Corte a la medida

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/ 25 de julio de 2022
/ 12:04 am
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Corte a la medida

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Por: Rodolfo Dumas Castillo

Finalmente se aprobó la ley que regulará el funcionamiento de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Desafortunadamente durante el proceso legislativo se realizaron modificaciones al proyecto enviado por la Secretaría de Trasparencia que han generado amplios y válidos cuestionamientos, sobre todo porque se eliminaron disposiciones que buscaban evitar la posibilidad de candidaturas que representaran conflictos de interés.

Ahora compete a la Junta Nominadora operar en base a lo estipulado en dicha ley, pero también ajustándose estrictamente a los estándares internacionales aplicables a la elección de funcionarios judiciales, respetando durante todo el proceso los principios de objetividad, transparencia, publicidad y participación ciudadana (está última con la importante colaboración de los medios de comunicación).

Algunos de los instrumentos jurídicos que inspiran los estándares a que aludimos previamente, particularmente en el sistema interamericano, son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto del Juez Iberoamericano y los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura. Todos estos sirven para determinar las características que deben reunir los magistrados, específicamente los de idoneidad, integridad, competencia, independencia e imparcialidad.

Complementariamente los Principios de Bangalore Sobre la Conducta Judicial desarrollan el alcance de los requisitos de integridad, capacidad e idoneidad de las personas que aspiran a ejercer un cargo de tanta relevancia. Por ejemplo, el siguiente: “Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable.” Esto relacionado al principio de independencia. Lógicamente, igual relevancia tiene el valor de la imparcialidad pues de ella depende que se pueda aplicar la ley sin que interfiera en las decisiones ningún tipo de conflicto de interés, ya sea por relaciones con grupos económicos, empresariales, gremiales o de cualquier otra índole. El texto completo puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/documents/ji/training/19-03891_S_ebook.pdf

En cuanto a la capacidad y competencia profesional existen múltiples mecanismos, herramientas y métodos para su verificación, incluyendo los que se han incorporado a la matriz de la nueva ley y dentro de los cuales, a nuestro juicio, sería esencial se incluya la verificación del compromiso de cada candidato con la protección de los derechos humanos y los valores democráticos.

Estos insumos son útiles en caso de que se logre conformar una Junta Nominadora que comprenda la magnitud de su compromiso con el país y su futuro inmediato, permitiéndoles una evaluación de candidatos que se apegue a las expectativas del pueblo hondureño y que cumpla con esos estándares que también serán valorados minuciosamente por la ONU como parte de la iniciativa CICIH. Si la Junta se apega a los valores que establecen los instrumentos arriba señalados, Honduras aún podría contar con una Corte a la medida de una nación que urge de justicia real y efectiva.

Twitter: @RodolfoDumas

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