Por: Carolina Alduvín
El Consejo Nacional Anticorrupción CNA, no forma parte del gobierno, es una instancia de sociedad civil con personería jurídica, duración indefinida y patrimonio propio, dedicada a prevenir, disuadir y combatir la corrupción en Honduras. La semana anterior hizo una amplia convocatoria para presentar a la ciudadanía, una radiografía sin retoques de la gestión parlamentaria; en la que 50 representantes liebres, 44 cachurecos, 22 liberales, 10 salvadores y 2 de los que nunca crecieron y suelen fungir como fiel de la balanza, han debatido abusando de dispensas y votado a favor, previo berrinche en espera de ofertas difíciles de rechazar.
El Congreso Nacional ha proyectado presentar 1520 proyectos de ley, de los cuales, solo 478 llegaron a las sesiones, 365 propuestos por congresistas propietarios, 85 por suplentes y 28 por el Poder Ejecutivo. Apenas 67 de ellos se aprobaron; o sea, el 14% hasta el mes de junio, con marcado sesgo hacia el Ejecutivo, cuyas propuestas se aprobaron en 50%, incluyendo lo que se aprueba de madrugada, como la elección del procurador y subprocurador general de la República para el período constitucional 2022-2026; situación que ocurrió bajo fuertes cuestionamientos al incumplirse requisitos legales y por el procedimiento empleado para seleccionar a dichos funcionarios, ya que bajo argumentos acomodados, se hizo sin considerar la finalización efectiva del período correspondiente a la anterior administración de la PGR.
Además, se hizo en un ambiente no propicio a una adecuada socialización y mucho menos bajo criterios de transparencia, en evidente omisión de una previa y consensuada agenda legislativa, al cobijo de una madrugada pocos días después de instalada la nueva administración presidencial. Por esas mismas fechas también se aprobó el infame pacto de impunidad por el cual se deja de perseguir y hasta se saca de las cárceles a los pocos acusados, capturados y juzgados por delitos comunes, mañosamente disfrazados de persecución política. Así, personajes indeseables tienen acceso al poder y a las arcas nacionales, en calidad de asesores, consultores y parásitos.
En cuanto al presupuesto del órgano legislativo, suma más de mil cuatrocientos millones de desplumados, con la modificación autorizada por una de las incondicionales del régimen, el cual se dilapida en salarios muy por encima del promedio de ingresos de los hondureños que sí trabajan. El informe menciona que existen diputados que ni siquiera han presentado una sola iniciativa de ley, igual sumas exorbitantes en pasajes, viáticos y otros gastos de viaje, más un amplio renglón en concepto de alimentos y bebidas, monto que sugiere que, en vez de legislar en favor de la ciudadanía, se la viven en francachelas y actividades turísticas. Debemos exigir una detallada rendición de cuentas a cada congresista. En resumen, nos fallan en:
1. Incumplimiento en las obligaciones contenidas en Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuanto a divulgar dictámenes, opiniones, iniciativas de ley presentadas, información catastral, mecanismos de participación ciudadana y estadísticas del comportamiento financiero. 2. No publica la documentación de respaldo que registra cada una de las fases del procedimiento que debe seguirse para aprobar cada ley, no está disponible ni la ciudadanía tiene acceso. 3. Incumplimiento al principio de publicidad, en cuanto a difundir actas de cada sesión como resultado de las votaciones sobre artículos, decretos o leyes -las cuales deberían consignar el voto de cada diputado- debates y dispensas de debates. Agenda legislativa previo a su desarrollo, listas de asistencia a las sesiones, informes de actividades de las comisiones legislativas ordinarias y especiales, así como todas las iniciativas de ley presentadas por diputados o ciudadanos. 4. La página web institucional permanece fuera de servicio, práctica negativa que violenta el derecho ciudadano de acceder a información oficial clave del poder legislativo. 5. Incumplimiento de obligaciones en cuanto a iniciar las sesiones legislativas en los horarios fijados por las convocatorias. 6. Falta de trazabilidad de las sesiones, es difícil encontrar información sobre las sesiones, tampoco se puede buscar una sesión que se desee observar.
Tenemos un Congreso Nacional ineficiente, poco productivo, legislando en contra del interés nacional, que casi no trabaja y por si fuera poco, con una directiva ILEGAL.
