Adiós 2020
Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
El benemérito Colegio de Periodistas de Honduras se apresta a librar una batalla por la libre emisión del pensamiento, libertad de prensa y libre empresa y así cumplir con uno de los principales fines para el cual fue creado: la defensa de sus agremiados y de otros comunicadores que por “A” o por “B” razones, no se han afiliado pero ejercen este noble oficio de informar, educar, ilustrar y entretener al pueblo.
Ese noble propósito de defensa se debe a que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) se ha dado a la tarea de investigar a 95 colegas que supuestamente recibieron dinero de Casa Presidencial durante los gobiernos del nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado y esa dádiva es por un monto de hasta 122 millones de lempiras.
Hasta hoy la Uferco solo ha presentado ante la Fiscalía General de la República una lista de los beneficiarios y no se sabe y si la misma ha sido acompañada de la documentación de respaldo como para que se emita un requerimiento fiscal contra con los imputados.
De ser cierto la imputación de la Uferco para los 95 colegas entre los cuales se encuentran propietarios de medios de comunicación y de programas informativos independientes que compran espacios en los mismos y otros de medios virtuales, todos ellos operando legalmente su parte mercantil que es el sustento de todo medio masivo de información mediante la venta de pauta publicitaria a todo aquel que necesita divulgar su quehacer diario, máxime si el mismo está dirigido a la gobernanza de una nación.
Es por ello que la junta directiva del benemérito Colegio de Periodistas de Honduras ha nombrado y dado poder a una junta de abogados para que en caso de que se presente formal acusación contra alguno de los colegas enlistados por la Uferco necesite defenderse en los tribunales de la República presentando su copia de talonario de recibos por publicidad, copia de los contratos y si se quiere de la existencia del medio en que se realizaron las publicaciones.
Cada medio de comunicación masiva tiene una tarifa especificada por tiempo y espacio dedicado a la publicidad comercial y a la propaganda política, religiosa, laboral o de otra índole.
Ningún medio de comunicación masiva salvo los estatales divulgan información publicitaria o propagandística en forma gratuita y aun los gubernamentales se ven en la necesidad de contratar personal especializado en recolectar, redactar, diagramar e imprimir sus medios mientras que en los electrónicos se necesita de operadores, periodistas, presentadores de noticias, locutores comerciales, personal de mantenimiento y productores, en audiovisuales se necesita la contratación de camarógrafos, luminotécnicos, tramoyistas, presentadores, reporteros de calle, redactores de mesa, electricistas, ingenieros de sonido y toda una parafernalia más.
Aparte los medios impresos y electrónicos deben también pagar grandes cantidades por consumo de energía eléctrica, agua, teléfono y otros servicios públicos aparte de abonar el 15% por Impuesto Sobre Ventas y el pago del Impuesto Sobre la Renta por sus ingresos, además del pago de todo el personal antes mencionado, costos de mantenimiento y pago de locales cuando no tienen edificio propio.
Varios de los medios hondureños han puesto sus bardas en remojo ante el incendio desatado en Guatemala y Nicaragua donde se ha cerrado un periódico en Guatemala, procesado y puesto preso a su director y en Nicaragua se han cerrado medios impresos y electrónicos especialmente de la Iglesia Católica y de otras religiones y se han mantenido encerrados en una iglesia a un sacerdote y varios feligreses, y a otros sacerdotes se les ha impedido ingresar a sus templos y han tenido que celebrar la eucaristía en plena calle.
Algunos periodistas de medios televisivos hondureños en clara oposición al gobierno de turno sostienen que ante lo ocurrido en Guatemala y Nicaragua algo similar puede darse en Honduras, donde el gobierno cuenta con una radio, un canal de televisión, y el Congreso cuenta con otro canal de televisión y la Presidencia de la República con un periódico impreso que en su primera edición presentó 72 páginas a full color haciendo un gasto estimado de 3,600,000 lempiras, a 50 mil lempiras por pagina si es que el mismo ha sido impreso en alguno de los talleres de cualquiera de los periódicos nacionales y un poco más si ha sido impreso maquiladamente en alguno de los países vecinos.
A ese costo hay que agregarle el personal periodístico que lo elabora a un promedio de 85 mil lempiras cada uno de los ejecutivos: Director, jefe de redacción, jefe de información, administrador y 50 mil o 55 mil para un mínimo de siete reporteros y otros colaboradores por lo que los costos de producción de ese medio oficial pueden irse a los 5 millones de lempiras dependiendo del número de ejemplares impresos a un promedio de 20 lempiras por ejemplar impreso y se mandan a hacer un promedio de 10 mil ejemplares.
Con ese dinero invertido en un impreso que nadie lee ni de regalado y que acepta de gratis para utilizar el papel para envolver productos de compra/venta o para satisfacer algunas necesidades higiénicas producidas por la propia fisiología humana.
Con todo ese dinero nada invertido se pudo haber pagado a médicos, enfermeras, maestros y algunos empleados públicos a quienes se les deben hasta siete meses de salario, o atendido a algunas necesidades de las etnias a las que se les dijo ante sus planteamientos prioritarios de necesidades que “Entiendan que No hay dinero”.
