Violencia y familia

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/ 4 de agosto de 2022
/ 12:21 am
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Violencia y familia

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Carolina Alduvín

En los regímenes como el actual, la tendencia a polarizar todos y cada uno de los asuntos de la vida pública, es la norma y no la excepción. En 2009, la separación de su cargo del entonces presidente constitucional de la República, fue un suceso incruento, yo diría que quienes estaban a cargo fueron magnánimos al no privarlo, al menos, de su libertad. Muchos, incluso piensan, aunque jamás lo expresen en voz alta, que incluso debieron haber sido más drásticos; en tal forma, hubiese habido menos consecuencias adversas para el país, sobre eso, no podemos más que especular. Lo que sí tenemos a la vista es el revanchismo con que se actúa contra la ciudadanía en general y el desdén generalizado contra sus propios parciales, especialmente cuando se atreven a alzar la cabeza y reclamar alguna posición de liderazgo, o al menos equidad.

Como haya sido, la violencia que quiso evitarse entonces, la desataron sus turbas amaestradas, la fuerza pública tenía órdenes de no caer en provocaciones, a tal grado que sus armas estaban dotadas solo de salvas; sin embargo, en un multitudinario acto de supuesto retorno, se detonaron balas reales y hubo al menos una víctima. Por los mismos días, un integrante de la llamada diversidad sexual fue asesinado, como lo son tantas personas más y, como en tantos otros casos, la identidad del victimario tampoco fue establecida. Pretexto para que unos antipatriotas demandaran al Estado de Honduras, el año pasado, este fue condenado a resarcir a los deudos y a promulgar una nueva ley de violencia contra las mujeres que, según lo explicado, no es de cumplimiento obligatorio, sino parte de la agenda liebre.

Se dice que el anteproyecto se encuentra en etapa de socialización y que esta no es amplia, puesto que muchos sectores interesados o afectados, no han sido convocados, entre ellos los grupos que se oponen al aborto, estos argumentan que tal instrumento atenta contra el derecho a la vida de los no nacidos, garantizado expresamente en nuestra Constitución. Los proyectistas, sesgados por la ideología de género, con la cual comulgan los liebres, aducen que hay violencia contra la mujer, al negarle tanto el aborto como los anticonceptivos de emergencia; en el primer caso, el proyecto es inconstitucional, desde el momento que contraviene el Art. 67, en el segundo no hay delito que perseguir, puesto que no se trata de una persona por nacer, pero dista mucho de ser violencia contra una mujer.

Hay muchas formas de violencia contra las mujeres, como los golpes, el abuso verbal y psicológico, la discriminación, la doble moral, la explotación sexual y la instrumentalización de las mujeres para fines mercantiles y de poder; seguramente, la mayoría están tipificadas como delitos en una o varias leyes de nuestro ordenamiento jurídico, como el código civil y de familia. Para proteger a las mujeres y a la familia, no se necesitan nuevas leyes, lo que hace falta es un sistema de operación de justicia fuerte, con suficientes recursos para cumplir y hacer cumplir la ley, que no se dé tratamiento preferencial a las personas influyentes que la incumplen. Un sistema que no garantice la impunidad en caso alguno, sin importar el estrato social en el que se ubiquen tanto víctimas como perpetradores. Y eso debe emanar de una cúpula imparcial, tal como la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados idóneos y capaces, que no respondan a criterios partidarios.

Sin leer el articulado del proyecto y viniendo de donde viene la sentencia contra el Estado de Honduras, el proyecto debe incluir muchos detalles propios de la llamada ideología de género, a ser financiados con los impuestos pagados por buenos contribuyentes, lo que constituiría un abuso de poder para favorecer a minorías que se autovictimizan y hacen lucir a los movimientos de izquierda ridículos y degenerados, especialmente en nuestras tropicales latitudes.

Considero que una nueva y grave forma de violencia contra la mujer hondureña en particular es: haber promovido a una de ellas a la primera magistratura y acto seguido, descaradamente usurpar sus funciones, minimizándola como desde el primer día, mientras los colectivos dizque feministas se llenan la boca con el histórico acontecimiento. Esa afrenta nadie la nota, se normaliza y es objeto de escarnio en todos los sectores y niveles, eso no está tipificado y mucho menos hay garantía de que se tipifique en una nueva ley, ordenada desde fuera.

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