Autoridades de la Secretaría de Seguridad y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaron ayer un convenio para fortalecer la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer las acciones del Estado en el marco de una política integral de convivencia y seguridad ciudadana con enfoque de género y derechos humanos, que incluya acciones dirigidas a enfrentar los factores de riesgo asociados a los fenómenos de violencia y convivencia.

Se establece que las acciones se realizarán para la revisión y actualización de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2023-2032, con enfoque de género y el diseño de la Estrategia Nacional de Prevención en Honduras con enfoque de género 2023-2027.

El evento se realizó en el salón de usos múltiples de la Dirección General de la Policía Nacional, donde el ministro de Seguridad, comisionado general retirado, Ramón Sabillón y la representante del PNUD, Rose Diegues, y el abogado Hugo Adalberto Suazo, viceministro de Seguridad, firmaron el acuerdo junto a sus equipos técnicos y asesores.

El ministro Sabillón expresó: “Tenemos este compromiso de proporcionar una respuesta efectiva a las demandas de la sociedad en seguridad ciudadana en la prestación de servicios, toma de decisiones y un proceso previo de análisis y de valorización de dichas necesidades”.

Por su parte, la representante del PNUD, Rose Diegues, señaló que “venimos apoyando en la región procesos de elaboración y fortalecimiento de Políticas Públicas Nacionales de Seguridad Ciudadana, con el uso de herramientas propias, desarrolladas para apoyar a los países en estos procesos; fomentando el intercambio de lecciones aprendidas y la implementación de metodologías participativas para trabajar desde el diseño hasta la validación, la implementación y la evaluación de estas políticas”.

El PNUD trabaja la seguridad ciudadana desde una perspectiva de prevención y atención de la violencia, a fin de crear las condiciones sociales que permitan mejorar la calidad de vida de la población y el acceso a un sistema de justicia eficaz, tanto en el plano nacional y local, precisó. (JGZ).