Proceso de elección de la nueva Corte excluye a 30 mil abogados

En pleno receso laboral, el Congreso Nacional corre contra el tiempo para convocar a partir del 1 de julio a la Junta Nominadora de los 15 candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030 dando inicio a uno de los procesos más esperados en este año y que nadie sabe cómo puede terminar.

La elección propiamente está fijada para febrero del próximo año, pero la junta proponente deberá, en este tiempo que falta, elaborar los listados de los futuros inquilinos del máximo organismo judicial, a través de un proceso que puede sufrir reformas y hasta incluso ser desechado.

Por ahora, ninguna de las siete organizaciones integrantes de esta junta tiene definido a su candidato, ni tampoco el Congreso Nacional ha anunciado la convocatoria, mientras crecen los rumores de intensos cabildeos entre las fuerzas políticas y económicas del país, poniéndose de acuerdo sobre la elección.

“Por todos lados andan diciendo te doy ocho magistrados y dame tanto”, advirtió recientemente el exdirector de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, durante una reciente entrevista con LA TRIBUNA. “Lo cierto es que nadie quiere una Corte de amigos, amantes y compadres, como las que hemos tenido hasta ahora”, agregó el profesor universitario y experto en derecho penal.

“Otros dicen que hasta es posible que no hayan acuerdos y estalle una crisis”, comentó al respecto en el programa televisivo 30/30, Kenneth Madrid, especialista en temas de justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

En la práctica, la labor de estas siete organizaciones se sustraerá a escoger a la cuarta CSJ con la modalidad de 15 magistrados con siete años en el cargo, después de las reformas del 2002.

QUEREMOS LA MEJOR

“Queremos la mejor Corte de todos los tiempos, es una exigencia de toda la ciudadanía”, consideró, por su parte, en ese mismo programa, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, quien seguramente representará a ese gremio ante la Junta Nominadora, compuesta además por sendos delegados de la CSJ, la UNAH, el COHEP, las centrales obreras, la sociedad civil y el Comisionado de los Derechos Humanos.

“Se habla hasta de crear una crisis para evitar que la junta Nominadora pueda elegir y dejarle esa función al Congreso, como antes”, afirmó por su parte el exfiscal general Adjunto, Yuri Melara, otro de los panelistas del referido foro de la Corporación Televicentro.

“SERPIENTE QUE MUERDE”

Desde 1981, cuando entró en vigencia la Constitución actual, hasta el 2002, la Corte era repartida de “dedo” entre los dos partidos que se alternaban el poder, Liberal y Nacional.

Como la elección coincidía con el mismo período presidencial, el partido gobernante nombraba cinco magistrados y el otro se quedaba con cuatro sin tomar en cuenta los requisitos de idoneidad, transparencia ni meritocracia.

Esto dio como resultado una justicia completamente selectiva y politizada a favor de los grandes intereses políticos y empresariales al punto que en ese tiempo el exembajador de los Estados Unidos, Crescencio Arcos, repitiera con frecuencia que la justicia hondureña era como “una serpiente que solo picaba a los descalzos”.

Con las reformas del 2002, se creó la Junta Nominadora, pasando de cuatro a siete años el período y de 9 a 15 magistrados, con la esperanza de eliminar los vicios recurrentes de las dos décadas precedentes.

Con el devenir del tiempo, sin embargo, esta nueva entidad siguió incurriendo con los mismos vicios del pasado en la forma de elección de los magistrados: en vez de cinco, el partido en el poder nombraba ocho magistrados, tal como está la actual CSJ, y sin tomar en cuenta ninguno de los criterios de idoneidad.

De esta forma, la Junta Proponente ha puesto entredicho su credibilidad porque de una larga lista de 120 aspirantes, 45 pasan el primer filtro para dejar, finalmente, a 15 pero no necesariamente a los mejores calificados, sino, los recomendados políticos dando como resultado una corte igual o peor que la de los ochenta y noventa.

“Lo peor es que descalifican a notables profesionales sin explicarles el por qué, a nadie le explican en qué fallaron y tampoco nadie cree en esas audiencias, porque al final se eligen a los recomendados”, comentó Melara.

ACUERDOS SEGUIRÁN

De cara a la nueva elección y con un nuevo partido gobernando, LIBRE, la repartición -según Fernández- ya no será entre dos, sino, entre tres, complicando los acuerdos.

Es posible que Libre se quede con 8 o más, por ser mayoritario en el Congreso en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH). El resto, se lo repartirán el Partido Nacional, entre 4 ó 5, mientras que el Partido Liberal tendría 3 ó 2 por ser la segunda y tercera fuerza, respectivamente, en el Congreso y sin quienes LIBRE no podría elegir la Corte que quiere ya que necesita 86 votos de los 128 diputados y apenas tiene 60.

Incluso, una ruptura de la bancada de Libre- como amenazan 22 congresistas que se sienten marginados desde el inicio de esta legislatura, cuando se sublevaron en contra de que el actual presidente, Luis Redondo, fuera electo en ese cargo, (ellos querían a su compañero Jorge Cálix) complicaría aún más la elección de los magistrados en favor del partido de gobierno.

JUNTA NOMINADORA O CONGRESO

Frente a los rumores de una repartición a la vieja usanza, diferentes sectores han comenzado a exigir mayor vigilancia del proceso de elección comenzando por delegar a los mejores ciudadanos como nominadores. Incluso, hay tres proyectos de reformas encaminados en este sentido: Uno que propone el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quitándole la facultad de elaborar la lista de los candidatos y que se haga por autopropuesta. Otro que propuso el vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé (LIBRE), considera que la elección debe hacerse como antes, en el seno del Congreso, mediante negociaciones entre las fuerzas políticas. Una iniciativa similar ha presentado su colega vicepresidenta del PSH, Fátima Mena.

Otras propuestas van encaminadas a revisar los requisitos para optar al cargo, ya que actualmente se exige que el candidato sea notario, lo que automáticamente elimina a 30 mil abogados que no lo son, reduciendo la elección entre dos mil notarios que hay en el país. Además, exige 10 años de ejercicio profesional o cinco como juez o magistrado, marginando a los de reciente graduación o empleo en el Poder Judicial.

Sin embargo, aclara Canales, estas reformas son difíciles de aplicar, al menos para esta nueva Corte, ya que son de orden constitucional por lo que se necesita una ratificación en la siguiente legislatura, que arrancaría el 25 de enero del próximo año, dos días después que la Junta Nominadora haya entregado los listados de los candidatos al Congreso. “El Congreso no puede contaminar la elección con estas reformas, sería inconstitucional”, agregó.

A menos que los nominadores no entreguen este listado, solo entonces el Congreso podría hacer la elección directamente algo que en el panorama actual -señala Melara- se mira imposible y que de ser posible daría pie a una crisis sin precedentes.

El profesional del Derecho está de acuerdo con la autopropuesta pero todos deben someterse a las audiencias, incluyendo a quienes se postularon en las elecciones anteriores. Bajo ningún punto, agrega, se puede elegir a magistrados fuera del listado de 45 o que no sean notarios.

CONVOCATORIA URGENTE

De este modo, es seguro que los delegados que integren la Junta Nominadora, deberán enfrentar el proceso de selección, una vez que sean juramentados a más tardar el 15 de septiembre por el Congreso Nacional.

Pero antes, la directiva del Congreso debe lanzar la convocatoria, algo que preocupa a varios sectores porque el tiempo apremia. “Hay que exigir esta convocatoria cuanto antes, ya estamos contra el tiempo, el país no está para crisis innecesarias”, agregó Madrid.

Con excepción del Comisionado de los Derechos Humanos, que será representado por la titular de esa oficina, el resto de las organizaciones deberán elegir a su respectivo delegado mediante asambleas o decisiones colegiadas en el seno de cada entidad. En el caso de la CSJ, serán los 15 magistrados los que propondrán a su delegado, mientras que el COHEP deberá hacer la consulta a todas las organizaciones miembros. Lo mismo harán las Facultades de Derecho y el Colegio de Abogados, mientras que, en el caso de las organizaciones civiles, serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación. Por: Eris Gallegos.