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/ 16 de julio de 2022
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Informe al Congreso sobre extranjeros que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de Investigaciones de Tales Actos de Corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2021(Div. FF, PL 116-260, según enmendada) (Sección 353).

De acuerdo con la Sección 353(b) de los Estados Unidos – Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte (Div. FF, PL 116-260) (la Ley), según enmendada, este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Relaciones Exteriores del Senado el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y el Comité Judicial del Senado.

La sección 353(b) requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: personas extranjeras que el Presidente ha determinado que han participado a sabiendas (1) en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; (2) en corrupción significativa; y (3) en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.

El 10 de noviembre de 2021, el presidente firmó la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos y cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el registro Federal.

El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El Departamento también continúa revisando activamente información creíble adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utiliza todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos.

El Salvador

** Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro de Seguridad Pública, René Mario Figueroa Figueroa, facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $3 millones en fondos públicos, mientras su esposo era ministro de Seguridad Pública durante la administración Saca.

** René Mario Figueroa Figueroa, exministro de Seguridad Pública bajo la administración Saca, durante su tiempo como ministro incurrió en una corrupción significativa cuando convirtió $3 millones en fondos públicos para su uso personal y el de su esposa y, con su esposa, blanqueó esos fondos.

**José Wilfredo Salgado García, alcalde de San Miguel, socavó procesos o instituciones democráticas cuando usó su cargo oficial para participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero mientras era alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador.

**Francisco Javier Argueta Gómez, actual asesor legal presidencial, socavó procesos o instituciones democráticas al orquestar la destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general en un proceso inusual en aparente contravención de los procesos previstos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la magistratura.

**Christian Reynaldo Guevara Guadrón, diputado a la Asamblea Legislativa y jefe de facción del Partido Nuevas Ideas, desvirtuó procesos o instituciones democráticas al promulgar una Ley de Prohibición de Pandillas que sancionará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerado por muchos observadores como un claro intento de censura a los medios.

**José Ernesto Sanabria, actual secretario de Prensa Presidencial, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de Bukele para presionar de manera inapropiada a los funcionarios de los partidos políticos de oposición para que renuncien bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales.

**José Alejandro Zelaya Villalobo, ministro de Finanzas, socavó procesos o instituciones democráticas al supuestamente retener de los municipios $497 millones en fondos públicos para servicios esenciales con el fin de generar enojo público y desconfianza hacia los titulares y obtener apoyo para sus aliados políticos, quienes fueron retadores en las elecciones legislativas y municipales de 2021. elecciones.

Guatemala

**Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones con jueces corruptos.

**Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su posición en la comunidad legal para influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema “Comisiones Paralelas 2020” para apilar la Suprema Tribunales y Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

**José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y exfuncionarios internacionales. Fiscales de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

**Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte por carretera que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), se involucró en una importante corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran lucrativos contratos portuarios.

**Ramiro Mauricio López Camey, el actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

**Ramón “Moncho” Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.

**Geisler Smaille Pérez Domínguez, un juez actual del Tercer Tribunal Penal, socavó los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

**Sofía Janeth Hernández Herrera, la actual representante en el Congreso por el Partido Unión del Cambio Nacional (UCN), socavó el proceso o las instituciones democráticas al hacer mal uso de sus poderes oficiales para que los miembros de la UCN retuvieran indebidamente roles de liderazgo en los comités del Congreso y usar su asociación con organizaciones de narcotraficantes para intimidar a sus opositores políticos.
También solicitó sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala de tomar represalias contra sus enemigos para beneficio personal.

**Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, participó en una corrupción significativa al sobornar a funcionarios públicos y de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de EE.UU. para mejorar la eficiencia energética.

**Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual directora del Instituto de Víctimas socavó el proceso o las instituciones democráticas al usar su cargo oficial para facilitar el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

**Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, cometió una importante corrupción y obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos que tenía ante sí.

**Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desvirtuó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el “Paralelo Comisiones 2020”, para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

**Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, socavó el proceso o las instituciones democráticas al participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.

**Mauricio López Oliva, el actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió en una importante corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

**Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones de hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.

JOSÉ LUIS BENITO RUIZ, el exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, incurrió en una corrupción significativa cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de la corrupción.

HONDURAS

**Harvis Edulfo Herrera Carballo, gerente general del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, supervisor de controles internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Rasel Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso, incurrió en corrupción significativa cuando usó su posición como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos.

**Claudia Yamilia Noriega González, coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Catracha” de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, gerente de Finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Enrique Alberto Flores Lanza, ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, incurrió en una importante corrupción al recibir $2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y redistribuirlo indebidamente entre aliados políticos.

**Juan Ramón Maradiaga, gerente general del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (Banadesa) de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Edgardo Antonio Casaña Mejía, un miembro actual del Congreso, se involucró en una corrupción significativa al reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Pensiones de los Maestros para destinar más de $5 millones en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.

**Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica de Honduras (ENEE) de 2006 a 2009, incurrió en corrupción relacionada con contratos gubernamentales cuando usó su posición en el Comité Ejecutivo de la ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir contratos a una empresa en que tenía un interés económico.

**Carlos Josué Romero Puerto, coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, transfirió ganancias de la corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Carlos Josué Montes Rodríguez, secretario de Trabajo de 2006 a 2009, participó en una importante corrupción al aceptar sobornos para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y acelerar los pagos.

**Gonzalo Molina Solórzano, jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, transfirió ganancias de corrupción cuando ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

**Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, incurrió en una importante corrupción cuando usó su cargo como director de la Policía Nacional para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.

**Javier Rodolfo Pastor Vásquez, ministro de Salud de 2006 a 2009, se involucró en una importante corrupción al aceptar $235,000 en sobornos para interferir en los procedimientos de contratación pública para adjudicar indebidamente contratos a aliados políticos y acelerar los pagos.

Nicaragua

**Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, un fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**Erick Ramón Laguna Averruz, un juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos del activista opositor Alexis Peralta y el agricultor sin afiliación política Santos Camilo Bellorin.

**Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer su discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga.

**Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fiscal, socavó los procesos o instituciones democráticos al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**Irma Oralya Laguna Cruz, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de la activista opositora Evelyn Pinto.

**Luis Alberto Mena Gámez, un fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando ejerció la discrecionalidad procesal para presentar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos falsos, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno.

**Luden Martín Quiroz García, un juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de la líder opositora Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, el expresidente la candidata Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes, y la exasambleísta María Fernanda Flores.

**Melvin Leopoldo Vargas García, un juez, socavó los procesos o instituciones democráticos cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de la activista de la oposición Samantha Jiron.

**Ángel Jancarlos Fernández González, un juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de los líderes del sector privado Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; la exlíder sandinista Dora María Téllez; los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

**Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado del activista de la oposición Irving Larios.

**Jorge Luis Arias Jarquín, un fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**William Irving Howard López, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de la activista de la oposición Nidia Barbosa.

**Marta Ileana Morales Mendoza, un fiscal y director de planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción fiscal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**María Francisco Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, socavó procesos o instituciones democráticas cuando lideró el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Donald Alvarenga y presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores prodemocracia del régimen.

**Verónica Fiallos Moncada, una jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de Douglas Cerros, un ciudadano sin afiliación política.

**Félix Ernesto Salmerón Moreno, un juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes y el líder empresarial José Adán Aguerri.

**Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado del activista de la oposición Yoel Sandino.

**Marling de Jesús Castro Rodríguez, un fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, una jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de los líderes estudiantiles Lésther Alemán y Max Jerez, el excandidato presidencial Miguel Mora, el analista político Edgar Parrales, el director del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann, y el experto electoral Harry Chávez.

**Andrea Del Carmen Salas, un fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.

**Ulisa Yahoska Tapia Silva, una jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de los activistas de la oposición Yaser Vado y Yader Parajon, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, la líder de la oposición Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano.

**Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, un fiscal en Estelí, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar el caso del régimen contra el activista prodemocracia y preso político Alexis Peralta y presentar cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores al régimen.

EDGARDO CASAÑA
Lista no es la verdadera
La Lista Engel oficializada por el Departamento de Estado de EE. UU. no es la verdadera que tiene el pueblo hondureño, sobre los corruptos de esta nación, se defendió el vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Casaña.

“No es la verdadera lista que del pueblo hondureño, que tiene de corruptos en este país”, aseveró.

Confirmó que se le expiró la visa estadounidense en 2020, durante la pandemia del COVID-19 y que no ha solicitado una renovación ni tiene la necesidad de viajar por los momentos.

Casaña afirmó que será respetuoso de la determinación de EE. UU., pero lamentó que la persecución en contra de su persona tenga alcance en otros países por manipulaciones a la justicia hondureña.

Denunció que la persecución empezó en una hacienda en Santa Bárbara, por diputados nacionalistas, junto al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), que definieron su cabeza por el papel que desempeñó en la construcción del Partido Libre.

Exclamó que ningún golpista ha aparecido en la Lista Engel y que fueron los mismos que sostuvieron la administración de Jorge Rivera Avilés, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Luis Rubí en el Ministerio Público.

Sobre la razón por su inclusión en la lista, respondió que la ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), fue modificada por el Congreso Nacional y no por su persona.

Añadió que los profesores que se dedicaron a formar a los hondureños no pueden ser catalogados de aliados políticos.

¿Es que acaso 20 mil jubilados son aliados políticos?, son personas que están jubiladas, porque se les aumentará 300 lempiras.

RASEL TOMÉ:
No me van a doblar el brazo
El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Rasel Tomé, aseguró que “grupos fácticos” lograron la inclusión de su nombre en la Lista Engel, en la que EE. UU. incluye a personajes corruptos de la región.

Tomé comentó que grupos fácticos le hacen persecución, porque van perdiendo sus privilegios al ver que los avances de un gobierno democrático que encabeza Xiomara Castro.

“Nosotros respetamos las decisiones que tome como nación o Estado, lo que quiero dejar claro es que esto viene de grupos fácticos que hoy ven que poco a poco el pueblo avanza a un gobierno democrático y van viendo que le vamos a quitar sus privilegios”, declaró Tomé.

Además, reveló que ha tenido comunicación con la Embajada de Estados Unidos y estos le manifestaron que debe mandar información por correo sobre su inclusión en la deshonrosa lista.

El congresista confirmó que posee visa americana y ha viajado hacia Estados Unidos.

Tomé insistió que su inclusión proviene de presiones de grupos de poder o fácticos que pretenden extorsionarlo y doblarle el brazo.

“Jamás van a doblarme el brazo, jamás me van a extorsionar, vamos a seguir dialogando con el pueblo el desarrollo del proyecto de refundación”, señaló.

Acusó que los grupos de poder de hacerle persecuciones y los calificó como “cánceres que se comunican o vinculan entre sí”.

Sostuvo que su misión es plantear las transformaciones de darle al pueblo hondureño desde el Congreso Nacional una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

ENRIQUE FLORES LANZA
Esa lista ya está desprestigiada
“Esta lista cada vez está más desprestigiada, porque de manera caprichosa el Departamento de Estado lo usa para los que no están con su política”, manifestó el asesor presidencial, Enrique Flores Lanza.

“Están criminalizando la cuarta urna y avalan la posición de los que dieron el golpe de Estado, con lo que hacen”, aseguró.

Flores Lanza dijo que “Está mal criminalizar la cuarta urna y apoyar el golpe de Estado. Las actuaciones politizadas de la CSJ son correctas, eso avalan”.

“Están de acuerdo que se promuevan juicios contra exfuncionarios de ‘Mel’ Zelaya. Ellos son los encargados de decidir qué democracia es buena y la mala y no les gustan que les contradigan”.

“Eso mancha nuestro honor y honra y de nuestra familia, sin tener responsabilidad”.

Abundó que mencionarlo en la lista “es un golpe bajo y pedimos explicaciones y vamos a presentar documentos”.

“Todo esto ocurre en el momento que estamos hablando de una nueva CSJ, sin injerencias de los grupos fácticos y quieren debilitar la postura de la presidenta”.

Relató que “buscan debilitar la postura de Xiomara, de Libre y la refundación de la patria, mencionando a varios de nosotros en lista de corruptos, cuando queremos que haya reconciliación”.

“La lucha es la vida, con organismos de DDHH, somos sobrevivientes de la guerra fría, somos perseguidos, señalados, pero no nos impedirán en seguir en nuestra lucha”.

“Se mira la manera caprichosa en la que trabajan, incluso en contra de los intereses nacionales. Pero hoy por hoy los verdaderos corruptos no salen en esa lista. Nos quieren quitar las fuerzas, pero no nos van a amilanar”. (DV)

 

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