Estados Unidos condiciona apoyo económico a combate contra corrupción

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/ 17 de julio de 2022
/ 12:02 am
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Estados Unidos condiciona apoyo económico a combate contra corrupción

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Por: José Rolando Sarmiento Rosales

La lucha contra la corrupción en la administración pública, se viene desarrollando lentamente en Honduras, con la emisión de leyes que contienen disposiciones para vigilar, controlar y deducir responsabilidades administrativas y penales a los que resulten responsables de actos de corrupción, además de la creación de organismos de control y seguimiento, tales como la original Contraloría General de la República, en la administración del presidente Ramón Villeda Morales, hoy Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía General de la República, y por supuesto los Juzgados Anticorrupción, conociendo los múltiples casos investigados, los exfuncionarios y funcionarios denunciados, enjuiciados y condenados. Creemos que se efectúan acciones contra la corrupción, pero limitadas por el Congreso Nacional, con medidas para proteger a funcionarios, políticos y parlamentarios untados en actos ilícitos con fondos públicos, ocasionando desconfianza interna e internacional, con medidas como las anunciadas por el gobierno estadounidense con sus fondos de ayuda a nuestro país, El Salvador y Guatemala.

Estados Unidos condiciona la ayuda a que se investigue a funcionarios corruptos. La Cámara de Representantes aprobó un presupuesto que restringe el 60% de los fondos para el próximo año a que El Salvador, Guatemala y Honduras demuestren que combaten el delito en la función pública y la impunidad. A juzgar por las condiciones que impone al desembolso de las ayudas económicas a Centroamérica presupuestadas en el plan de gastos para el año fi scal 2023 FY2023, parece claro que Washington no confía en que los gobiernos del llamado Triángulo Norte utilicen de forma adecuada ese dinero sin un poco de presión. Los congresistas aprobaron cerca de mil millones de dólares para Centroamérica, buena parte de ellos destinados a programas de cooperación con los tres países del norte de la región.

Pero buena parte de esos fondos, distribuidos en los presupuestos de varias oficinas del gobierno estadounidense no serán desembolsados a menos de que estos países puedan demostrar avances en temas como el combate a la corrupción, la transparencia, la protección a la sociedad civil, la reducción de violencia contra mujeres y niñas, mejoras en los derechos reproductivos de las mujeres, reducción de la pobreza, el combate a la migración irregular y al tráfico de personas y mejoras en la situación fiscal de los países. De entrada, el desembolso del 60% de esos fondos están sujetos a que, en un informe que debe de entregar al Congreso, el Departamento de Estado certifique que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Xiomara Castro en Honduras han cumplido con las condiciones exigidas. También hay, en el presupuesto aprobado, otro mensaje político: Washington está preocupado por la persecución a defensores de derechos humanos y periodistas en la región. El comité de asignaciones, por ello, destinó US$40 millones a programas que ayuden a defender a quienes contribuyan a la libertad de expresión y a fortalecer a medios independientes.

El FY2023 también se hace eco de otro mensaje político que Washington ha enviado a la región desde que Xiomara Castro ganó las elecciones presidenciales en Honduras a finales del año pasado: Estados Unidos aún da el beneficio de la duda a un gobierno que, en papel, llegó con credenciales de izquierda cercana a Venezuela. Uno de los principales guiños a Honduras es la disposición mostrada por el Congreso a financiar una comisión internacional de investigación de casos complejos de corrupción e impunidad. Tras la petición a la ONU, Washington, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, expresó a Castro el apoyo a la CICIH. Hoy, en el FY2023, el congreso estadounidense incluyó lenguaje de apoyo a la comisión: la Cámara de Representantes recomienda incluir fondos de apoyo a mecanismos anticorrupción que sean liderados por Naciones Unidas”. Tanto la ONU como el gobierno Biden han puesto condiciones de forma extraoficial al gobierno de Castro, que pasan por revisar una amnistía decretada por el congreso hondureño tras la ascensión de la presidenta y que incluye a varios funcionarios del gobierno de su esposo, Manuel “Mel” Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009.

Las pláticas por la CICIH también han incluido presiones de los entes internacionales para que las próximas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fiscal general de Honduras dejen en los cargos a funcionarios probos, así como preocupaciones porque se aprueben reformas legales que hagan viable el trabajo de la Comisión. El FY2023 recoge esos temores: “Antes de proveer el apoyo, el secretario de Estado debe asegurarse de que la comisión tenga suficiente autoridad, autonomía y el mandato legal que le permita llevar adelante investigaciones independientes y apoyar persecuciones penales contra actores corruptos”. Lo dicho: Washington no confía demasiado en los gobernantes del norte de Centroamérica.

jrsarmientohn@hotmail.com

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