Un juez hondureño se abstuvo a aplicar el Decreto de Amnistía al vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, quien alega persecución política, cuando fungió como directivo del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto a los exdirectivos de Inprema: Alfonso Guillén, César Ramos y Óscar Recarte fueron condenados por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
El abogado y también congresista, Ramón Barrios, reseñó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y un Tribunal de Sentencia establecieron una sentencia absolutoria al respecto, sin embargo, mediante un recurso la misma pasó a ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, la que emitió resolución condenatoria contra los exdirectivos de Inprema.
“Todos sabemos que Casaña votó en contra la escogencia de magistrados de la actual Corte Suprema y aquí están los resultados”, dijo Barrios.
Este día un juez Ad-Hoc decidió abstenerse a conocer la solicitud de aplicación del Decreto de Amnistía y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia.
“No estamos de acuerdo y vamos a recurrir a los recursos existentes”, dijo el abogado Barrios.
De su lado, el abogado Darwin García anunció que presentarán un recurso de reposición y si no existen resultados positivos, entonces irán a la Sala de lo Constitucional.
García aseguró que el juez tenía la obligación de aplicar el Decreto de Amnistía al vicepresidente del CN, tal como ha ocurrido en otros sonados casos en los que se esgrimió se trataba de situaciones de persecución política tras el golpe de Estado del 2009.
Mientras, el actual ministro de Educación, Daniel Sponda, cuestionó la decisión del juez y calificó como una persecución política lo actuado en contra de Edgardo Casaña.
“Es persecución política en contra de estas personas que han sido perseguidas y criminalizadas por su lucha a favor del magisterio, no es posible que el Tribunal de Cuentas los haya absuelto y desde el Poder Judicial los estén persiguiendo. A ellos los persiguen por haber aprobado un aumento de 300 lempiras para los compañeros jubilados”, expresó Sponda, quien también es dirigente del gremio.
Un juez hondureño se abstuvo a aplicar el Decreto de Amnistía al vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, quien alega persecución política, cuando fungió como directivo del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto a los exdirectivos de Inprema: Alfonso Guillén, César Ramos y Óscar Recarte fueron condenados por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.
El abogado y también congresista, Ramón Barrios, reseñó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y un Tribunal de Sentencia establecieron una sentencia absolutoria al respecto, sin embargo, mediante un recurso la misma pasó a ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, la que emitió resolución condenatoria contra los exdirectivos de Inprema.
“Todos sabemos que Casaña votó en contra la escogencia de magistrados de la actual Corte Suprema y aquí están los resultados”, dijo Barrios.
Este día un juez Ad-Hoc decidió abstenerse a conocer la solicitud de aplicación del Decreto de Amnistía y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia.
“No estamos de acuerdo y vamos a recurrir a los recursos existentes”, dijo el abogado Barrios.
De su lado, el abogado Darwin García anunció que presentarán un recurso de reposición y si no existen resultados positivos, entonces irán a la Sala de lo Constitucional.
García aseguró que el juez tenía la obligación de aplicar el Decreto de Amnistía al vicepresidente del CN, tal como ha ocurrido en otros sonados casos en los que se esgrimió se trataba de situaciones de persecución política tras el golpe de Estado del 2009.
Mientras, el actual ministro de Educación, Daniel Sponda, cuestionó la decisión del juez y calificó como una persecución política lo actuado en contra de Edgardo Casaña.
“Es persecución política en contra de estas personas que han sido perseguidas y criminalizadas por su lucha a favor del magisterio, no es posible que el Tribunal de Cuentas los haya absuelto y desde el Poder Judicial los estén persiguiendo. A ellos los persiguen por haber aprobado un aumento de 300 lempiras para los compañeros jubilados”, expresó Sponda, quien también es dirigente del gremio.
