Democracia y partidos políticos

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/ 18 de julio de 2022
/ 12:03 am
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Democracia y partidos políticos

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Por: Carlos López Contreras*

En épocas de campaña, y también fuera de ellas, suelen ser atacados los partidos como responsables de la comisión de delitos contra el erario público y del abuso del poder que da lugar a los actos de corrupción y de impunidad. Eso, infortunadamente, se da en todos los gobiernos, a lo largo de la historia, en la mayoría de los países.

La diferencia es que allí donde funcionan correctamente las instituciones, las personas imputadas de la comisión de delitos se someten al debido proceso y, de resultar culpables, son sancionadas.

A nadie se le ha ocurrido sancionar a un partido por actos imputables a personas físicas que están al frente de la institución. Las instituciones no delinquen.

En países donde existe una cultura política consolidada, los personas que están al frente de un partido que resulta derrotado en las elecciones generales o reciben un voto de no confianza, dejan sus espacios para que los ocupen dirigentes nuevos, con visiones frescas, sin colas, que puedan animar al electorado a volcarse por su partido. Consúltese el caso de Boris Johnson en Reino Unido quien, al perder la confianza de su partido, renunció a la cartera de primer ministro y sólo continúa en ese cargo como un encargado, mientras se define un nuevo liderazgo en el partido conservador.

Quizás una demostración de convicción política cultural como esa en Honduras sería mucho pedir; pero podrían los que están al frente, pedir un permiso de varios meses, y luego por razones personales anunciar que no podrán volver a sus cargos. De esa manera se produciría una transición tranquila, sin peligro de intervención de fuerzas extrañas.

Veamos lo que dice nuestra constitución sobre los partidos políticos y diversas convenciones internacionales en las que Honduras es parte: 1º Nuestra forma de Gobierno es republicana, democrática y representativa; 2º La soberanía corresponde al Pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación. 3º Esa representación se logra por medio del ejercicio del sufragio, que es derecho y función pública, por medio de los partidos políticos legalmente inscritos; 4º La Constitución califica a los partidos legalmente inscritos como “instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución y la Ley, para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos” . y 5º “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”, 6º se señala como una de las sanciones aplicables la pérdida de la calidad de ciudadano “por coartar la libertad del sufragio”

En refuerzo de las citadas disposiciones, la Constitución manda que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan. (art. 64)” Y en cuanto al derecho de propiedad, su artículo 106, para todos los habitantes de la República dispone que “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada”

Y no obstante lo anterior y lo estipulado en convenciones internacionales que veremos a continuación, la tristemente célebre Maccih no tuvo escrúpulos en decretar el “aseguramiento” o secuestro de las sedes de los partidos Nacional y Liberal, en abierta violación a las disposiciones constitucionales arriba citadas, y atentando contra la forma de Gobierno y la soberanía popular; violando, además: 1º la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2, 8, 10, 11, 17,21 y 30); 2º la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Artículos 2 y 3); 3º la Convención Americana sobre derechos humanos (artículos 9, 10, 16, 21, 23, 25 y 29); 4º el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, (artículo 25); 5º y la Carta democrática interamericana (artículos 2, 3 y 5), y esta última, en lo relevante declara que “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho…”, que “Son elementos esenciales de la democracia representativa… el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

¿Qué pasó, entonces, que no se escuchó una sola voz, una sola protesta, contra tales atropellos contra los bienes de dos partidos históricos?

¿Cómo ocurrió que el sistema jurídico hondureño calló ante esos atropellos, y que la secretaría general de la OEA hiciera lo mismo, con relación a las convenciones internacionales promovidas por las Naciones Unidas o la OEA?

¿Cómo es posible que un funcionario internacional aparezca en Honduras con pretensiones de gobernador político de una provincia en nombre de un soberano extranjero?

La lección hay que aprenderla. Cualquier otro organismo que venga a coadyuvar a Honduras en el fortalecimiento de su estado de derecho, debe comenzar por someterse a la ley hondureña y a la ley internacional.

Estaremos vigilantes sobre el acuerdo que negocien y suscriban el Gobierno con Naciones Unidas, que debería comenzar por demandar que el Congreso Nacional esté debidamente constituido, y que no opere de facto como lo ha venido haciendo hasta ahora.

Los partidos políticos son esenciales a la democracia, están garantizados por tratados internacionales en que Honduras es parte.

¡Hay que depurarlos, pero hay que defenderlos y fortalecerlos!

Dios salve a Honduras.

*Ex Canciller de la República.
clopez@aczalaw.com

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