Drenaje de recursos a través de oenegés también se hizo en Educación

Tras los informes de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), relacionados al involucramiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como estrategia para desvío de fondos que tendrían que destinarse a educación, las autoridades buscan emplear modelos de trabajo, que afiancen la participación de empresas reconocidas.

Líneas de investigación presentadas por la UFERCO, destacan que se habrían suscrito convenios con 12 ONG, desde el 2016 hasta el 2021, para la ejecución de diversos proyectos y también al mejoramiento de infraestructura escolar, sin embargo, los fondos no serían implementados para dichos fines y no existió seguimiento, supervisión y liquidación de fondos.

Según reportes de campo de la Dirección de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación, solo el año pasado, las cifras indican la atención de 300 centros escolares, pero en la revisión solo 22 inmuebles fueron verdaderamente intervenidos.

El director de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Coello, destacó que, “la situación de la infraestructura escolar es catastrófica, estamos buscando muchos mecanismos de cómo atender de manera inmediata, no es de la noche a la mañana que se van a reparar, pero avanzamos con apoyo de la cooperación internacional”.

“Construcciones Escolares se encontraba en el abandono, a donde llegaban a sacar la firma y utilizaban otras instituciones, como un mecanismo para realizar los actos de corrupción, nos hemos tardado en la intervención porque por instrucción de la Presidenta de la República, Xiomara Castro, tiene que ser un proceso transparente”, manifestó.

Por lo anterior, detalló que, crearon un mecanismo donde dan a conocer quiénes son los contratistas, los valores de la obra y cuáles son los seguimientos del avance, además de una socialización de los alcances de los proyectos para que la comunidad educativa participe como veedores de los procesos.

Coello informó que, mediante un proceso de licitación, donde se les exige como requisito a las empresas constructoras que se encuentren inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles y en la Cámara Hondureña de la Industria de Construcción (Chico), con empresas transparentes y reconocidas para no utilizar ONG que se podrían prestar para actos irregulares.

Según autoridades a nivel nacional, se requiere la intervención de 16,848 centros escolares, es decir, a más del 90 por ciento de los inmuebles, a los que se les está dando prioridad a las escuelas afectados por Eta e Iota.

“Ya atendimos 852 centros educativos, prácticamente el 95 por ciento de los centros afectados, esperamos que para el mes de julio ya se hayan atendido todos los centros educativos que han sido afectados por Eta e Iota, se invierten 382 millones de lempiras para la reparación los centros educativos, donde se procura hacer una inversión de 2.5 millones por cada inmueble”, detalló Coello.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) también es una de las instituciones asignadas por el gobierno para la reparación de centros educativos, entre las cuales tiene como meta para este año la intervención de 1,700 centros educativos, con una inversión superior a los 1,392 millones de lempiras.

El titular del FHIS, Octavio Pineda, indicó que, según los informes de la Dirección de Infraestructura Escolar para alcanzar la meta de reparar 12,800 centros educativos que están en condiciones precarias, anualmente se deben intervenir 3,200 escuelas en los próximos cuatro años.