Defender la democracia

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/ 16 de junio de 2022
/ 12:04 am
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Por: Carolina Alduvín

Democracia, un término cotidianamente usado, manoseado y hasta tergiversado, con tantas definiciones como personas pensantes; etimológicamente, se traduce del griego como autoridad del pueblo y, en mayor o menor grado, no deja de ser un ideal o aspiración en el imaginario colectivo. Un sistema siempre perfectible, definido como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, muchas personas la identifican con los procesos electorales; sin embargo, vivir en democracia implica mucho más que votar cada determinado número de años. Por ejemplo, igualdad ante la ley, ausencia de clases privilegiadas, equilibrio de poderes y garantías individuales consignadas en nuestra Constitución que, al no cumplirse, nuestro gobierno es clasificado por los organismos especializados como un sistema híbrido entre democracia y autoritarismo; por cierto, más cercano a esto último, según los indicadores considerados.

Existe el concepto de ciudadanía activa, que se refiere a un punto entre la democracia participativa y la representativa, en un eje; y, entre el beneficio individual o grupal de la clase política, en un extremo, y el desarrollo social en el otro. Cuando la democracia es participativa, todos los ciudadanos intervienen en las decisiones que afectan la vida pública, lo cual resulta muy complicado en la práctica y casi imposible de ser real y efectivo. Por lo que la opción más frecuente es la democracia representativa, o sea, que los ciudadanos ejercen el poder por medio de representantes, mejor conocidos como diputados. En la práctica, estos empleados, pese a ser electos, no responden a los intereses de los votantes, sino a los propios o, a lo sumo, los del partido político que los puso en las planillas.

Al no ser electos por distritos, los ciudadanos no tienen un representante a quien acudir cuando tienen un problema que resolver, una petición que formular o una iniciativa de ley que someter a consideración de los legisladores. Así que la representación, no pasa de ser papel mojado; también; en teoría, existen tres poderes del Estado, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación, de acuerdo a la Constitución. En la práctica, alguien que ni siquiera fue electo y usurpa la presidencia y mueve los hilos tanto de la señora que ajustó con votos prestados su triunfo, como los de un diputado del partido que les dio el gane y fue impuesto a la cabeza del poder que legisla. Mientras, la cúpula del poder a cargo de impartir justicia, por ahora se compone por funcionarios que jamás ocultaron su sumisión a quien se las arregló para sentarlos ahí, pero que no deben lealtad alguna al usurpador.

Por tanto, necesita asegurarse de que los 15 sucesores sean más que afines a su persona y sus planes continuistas, una nueva ley para seleccionarlos y para asegurarse de que los selectores también sigan sus lineamientos es un tema para mantener enfocada a la sociedad civil, distraída con los detalles que la hagan imaginar que tiene el control sobre la selección de estos funcionarios y también con la ilusión de que tienen poder para decidir sobre cuales extranjeros habrán de venir a auxiliarlos a formular acusaciones y presentar pruebas y argumentos en contra de algunos corruptos aun impunes y así promover revanchas, a fin que a sus parciales prófugos ya se les ha otorgado impunidad bajo el pretexto de haber sido perseguidos políticos.

Aun con todas estas acciones y decisiones opuestas a lo señalado por las leyes, hay libertades, garantías y prácticas propias de la vida en democracia que defender, que podrían perderse como hemos visto que se han perdido en otras sociedades con regímenes totalitarios, cuyo desarrollo económico se ha detenido y su riqueza material se ha deteriorado merced a políticas estatizantes, donde no se persigue a los corruptos sino a los opositores, donde el discurso es de odio contra quienes bien o mal generan empleo y pagan salarios.

Con mucha frecuencia ocurre que únicamente valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos, el presente gobierno, democráticamente electo, bajo la ilusión de expulsar a los corruptos, sin reparar en que los sucesores iban a resultar corregidos y aumentados, mientras nos distrae con Cicih, ZEDE y CSJ, olvida sus afanes continuistas, su proyecto neo constituyente, su afinidad con gobiernos que ya abiertamente dejaron atrás las prácticas democráticas, siguiendo un guion destinado a desaparecer el derecho a disentir. Aún tenemos democracia que debemos defender.

carolinalduvin46@gmail.com

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