Piden asegurar los bienes de seis exfuncionarios por coimas en paraísos fiscales

El Ministerio Público (MP) debe actuar de oficio y asegurar las cuentas y bienes de seis exfuncionarios del gobierno anterior que recibieron coimas transferidas a paraísos fiscales por la compra de los siete hospitales móviles, recomendó ayer una fuente legislativa.

La petición coincide con la nacionalización en Nicaragua de los exministros de la administración Hernández Alvarado, Ebal Díaz y Ricardo Cardona y se habla de, al menos, 44 peticiones más de al gobierno de Daniel Ortega.

La medida es de orden precautorio expresó el congresista, Ramón Barrios que forma parte de una comisión del Congreso Nacional responsable de darle seguimiento casos de corrupción y extradiciones.

“El fiscal general puede actuar de oficio, ya tiene los nombres de los seis exfuncionarios donde fueron a parar a cuentas particulares de este dinero público”, dijo en torno a los 47.4 millones de dólares que costaron los siete hospitales móviles para atender la pandemia.

Barrios espera que el MP actúe de oficio en esta corruptela. “Ya tiene indicios comprobados, tiene los nombres, sabe de la desviación”, argumentó. “Usted ya tiene indicio racional de la comisión de un delito”, refirió en alusión al fiscal general, Óscar Chinchilla.

“Lo mínimo que usted puede hacer es el aseguramiento de los bienes y el congelamiento de las cuentas de estos seis exfuncionarios”, insistió Barrios del oficialista Partido Libertad y Refundación.

Por este caso ya fue sentenciado el exdirector de Invest-H, Marco Bográn que se encargó de la compra de los siete módulos que al final resultaron inútiles para salvar vidas durante lo más álgido de la pandemia de la COVID-19.

Barrios narró parte de la trama donde Bográn negoció con el vendedor, Axel López; luego Finanzas emitió un cheque por el valor antes indicado; seguidamente el pago pasó por el Banco Central de Honduras (BCH).

Una vez que el dinero cayó en la cuenta del vendedor en un banco estadounidense, López procedió a transferir las coimas de los seis funcionarios, a paraísos fiscales en el Caribe, sin que hasta ahora se conozcan los nombres de estos implicados.

Para Barrios se trató de una estafa, ya que el valor real de los armatostes es menor a los 47.4 millones de dólares. “Aquí hay otros responsables, sabemos que no costaban 47 millones de dólares, sino que menos, pero buena parte de eso se fue dividir entre seis funcionarios”. (JB)