Urgen áreas de desaceleración en todas las carreteras de Honduras

Los diputados al Congreso Nacional aseguran que ya las carreteras del país deben de tener sus áreas de desaceleración, tal y como se estipulan en las normas internacionales.

Aunque por emotividad, los congresistas, sobre todo, de Libre, pidieron de inmediato la demolición de la caseta de peaje de Yojoa y la anulación del contrato que se firmó con la concesionaria para el cobro del peaje en toda la CA-5.

Sin embargo, diputados ponderados como Maribel Espinoza, del PSH, sugirió que el informe que se va a elaborar en el CN sobre el cobro del peaje en todo la CA-5, por parte de la Comisión Legislativa del Transporte, sea remitido al Ministerio Público.

“En mi opinión, es responsabilidad de los funcionarios públicos que autorizaron el cambio de esa caseta de peaje a un lugar inadecuado, por tanto, hay que deducirles responsabilidad por las muertes de esas personas”, demandó Espinoza.

REVISAR CONTRATO

Este CN debe ponerle fin a esta “caseta de la muerte” para salvar vidas y en los proyectos de ley que se preparan “le decimos a la concesionaria que tenemos instituciones que pueden ayudarnos a revisar este contrato, sobre todo las cláusulas leoninas, porque le dieron un bien público a esos empresarios, expuso Rasel Tomé.

Mientras, el diputado liberal por Choluteca, Yuri Sabas, hizo memoria y describió que el responsable de esas muertes en la llamada, es el estado de Honduras. “Porque el Estado permitió que se instalara en Santa Cruz de Yojoa.

“Aquí –dijo– a todo loco se le ocurre instalar una borda en cualquier carretera del país y en el caso que nos ocupa la concesionaria, lo hace porque le autorizaron poner una caseta de peaje, donde se violaron todos los tratados que Honduras ha suscrito en materia de vialidad”.

Sabas aprovechó la ocasión para demandar que en todas las carreteras del país se instalen áreas de desaceleración para el uso de vehículos en macha con problemas mecánicos, como lo exigen las reglas mundiales de viabilidad internacional y que Honduras ha suscrito.

Pero este CN no puede demoler de “dedo” esa “caseta de la muerte”, porque de inmediato el Ejecutivo será demandado, porque el gobierno anterior autorizó su instalación y por eso el Ministerio Público debe investigar quien lo permitió, demandó Sabas.

DEMOLICIÓN

Bartolo Fuentes, de la Comisión Legislativa de Transporte, reconoció que el CN no puede ordenar la demolición, pero si puede aprobar una moción exhortativa para que la Procuraduría General de la República revise el contrato con la concesionaria.

“Pero como comisión hemos hecho estudio de los peajes y en el caso que nos ocupa, el responsable de las muertes en la caseta de peaje en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, es el Estado de Honduras, porque es el que permitió que se instalara en ese lugar”, reconoció Fuentes.

Lo que falta que decir, es quien estaba dirigiendo el Estado de Honduras y quien firmó a nombre del Estado, porque esta autorización se convierte en una amenaza a las personas que transitan por esa carretera, expuso Fuentes.

EL CARACOL

Relató que cuando se hicieron los estudios de las instalaciones de casetas de peaje en la CA5, en ningún momento estaba la de la “caseta de la muerte” de Santa Cruz de Yojoa, porque en el contrato original se establece que debe instalarse en la zona llamada El Caracol, donde hay posibilidades de que los vehículos con desperfectos mecánicos puedan maniobrar.

“Pero de una manera perversa, la “caseta de la muerte” la cambiaron para que se instalara en Santa Cruz de Yojoa, porque la concesionaria y los que firmaron, por pura perversidad la instalaron donde está, para poder cobrar a los que se desvían en La Barca que van para Yoro, Atlántida y Colón”, delató.

15% de ISV

Como ejemplo, citó que el 15% de ISV que se le cobra al usuario en las casetas de peaje de la CA-5, lo convirtieron en un fondo que, en lugar de llegar a las arcas del Estado, le queda a la concesionaria, la cual por ese cobro ha recaudado más de 500 millones de lempiras que debieron ingresar al Estado.

“Y con eso que ha recaudado la concesionaria vía 15% de ISV es que ha hecho algunos remiendos en los municipios que cruza la CA-5 y con el cual mantiene motivados a las autoridades municipales de todo ese trayecto de la carretera del norte”, aseveró el congresista.

Agrego que dentro la concesión del peaje de la CA-5, entra el canal seco y como la obra se retrasó la concesionaria obligó al estado a pagarle en dos años el 20 por ciento de la proyección que proyecto hacer en esa nueva vía terrestre por peaje, “pero lo que paso fue que el pasado gobierno se los pago”. (JS)