La eterna promesa de la justicia independiente

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/ 22 de julio de 2022
/ 12:01 am
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La eterna promesa de la justicia independiente

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Por: Rafael Jerez Moreno*

La sesión del Congreso Nacional celebrada el 18 de julio, para discutir la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reflejó avances en el debate parlamentario y en ciertas figuras incluidas en la ley, pero también retrocesos impuestos por el interés de cúpulas partidarias que no dejan pasar la oportunidad de tener garantías en el Poder Judicial. Lo primero que es preciso reconocer es el avance que supone para el Poder Legislativo y los ciudadanos, tener un debate abierto y participativo entre las y los parlamentarios. Las sesiones virtuales para asegurar la aprobación de decretos al margen de la Constitución de la República deben quedarse en el pasado. También es oportuno reconocer la altura en el debate y la receptividad de las ideas de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, aun y cuando existan diferencias entre sus integrantes, hecho que es normal en un sistema de partidos.

El dictamen introducido en el hemiciclo legislativo sí contuvo novedades que contribuyen a mejorar el proceso de selección de los magistrados de la CSJ; por ejemplo, el principio de paridad de género, la eliminación de las propuestas surgidas desde las organizaciones que integran la Junta Nominadora, la posibilidad de que elijan internamente a quien presidirá sus actividades y la justificación que deben presentar cuando elijan una nómina que sometan a consideración del Congreso Nacional. Todos estos son avances qué pueden contribuir a que el proceso sea más transparente y a promover la igualdad de oportunidades entre quienes competirán por integrar la CSJ.

Aunque existieron consensos con respecto a buena parte del decreto, la controversia que rodeó el artículo 15 alusivo a los requisitos e inhabilidades para postularse como magistrado de la CSJ puso de relieve el debate sobre la partidización la justicia. Pareciera que este fenómeno se relativiza dependiendo de quiénes ostentan el poder político. No cabe duda de que todos tenemos derechos políticos garantizados por la constitución y los tratados internacionales. Naturalmente, esto conlleva la simpatía con un partido político, entrar y salir de su militancia. Pero debemos tener memoria histórica para mantener la coherencia en las convicciones democráticas. Históricamente, no son ni siquiera los partidos políticos en su colectividad, sino, las cúpulas de los partidos políticos y otros grupos de poder que han ejercido control sobre la justicia. Previo al golpe de Estado, el Partido Nacional y el Partido Liberal se alternaban el 7-8 u 8-7 en la corte, para nadie es un secreto. Esta repartición también ha ocurrido en otras instituciones como el Ministerio Público (MP), en el que también interviene una Junta Proponente en el proceso.

A partir de 2016, en el proceso de nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, los órganos electorales, el Registro Nacional de las Personas, la Procuraduría General de la República, entre otros, los tres partidos políticos mayoritarios han nombrado su representación directa. La pregunta es, ¿en qué ha ayudado eso al país? ¿Tenemos una mejor democracia bajo este modelo de designación de altos funcionarios? Por supuesto que no. No funcionó con dos partidos, tampoco lo hará con tres o cuatro. No todas las personas nombradas son malos funcionarios, hay algunas que sí tienen intención de hacer las cosas bien, pero en el momento en que llegan a tocar intereses de caudillos políticos y actores de poder no partidarios, la independencia en la toma de decisiones se termina.

Todos somos seres políticos, pero esto no debe ser justificación para relativizar los momentos en los que es oportuna la partidización de las instituciones, dependiendo de cuando una organización política adquiere más peso en la toma de decisiones. A partir de nuestra participación política, el reto de cambiar la cultura política pasa por estar dispuestos a entrar en el debate y la negociación para mejorar los criterios de selección de altos funcionarios. En el corto plazo, queda en manos de la Junta Nominadora construir una nómina que permita adecentar la CSJ, en el mediano, depende de nosotros aprender de estos episodios para no conformarnos con la alternancia en el poder, también debemos apostarles a los relevos en los liderazgos de los partidos políticos. Cambiemos los actores para cambiar la forma de hacer política.

*Abogado
Twitter: @RafaJerezHn

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