¿Perderemos la oportunidad?

¿Perderemos la oportunidad?
ZV
/ 13 de junio de 2022
/ 12:03 am
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Por: Edmundo Orellana

El pueblo hondureño se manifestó el 28 de noviembre con mucha claridad en el sentido de que es impostergable iniciar un proceso de transformación radical del Estado hondureño.

Colmaron la paciencia del pueblo aquellos que lo flagelaron por doce años. Decidió, entonces, volcarse a favor de quienes ofrecieron cambiar radicalmente el modo de gobernar, reconstruyendo las instituciones republicanas, democráticas y del Estado de derecho, mediante la participación efectiva de la ciudadanía.

Comenzamos muy bien, eliminando el secreto oficial que ocultaba las maquinaciones perversas en los procesos de decisión y de ejecución presupuestaria, así como los mecanismos que impedían al MP y al Poder Judicial ejercer sus competencias constitucionales, además de rescatar la soberanía nacional expulsando las ZEDE de nuestro ordenamiento jurídico, retornar al fisco los recursos financieros que, mediante los fideicomisos, se pusieron a disposición de los fiduciarios, como si de capital privado se tratase, y recuperar la energía eléctrica para el pueblo, cuya privatización promovió el régimen anterior.

Este es el comienzo, sin embargo. Falta mucho camino por recorrer. La instalación de la Cicih, cuya exigencia viene desde las manifestaciones de los indignados y de las antorchas, es una promesa de campaña que ineludiblemente debe perseguirse. El gobierno actúo diligentemente en gestionar ante Naciones Unidas la presencia de la Cicih. Y el proceso está en curso. es un paso fundamental en el camino hacia la refundación del país. Sin la Cicih cundirá la frustración y será muy difícil avanzar hacia cualquier dirección.

Para que la Cicih opere sin obstáculos es necesario una nueva Corte Suprema y un nuevo Fiscal General, pero seleccionados y electos con nuevas reglas, que garanticen la probidad, independencia y capacidad profesional de los nuevos funcionarios. Si se repite el error que nos llevó a la situación actual en el Poder Judicial y en el MP, muy difícilmente tendremos el apoyo de Naciones Unidas.

Por su parte, el gobierno ha contribuido a cambiar las reglas de la selección de los candidatos, mediante la propuesta de un proyecto de ley que remitió al Congreso Nacional y que este se dispone a debatir en los próximos días. El público interesado puede acceder al mismo en la página web de la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Todo indica que estamos a las puertas de un cambio radical en la forma de escoger a nuestros más altos magistrados en el Poder Judicial. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos recientemente en el seno del Congreso Nacional son preocupantes. Esperemos que haya suficiente madurez para comprender que lo que está en juego con la nueva elección de la Corte Suprema es el país, puesto que si no aprobamos una ley que garantice una selección adecuada de los candidatos, estaremos enviando un mensaje muy claro a Naciones Unidas en el sentido de que queremos seguir en lo mismo, sin cambio alguno. en otras palabras, que es inútil su presencia e innecesaria la instalación de la Cicih.

Quienes se oponen a una nueva ley con reglas muy claras y precisas a las que debe apegarse la junta nominadora en la selección de los nuevos magistrados, se oponen a la refundación del Estado de derecho y se alinean con las pretensiones de las redes de corrupción, cuya presencia es incuestionable en ciertos nichos de las esferas del Poder, controlando sectores estratégicos y sus tentáculos alcanzan todos los niveles de autoridad, hasta en los más insignificantes, boicoteando las acciones del gobierno.

Empleados del régimen anterior, por ejemplo, están provocando serios problemas a la operación de las nuevas secretarías de Estado, poniendo todo tipo de trabas, muchas arbitrarias, para habilitar sus respectivos presupuestos, y ninguna instancia da respuesta efectiva a esta gravísima irresponsabilidad. Son tres meses los que llevan operando sin poder ejecutar sus respectivos presupuestos, siendo el personal de las mismas, quienes, voluntariamente, financian, con sus escasos recursos, los gastos diarios de las oficinas.

El boicot es en todos los niveles. Sin una acción decidida y definitiva, el gobierno puede tener serios problemas para cumplir sus metas, por las acciones antigubernamentales promovidas por estos empleados de cuarta categoría, animados por el deseo de ver fracasar a este gobierno.

Es muy probable que esta sea nuestra última oportunidad para resolver nuestros problemas en paz si no atacamos con fuerza esas redes de corrupción enquistadas en el Poder, aprovechando esta coyuntura para eliminar el sistema de impunidad y construir un Estado de derecho mediante la integración de una Corte Suprema de Justicia con magistrados probos, independientes y capaces; de lo contrario, perderemos la posibilidad de legarles a las próximas generaciones un país con seguridad jurídica. Para que recuperemos la madurez digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

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