Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)
Un país que no define su política económica es como un barco que navega sin brújula en medio de la tormenta. Tal es el caso de Honduras. Sin una verdadera política económica se genera confusión y desesperanza, puesto que resulta imposible para los inversionistas, empresarios competentes y para la misma población, tomar las mejores decisiones en medio de la incertidumbre. En otras palabras, cuando un gobierno se inclina por un determinado modelo económico, entonces los actores sociales toman sus propias decisiones.
Como pocos saben, un modelo económico son las directrices que establece un gobierno para anunciarle a la sociedad hacia dónde pretende dirigirse para fortalecer los mercados, atraer la inversión y generar confianza en materia de empleo y negocios. De no hacerlo, llegará el momento en que las actividades económicas, aunque aparenten desarrollarse con normalidad, es bastante probable que se reduzcan o se congelen, pero nunca sucederá lo contrario, a menos que los empresarios e inversionistas extranjeros acepten operar bajo estas condiciones de desconcierto y desorden institucional.
Un gobierno puede seguir cualquiera de los tres rumbos siguientes: el socialismo de economía planificada, la “ambigüedad” o el liberalismo económico conocido también como economía de libre mercado. Si decide concentrar sus esfuerzos hacia un socialismo en la distribución de la riqueza, entonces necesitará una cuantiosa inyección de recursos financieros para cubrir las necesidades de una buena parte de la población en condición de pobreza. Además de ello, precisará disponer de un enorme presupuesto para mantener contento a un ejército de líderes gremiales, ofrecer servicios de salud, educación, infraestructura y seguridad. ¿De dónde surgirá esta inyección permanente de recursos? De los préstamos o de los impuestos que genera la actividad privada. En caso extremo, puede optar por controlar ciertos medios de producción por la vía de la nacionalización de empresas claves y desarticular, de a poco, toda la estructura productiva privada como en Venezuela o Cuba.
Cuando un gobierno se inclina por la “ambigüedad” económica, como han hecho los gobiernos hondureños desde 1982 entonces se juega en un ambiente nada prometedor, que se caracteriza por contar con un Estado muy centralizador y una empresa privada que opera bajo la sombrilla de los privilegios proteccionistas sin apostarle al crecimiento y a la competitividad. Bajo estas condiciones, el desempleo se dispara sostenidamente debido a la baja inversión y porque la población crece desproporcionadamente presionando por bienes y servicios que nunca alcanzarán para todos. Los dos actores estelares, el Estado y los empresarios, se conforman con este escenario mientras haya ganancias en ambientes nada competitivos, mientras los impuestos sostienen el ineficiente aparato burocrático.
La opción tercera -que no es ninguna tercera vía sino un mandato-, es que un gobierno se decida por crear las circunstancias para establecer la libre competencia, que ofrezca estabilidad política y social, que elimine los privilegios, mientras sostiene un aparato burocrático austero y limitado. Un gobierno de corte liberal exige una alta competitividad a la empresa privada para que pueda compararse con las mejores marcas en el exterior, tal como sucedió en Chile en los 80. Las instituciones de justicia son marcadamente neutrales, mientras las leyes no solo protegen fieramente la propiedad privada -condición fundamental para generar la confianza de los inversionistas-, sino también que limitan cualquier abuso desde el poder que pueda enviar malas señales a la sociedad y a los mercados internacionales.
Lamentablemente, esta última vía, la verdaderamente capitalista, ha sido objeto de desprestigio no solo de los académicos de izquierda que la confunden inocente o perversamente con el neoliberalismo, sino también desde la derecha tradicional y conservadora, de empresarios alérgicos a la libre competencia, de políticos inmorales que utilizan el lenguaje del divisionismo para agenciarse los votos del electorado, y de las organizaciones no gubernamentales que necesitan los euros para mantenerse en la “pelea” por la justicia. Aquí, todos los agentes, excepto las mayorías, ganan.
Y aquí están tiradas las opciones. Ya podrán apreciar los amigos periodistas de los foros televisados y radiales, los analistas en cierne, académicos almidonados y políticos inconscientes, dónde estamos parados.
