Corte Suprema

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/ 27 de junio de 2022
/ 12:03 am
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Corte Suprema

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Por: Edmundo Orellana

De las propuestas de campaña, hoy convertidas en plan de gobierno, mucho se ha hecho en muy poco tiempo. Probablemente, ningún gobierno ha hecho tanto en los primeros cien días.

Todo esto, pese a la crisis heredada, cuyas dimensiones se desconocían. Hoy se conocen. Toca ahora atacar sus causas y sus efectos y, fundamentalmente, servirse de ese conocimiento para no incurrir en las mismas conductas.

Lo que distingue este gobierno es la firme voluntad de avanzar en lo prometido. Ocurrió con la energía eléctrica y los fideicomisos, y, paralelamente, se impulsa el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia. En este último apartado se ubica la decisión de igualar la Uferco a las demás fiscalías especiales, rechazada por quienes teniendo algo que temer, contraponen el falaz argumento de que se trata de una paralela del MP.

El próximo paso es la elección de la Corte Suprema de Justicia. Ningún poder del Estado tiene la importancia del Judicial, por su carácter estrictamente técnico y profesional, consecuencia de su función de juzgar, cuya finalidad es preservar la paz, defendiendo el ordenamiento jurídico, mediante la resolución de los conflictos que surjan en las relaciones de los sujetos de derecho con imparcialidad e independencia, y con estricto apego a la ley.

El Legislativo crea la ley, el Ejecutivo se sirve de esta para alcanzar sus propósitos y el Judicial califica la legalidad de las acciones o conductas. El Judicial tiene la potestad para declarar inconstitucional las leyes emitidas por el Legislativo, así como para anular los actos ilegales del Ejecutivo y, a su vez, con carácter coercitivo, declarar o reconocer el derecho en las controversias entre las personas particulares, naturales o jurídicas.

El Poder Judicial es el guardián de la ley y, por consiguiente, decide que es legal y qué no lo es. Y cuando sus sentencias no admiten recurso alguno se convierten en verdad absoluta e inmutable; pasa a ser lo que en la jerga jurídica se denomina cosa juzgada. Justa o no, si es cosa juzgada es verdad absoluta y nadie podrá alterarla, salvo excepciones expresamente señaladas por la ley, como en el caso nuestro, el recurso de revisión, que pese a tratarse de temas estrictamente legales, referidas a cuestiones fácticas, pero no constitucionales, su conocimiento compete a la Sala de lo Constitucional.

El Poder Judicial, por medio de las Salas o de la Corte Suprema de Justicia en pleno, genera lo que se denomina “doctrina legal”, entendiéndose por esta “la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres (3) sentencias conformes sobre un mismo asunto”. A ella deben apegarse los tribunales y, en caso de contravenirla, el afectado puede acudir a la Sala respectiva de la Corte Suprema, alegando, como motivo de casación, la “infracción de doctrina legal”. Produce, pues, su propio derecho al cual deben apegarse, como si de ley se tratase, los tribunales de instancias inferiores.

Finalmente, las sentencias por las que declara inconstitucional e inaplicable una ley tienen el efecto de derogar la ley. Pregunto: ¿Qué sentido tiene declarar inaplicable una ley derogada? En todo caso, lo importante es que, por medio de la Sala de lo Constitucional, el Poder Judicial es el guardián de la Constitución, cuya función es defenderla de cualquier acto de autoridad que la vulnere, sea de una autoridad policial, de un juez, del presidente de la República, del Congreso Nacional, o de cualquier otra autoridad, resolviendo acciones de habeas corpus, amparos, habeas data o de inconstitucionalidad. Que no nos desoriente el comportamiento de la Sala actual, porque, seguro, que ninguna otra repetirá su, por no decir otra cosa, vergonzoso proceder.

La Corte Suprema de Justicia es la cabeza de este importante Poder del Estado y de ella depende lo que ocurra en las demás instancias. Si los magistrados son probos, independientes y capaces, también lo serán, sin duda, los magistrados de apelaciones y jueces, porque los inferiores (en este caso de instancia, no jerárquicos) tienden a imitar los superiores. Solo con magistrados probos, independientes y capaces se garantiza que se respetará la independencia de jueces y magistrados de apelaciones.

Si eso ocurre, habrá garantía de los derechos de todos por igual: del rico y del pobre, del empresario y del trabajador, del capital y del trabajo, de la mujer y del hombre. Asimismo, se garantiza combatir la impunidad, castigando ejemplarmente a quienes incurran en ilícitos, dentro o fuera del poder, corruptos, crimen organizado y delincuencia común.

La Presidenta de la República ya demostró su voluntad política de transformar el sistema de justicia mediante la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley que propone un proceso por el que se verifique la idoneidad de los postulantes y se escojan a los más confiables. Corresponde a los legisladores el paso siguiente, que no dudo impulsará el presidente del Congreso Nacional. Para que no regresen las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA?!

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