Redes y Constitución

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/ 9 de junio de 2022
/ 12:05 am
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Por: Carolina Alduvín

El Poder Legislativo, con su ilegal directiva, continúa con su trayectoria de atropellos a la Carta Magna, esta vez, montando una paralela al Fiscal General de la República, con fines nada transparentes, pero con la fachada de perseguir a los corruptos –selectivamente- dado que lo inaceptable de ayer, hoy es permitido y viceversa. Quienes, por ignorancia, se emocionan porque los supuestos corruptos están con miedo, pensando que, con las resoluciones tomadas al cobijo de la madrugada, sin debate y a escondidas de quienes pudieran haber defendido el debido proceso, se erradicará la corrupción del país, muestran más que sed de justicia, un revanchismo que sigue caracterizando a la actual administración y afectando al Estado de derecho que debemos respetar, la supuesta temporalidad de la medida, no obvia su inconstitucionalidad.

El titular del Ministerio Público es el Fiscal General, también hay un Fiscal Adjunto para sustituirlo, de acuerdo al artículo 232 constitucional. Ambos funcionarios, tienen la representación y defensa de los intereses de la sociedad y atribución exclusiva del ejercicio oficioso de la acción penal pública, con independencia de los tres poderes del Estado y, según el mismo artículo, también de toda injerencia política sectaria. Ellos son electos por el Congreso Nacional, esta vez, el órgano legislativo, emite una ley que otorga a la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción, la atribución de ejercer de oficio la acción pública penal, o sea, tiene completa libertad de hacerlo sin limitación alguna mientras se elige al Fiscal General.

De manera que la Uferco: a) Al momento de cualquier requerimiento ante los juzgados lo haría en representación del Ministerio Público. b) El requerimiento fiscal lo haría sin poder de representación delegada de conformidad con la Ley del Ministerio Público. c) Que la Uferco al no contar con estructura interna alguna que identifique a su titular para su representación y la atribución oficiosa de la acción penal pública, se les estaría otorgando a varios fiscales dichas facultades, lo cual quebranta gravemente la norma constitucional, porque en vez de atribuir facultades a un solo fiscal, se otorga a varios que no fueron electos por el Congreso Nacional.

Además, d) La temporalidad de dichas atribuciones constitucionales es una inhabilitación por el resto del período correspondiente del actual Fiscal General quien, pese a su abierta inoperancia, no ha sido sometido a un juicio político, lo que refleja evidentemente la injerencia política sectaria por parte del Congreso, contraviniendo el artículo 232 de la Constitución. e) El tener la atribución de restitución, remoción o traslado de fiscales cuando lo considere conveniente, violenta el Estatuto de la carrera del Ministerio Público, por consiguiente, sus derechos laborales.

Por si fuera poco: f) La imposición como castigo de una multa de castigo a todos aquellos que no colaboren a sus solicitudes, es un abuso evidente de su autoridad, puesto que la temporalidad establecida por la reforma va en contra la seguridad de todos los ciudadanos, del bienestar general y del desenvolvimiento democrático, puesto que no se puede aplicar leyes que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías que disminuyen, restrinjan o tergiversen, como mandan los artículos 62 al 64 de la Constitución.

Las leyes han dejado de ser la regla de general y abstracto del comportamiento humano, aquel mandato orientado a la justicia para pasar a ser un Estado de prestaciones, un Estado distribuidor, en vez de un Estado de justicia social. Planificar una ley a corto plazo y negociada y a menudo en conflicto con grupos contrapuestos de intereses, las leyes se han convertido en actos de dirección política condicionada a la situación y al momento. Este cambio ha llevado al Legislativo a disminuir en gran medida el valor jurídico de la Constitución, que debe estar vinculado siempre a la voluntad política, esa transformación en lugar de ser la representación de todo el pueblo por personas independientes, ha penetrado el mandato vinculado a los intereses del partido de gobierno, dando lugar al peligro del absolutismo de la mayoría partidaria.

La banda 40, en este sentido luce incapaz de defender los intereses de sus parciales, en lo que a la correcta aplicación de justicia se refiere, en vez de buscar alianzas para conjurar la voluntad antidemocrática de los liebres y equivocados al pensar que solo ellos practican el vicio de los madrugones para hacer trampa, esta vez les tocó a ellos perder y de paso, la Constitución.

carolinalduvin46@gmail.com

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