La perspectiva sobre gobierno electrónico

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/ 4 de agosto de 2022
/ 12:16 am
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La perspectiva sobre gobierno electrónico

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Jorge Maradiaga

No cabe la menor duda que lo relativo a la implantación del gobierno electrónico, tiene una importancia capital. Como se recordará en los últimos doce años en nuestra querida Honduras hemos tenido un desastre administrativo, producto de la corrupción imperante que prácticamente ha conducido al país a una quiebra de primera, tal como lo demuestran los hechos concretos.

En virtud de lo anterior y siendo que el país está siendo conducido por una ilustre, muy querida y connotada dama, se torna un imperativo categórico la implantación del gobierno electrónico, con miras a generar la transparencia y efectividad de la administración pública. Entendemos que su implantación no es fácil, pues toca intereses criados de sectores determinados.

Hace ya casi dos años, se realizó en Perú una importante reunión de eLAC2015 (Estrategia para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe), materializándose un panel sobre gobierno electrónico como derecho ciudadano, destacándose que la reforma del Estado a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC se convierte en un imperativo, dando paso a un visión del gobierno como centro a una visión en donde el ciudadano es el centro, lo que permite reivindicar la relación entre Estado, ciudadano y empresa, en coincidencia con los requerimientos de la actual sociedad en constante transformación.
Es un imperativo la reforma de la administración del Estado, con el consiguiente fortalecimiento de la carrera pública y la promoción nacional y sustantiva del gobierno electrónico. Es una necesidad impostergable la interoperabilidad, la infraestructura de datos espaciales de nuestra Honduras, creación del portal del Estado y sus mecanismos de transparencia, tal como lo anhela el pueblo hondureño.

Es importante la creación de los telecentros como mecanismo para reducir la brecha digital. Debe facilitarse el acceso de la población en general al Internet de banda ancha, establecimiento de redes inalámbricas comunitarias y permitir a los diferentes actores participar en las estrategias de gobierno electrónico.
Por su importancia, planteamos la siguiente interrogante, misma que es totalmente válido formularla en el caso de nuestra querida Honduras: ¿a qué ritmo se apropia la sociedad civil de los avances del gobierno electrónico?
No cabe la menor duda que una estrategia futurista y visionaria para la apropiación de las TIC la constituyen los telecentros y debe consiguientemente existir una constancia en el gobierno en la implementación de las distintas fases del gobierno en línea, para permitir la participación de los distintos actores y de esa manera tener un norte bien definido, pues debe tenerse en cuenta que hoy en día el gobierno electrónico no solo es un derecho ciudadano, sino que es también una obligación de la administración pública con miras a garantizar derecho más relevantes como mejorar la calidad de la vida de las personas, proporcionando servicios públicos de calidad, eficientes, integrados y participativos, de acuerdo a los propios requerimiento de la sociedad en general.

No cabe la menor duda, que el momento histórico demanda la implantación de una administración pública abierta, transparente, participativa (open government) que conlleve: 1. Mejorar los servicios en línea brindados por el gobierno; 2. Incorporar incentivos correctos en la utilización de servicios de gobierno electrónico; 3. Optimizar las inversiones que se hacen en tecnologías de la información; 4. Asegurar la interoperabilidad de los datos en las aplicaciones de la administración pública.

Compartimos lo puntualizado por Miguel Porrúa, coordinador de gobierno electrónico del Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad de la OEA, cuando plantea desafíos tales como: 1. Sensibilización a los políticos con el establecimiento de estrategias, agendas, etc. 2. La necesidad de recursos humanos calificados. Esto se debe impulsar a través de los cursos en línea; 3. La necesidad de recursos financieros; 4. La participación del sector privado (por medio de recursos humanos o financieros); 5. Apropiación de la sociedad civil de las TIC.
Igualmente se proponen una serie de medidas que personalmente compartimos, tales como: 1. Llevar la banda ancha de la mano con la alfabetización digital; 2. Impulsar los procesos de interoperabilidad y para ello resulta necesario establecer una instancia de coordinación nacional; 3. Integración regional. Para ello se requiere de una agenda regional que establezca mecanismos de integración económica, política y social. Prácticas como factura regional o facilitación de trámites aduaneros desde lo económico pueden facilitar este proceso.

En esencia es un imperativo la formulación de políticas pública en materia de gobierno electrónico y que, así como hoy se habla de ciudades modelo, hablemos de ciudades digitales. Esperamos que el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología se eleve a la categoría de Ministerio, tal como ocurre en la inmensa mayoría de los países del mundo, para que lleve la voz cantante en este campo.

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