo que es incoherente, además de desnudar su supina ignorancia, es el argumento de porqué son ilegales.
Sostienen que son ilegales porque son interinas. Este absurdo se escucha incluso en personas de mediano entender, pero que no son abogados. Hasta los estudiantes de derecho saben que el interinato no es un estatus de ilegalidad.
Según la LOAT para ser juez de letras en propiedad el profesional del Derecho debe poseer el titulo de abogado. Cuando este titulo lo otorgaba la Corte Suprema, muchos ocuparon el cargo de juez sin serlo. Lo fueron porque la misma ley prescribe que los licenciados en Ciencias Jurídicas pueden desempeñarse como jueces, pero interinamente. Dictaban sentencias condenando en materia penal, civil y otras materias, y a nadie se le ocurrió impugnar las sentencias alegando que el juez era ilegal por ser interino.
Cuando el presidente de la República o el diputado presidente están ausentes, el sustituto legal actúa, como si fueran ellos, interinamente. Si fueran ilegales, la ley no contemplaría el interinato. El interino, igual que el titular en propiedad, está sometido a las prescripciones legales, incluso aquella de que no podrá abandonar el cargo hasta que sea debidamente sustituido. Ese peregrino argumento es sostenido, o bien por ignorantes o por quienes pretenden que la universidad retorne a la época de las cavernas.
El proceso de sustituir los interinos por los funcionarios en propiedad se inicia con la incorporación de los estudiantes al Consejo Universitario. Es, pues, la comunidad universitaria la llamada a decidir sobre los asuntos que conciernen a la universidad. En eso consiste la autonomía universitaria. Alegar lo contrario, es atentar contra esta. Si no nos gusta lo que en sus comunicados dice la universidad, entonces hagamos las cosas correctamente. Para que nunca más se irrespete la autonomía universitaria, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el BASTA YA?
