Más de 25 “coyotes” condenados por traficar con hondureños y extranjeros
Otro de los golpes a este flagelo fue uno ejecutado en San Lorenzo, Valle, donde se detuvo a 32 personas que llevaban a 150 migrantes indocumentados.
Más de 25 “coyotes” han sido condenados en los tribunales de la República por el delito de tráfico ilegal de personas durante el 2022, informó el Poder Judicial.
De acuerdo con los expedientes judiciales a los que se tuvo acceso, para los más de 25 “coyotes” se encuentran acumuladas sus acusaciones en al menos seis casos, de los cuales se han desarticulado parte de esas estructuras criminales dedicadas a cometer este flagelo a nivel nacional.
La semana anterior, en un foro sobre impunidad y su impacto en la migración irregular patrocinado por la USAID, en su proyecto Unidos por la Justicia, la abogada Tania López Nieto, fiscal de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas (UTESCTP), del Ministerio Público (MP), expuso acerca del plan de persecución penal vigente y el trabajo conjunto que realiza con agencias investigativas para poder elevar los casos hasta los juzgados y que culminan con sentencias condenatorias en la mayoría de los casos.
El MP realiza esfuerzos para combatir el delito de tráfico ilegal de personas mediante investigaciones proactivas dirigidas técnica y jurídicamente por fiscales de la UTESCTP, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como fiscalías regionales, locales a nivel nacional, con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI, Departamento de Delitos Especiales, Unidad Transnacional de Investigación-UTIC, Dirección de Inteligencia Policial-Dipol y la Organización Internacional de Policía Criminal-Interpol.
“Se trabaja identificando mediante técnicas especiales de investigación las formas de operar de las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilegal de
personas”, precisó la abogada López Nieto, quien actualmente dirige la sección contra el tráfico ilícito de personas (hombres, mujeres y niños), a lo interno de la Fiscalía.
MÁS DE 33 CONDENADOS
Detalló que el 2021, se interpusieron 132 requerimientos fiscales, por los delitos de tráfico ilícito de personas, lavado de activos y privación injusta de la libertad, relacionados entre sí a la misma actividad ilícita, habiendo sido acusados alrededor de 243 traficantes y se lograron 26 sentencias condenatorias, e imputados suman 33.
“Honduras es principalmente un país de emigración, con una cantidad significativa de nacionales residiendo fuera del país, especialmente en los Estados Unidos y España, el territorio nacional experimenta flujos intrarregionales de inmigración y movilidad transfronteriza como resultado de la ubicación geográfica, ya que comparte límites fronterizos con Guatemala, Nicaragua y El Salvador”, explicó.
Agregó que el tráfico ilícito de personas es un delito con graves implicaciones en materia de derechos humanos que se acentúa en tiempos de crisis. Con el estallido de la COVID-19, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y personas de la comunidad LGBTQI+, pueden enfrentarse a vulnerabilidades específicas debido a las circunstancias de su viaje y a sus condiciones precarias de vida y trabajo.
GOLPES ASESTADOS
Entre los golpes más fuertes asestados por la Unidad contra la Trata en los últimos dos años se destaca el realizado en noviembre del 2020, con la ejecución del operativo “Chakal”, en Tegucigalpa, Puerto Cortés, Nacaome, Tocoa, San Juan Pueblo y Olancho, y que dejó como resultados más de 20 capturas, entre los cuales figuraron cinco oficiales activos de la Policía Nacional, incluyendo una femenina.
La investigación reveló que hondureños, nicaragüenses, cubanos, hindúes y africanos en general, estaban siendo llevados hasta Estados Unidos por este grupo delictivo que transportaba cerca de 100 personas semanalmente.
La cantidad de dinero que paga cada migrante irregular hacia la Unión Americana va desde los 8,000 hasta los 12,000 dólares por indocumentado y si es un menor de edad la suma es más elevada.
Otro golpe ha sido el caso “San Lorenzo” contra 32 hondureños que fueron interceptados tras investigaciones y vigilancias, llevando de forma ilícita a 150 migrantes de nacionalidad nicaragüense, quienes tenían como destino los Estados Unidos.
Los implicados fueron detenidos a la altura de San Lorenzo, Valle, por parte de elementos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), luego de observar una caravana de 32 vehículos tipo turismo a bordo de los cuales se transportaban hombres, mujeres y niños.
Durante la acción los requeridos se identificaron como conductores de taxis VIP de San Pedro Sula y Puerto Cortés, a quienes les pagaron 10,000 lempiras por realizar el traslado de los migrantes. (XM)
