Arranca audiencia inicial contra exministro de Copeco

El juez de Letras Penal en Materia de Corrupción comenzó ayer con el desarrollo de la audiencia inicial en la causa instruida contra el exministro la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), Gabriel Rubí, acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Asimismo, se encuentran el exsecretario de Estado en COPECO, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, el ex subcomisionado de la misma institución, Cristian Elías Santeli, ex administrador, a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, afirmó que dentro de la evacuación de los medios de prueba es que se va a dar la declaración de un testigo, que se trata de la directora del hospital, donde se tenían que hacer las reparaciones pertinentes, después se ofertarán los medios de prueba documentales.

Afirmó que hay una orden de captura pendiente y al momento que se haga efectiva poner ante la orden del juez de Letras al quinto imputado.

Dentro de los medios de prueba de cargo presentados por la Fiscalía se inició con la declaración de la directora del Tórax, Nora Maradiaga.

Antes de ingresar a la audiencia, el exministro de COPECO, Gabriel Rubí, expresó: “hoy nos presentamos con mucha tranquilidad, vamos a responder a la acusación que el Ministerio Público está haciendo, la Ley de Sinager, Ley de Contratación del Estado, el Tribunal de Cuentas emitió un informe a finales de diciembre, lo impugnamos en el mes de enero, todavía no tenemos una resolución en firme, presentaremos esto de que el proceso está abierto, no tiene sentencia firme”.

Aseguró que no hay una sobrevaloración, el tribunal tiene una valoración y el Ministerio Público tiene otra, hay dos valores diferentes, eso nos deja una laguna que tenemos que ver cómo la contestamos, teníamos que preparar el Hospital del Tórax, porque solo tenía una cantidad mínima de camas para atender a la gente, al momento en que se construyó no había ninguna persona contagiada por COVID-19 no sabíamos a lo que nos enfrentábamos”.

Rubí dijo que la empresa ya devolvió una cantidad de dinero, la Fiscalía al parecer no la ha considerado, de las obras que consideró el tribunal quedaron inconclusas, hay alrededor de unos 780 procesos de compra, la Fiscalía tiene el deber de poder investigar, este es un proceso normal, lo que nos queda es demostrar lo que se está diciendo, lo que sí lamento lo que fueron a realizar a mi vivienda, cuando nosotros nos queríamos presentar voluntariamente.

“Nosotros únicamente asumimos la responsabilidad, la acción establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos, en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad.

La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por cierto por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz, fue quien decidió de manera unilateral qué empresa sería la que ejecutaría la obra.

También Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra.

En el mismo requerimiento fiscal se acusa también a Arlette Magaly Montero Rodríguez, quien era la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública y también para el representante legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Sierra, por el mismo delito. (XM)