Por: Carlos López Contreras*
Siempre hemos dicho que todo hondureño digno está obligado a librar una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, como debemos estarlo también contra la guerra y en favor de la paz y la justicia, porque son valores éticos que inspiran y mueven a las sociedades a la conquista de mejores metas en lo político, social y moral. Si quisiéramos ser más precisos, diríamos que estamos en contra del abuso y de la desviación del poder que, en definitiva, son las causas eficientes de la corrupción y de la impunidad. El abuso del poder también se comete en lo institucional y se nos presenta como una modalidad de la corrupción.
Aunque a nivel popular, se ha cifrado una gran esperanza en que la cooperación internacional ha de librarnos del flagelo del abuso y desviación del poder con todas sus secuelas de corrupción e impunidad, deberíamos ser cautelosos en la negociación y suscripción de un convenio con Naciones Unidas para la creación y puesta en ejecución de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
A la luz de la infortunada experiencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), concertada con la Organización de los Estados Americanos (OEA), ahora deberíamos ejercer excepcional cautela, porque en el convenio Maccih no se respetó, en absoluto, ni el derecho interno ni el derecho internacional, dando por resultado acuerdos viciados de nulidad.
Hemos tenido conocimiento que la negociación con los técnicos de Naciones Unidas estará a cargo de los ministros de Transparencia y de Relaciones Exteriores, dos altos funcionarios con abundante experiencia negociadora, además de ser buenos abogados, conocedores de los límites en que se puede comprometer el Estado sin violar su sistema jurídico interno. Nos referimos al doctor Edmundo Orellana y al abogado Eduardo Enrique Reina.
Confiamos en que, si todo dependiera de su buen juicio, se acordará un convenio que no incurra en los vicios legales del pasado, porque de lo que se trata es de estructurar una comisión que brinde asesoría, experiencia, entrenamiento y acompañamiento a los operadores de justicia para una más transparente, y eficaz desempeño en sus funciones.
En mi opinión, deberían evitarse los excesos en que se incurrió en la Maccih, al atribuirle, atropelladamente, facultades de supervisión de los poderes del Estado y de sus instituciones fundamentales. Recordemos que el primer vocero arribó con la pretensión de estar investido de poderes de coordinación, supervision y hasta de suplantanción de los poderes constituidos. Es posible que en aquella época, durante las conferencias de prensa, se produjeran lapsus de lucidez, durante los cuales el vocero creyó hallarse investido de funciones indelegables del Ministerio Público, haciendo imputaciones legales que los mismos fiscales tienen prohibido hacer, antes de presentar un requerimiento ante juez competente. Creo que a Honduras se le utilizó como plataforma para proyectar la imagen internacional del vocero, de cara a una eventual contienda en su aspiración de convertirse en el siguiente secretario general de la OEA. Dicha gestión de la Maccih provocó conflictos con el secretario general, señor Luis Almagro, y luego trascendió que al interior de la Maccih se practicaba discriminación racial y otras desviaciones de autoridad. Asimismo trascendió que los estados que financiaban la Maccih pidieron que se realizara una auditoría.
Yo sugeriría que para la integración de la comisión de Naciones Unidas, en lugar de políticos que ya agotaron su ciclo en sus respectivos países y sirvieron gobernantes sometidos a procesos judiciales por ocrrupción, Naciones Unidas integre la CICIH con profesores universitarios de prestigio en lo académico y científico, no en lo político e ideológico. Al fin y al cabo, la misión que ha de desempeñar la CICIH, respetando la soberanía del Estado, es acompañar, entrenar, asesorar, pero no suplantar a la fiscalía y a los jueces en sus funciones, porque atentarían contra el principio fundamental de su independencia. Desde luego, según los resultados de su misión, la CICIH presentará informes periódicos a la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre el progreso de la asistencia. A la luz de esos informes, Naciones Unidas informará a los estados cooperantes y abordará el tema con el gobierno de Honduras.
Tengo la confianza que la Secretaría General de las Naciones Unidas observará escrupulosamente su propia Carta Constitutiva que contiene principios “jus cogens” con relación a la igualdad soberana de los estados y a la obligación de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna de los estados.
Si la información que ha trascendido es confiable, entendemos que uno de los requisitos que las Naciones Unidas proponen para la iniciación de las negociaciones es que todas las instituciones de gobierno estén estructuradas conforme a derecho, incluyendo la junta directiva del Congreso Nacional. Ojalá que este tema se esclarezca oportunamente. Si no ocurriera así, no vale la pena referirse a los otros requisitos.
Independientemente de ese aspecto delicado, conviene recordar que muy recientemente el Poder Legislativo, siguiendo el consejo y la moda del gobierno de México derogó 19 fideicomisos, mientras México derogó 119.
Por otro lado, se infiere que el presidente de México en su visita a Tegucigalpa inspiró al gobierno de Honduras para que su presidente no asistiera a la Cumbre de las Américas celebrada en Estados Unidos de América. Sobre este hecho se han ofrecido diversas justificaciones.
Pero conociendo el marcado nacionalismo mexicano, resultaría inconcebible que México derogara 119 fideicomisos internos y que, luego, suscribiera con Naciones Unidas un fideicomiso internacional, mediante el cual sometiera todo su territorio nacional, su población y sus poderes institucionales, a un régimen de administración fiduciaria, recién cumplidos -igual que Honduras- los 200 años de su independencia política. Para mayor claridad, ningún Estado soberano cedería su soberanía, confesándose Estado fallido.
Las redes de corrupción, de crimen organizado y otros flagelos que sufre Honduras, tenemos que superarlos con nuestras propias autoridades institucionales, contando desde luego, con la cooperación internacional.
Dios salve a Honduras.
*Ex Canciller de la República
