28 de junio del 2009

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José María Díaz Castellanos

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Según la Comisión de la Verdad, el origen del conflicto fue la elección de la Corte Suprema de Justicia. El 27 de enero del mismo año 2009 se había electo por el Congreso Nacional la Corte Suprema de Justicia presidida por Jorge Rivera Avilés e integrada por Jorge Reyes Díaz, Edith López Rivera, Marco Vinicio Zúñiga, Óscar Fernando Chinchilla, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel, Víctor Manuel Martínez Silva, Rosa Lourdes Paz Haslam, José Tomás Arita Valle, Jacobo Cálix, Raúl Antonio Henríquez y Carlos David Cálix Vallecillo. El presidente de la República era José Manuel Zelaya Rosales.
El presidente de la Republica emite el PCM 005-2009 que convoca al pueblo a una consulta el último domingo de junio del 2009. Se interpone una demanda de nulidad del acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su juez titular Jorge Zelaya recibe amenazas a muerte, (LA TRIBUNA). Se discutía además si había o no suspensión del acto reclamado.

El juez determinó dejar sin valor y efecto el acto de carácter general del Ejecutivo referente a la “encuesta popular” o “consulta”. La PGR advierte que si no se cumple la resolución del juez hay “desacato”, (LA TRIBUNA 1/6/2009). La Iglesia Evangélica se pronuncia en contra: “no podemos manipular al pueblo” para proyectos satánicos.

Comienza el cuestionamiento de exjefes de las FFAA porque tienen que mantenerse al margen de la política, sin embargo, el Ejecutivo emite otro PCM, el 027-2009, donde les ordena apoyar al Instituto Nacional de Estadística (INE) en la encuesta. Debemos recodar que en ese tiempo estaba el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El 4 de junio del 2009 el Congreso Nacional a iniciativa del diputado Rodolfo Irías Navas, imprueba la “conducta administrativa” del presidente en base al artículo 205 numeral 20 de la Constitución de la República, por no remitir el presupuesto y por desacatar una orden judicial al ordenar a las FFAA apoyar al INE congelando los fondos al Congreso Nacional (Heraldo 4 de junio del 2009).

Por defender la “Constitución” y el “Estado de derecho”, el general Romeo Vásquez Velásquez fue separado del cargo sin un acuerdo de cancelación escrito. (El Heraldo 25 de junio del 2009). Esto sucedió después de desobedecer la orden de distribuir las papeletas de la cuarta urna.

A pesar de que el presidente llegó al poder a través del Partido liberal, este no lo acompañó en su aventura y más bien se pronunció contra el “continuismo”. (El Heraldo 25 de junio del 2009). El PL posteriormente con Luis Zelaya, se disculpó por el golpe.

El TSE integrado por Enrique Ortez Pinel, Saul Escobar y David Matamoros, declara ilegal la consulta porque de acuerdo con la Constitución, el competente es el TSE y no el INE. Se le ordena a las FFAA a que se abstengan de trasladar material electoral. (El Heraldo 26 de junio del 2009).
El 25 de junio la Sala de lo Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuestos por Manuel Rodrigo Mazariegos, a favor de Romero Vásquez Velásquez y por la Fiscalía Especial de la Constitución y decreta la suspensión del acto reclamado.

El presidente retira las urnas de la Fuerza Aérea e indica: “nadie para la cuarta urna”. (LA TRIBUNA 26 de junio del 2009).

Luis Alberto Rubí, Fiscal General, presenta requerimiento fiscal ante la CSJ contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, presidente constitucional de la República, por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. La orden de captura al Estado Mayor Conjunto (no a la Policía seguramente porque esta depende administrativamente del Ejecutivo), la libró el juez natural Tomas Arita Valle el 26 de junio del 2009. Otra nota similar de orden de captura se le envía a Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto. Recordemos que en esa fecha no había “juicio político”.

Se considera que el golpe ocurrió el 28 de junio del 2009, día programado para la consulta de la cuarta urna. Detienen al presidente y lo envían a Costa Rica. De acuerdo con la Constitución de la República (Artículo 242), a falta del presidente, la titularidad del Ejecutivo le corresponde al presidente del CN. En doctrina a esta disposición le llama “sucesión presidencial”, independientemente de su preferencia política.

A raíz de la llegada de Insulza a Honduras para regañar a los demás poderes del Estado, nos amenazó con la suspensión lo cual se materializó; Honduras adelantándose a los hechos, denunció la Carta de la OEA de conformidad con el artículo 143, (LA TRIBUNA 4 de julio del 2009).

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