Por: Carlos López Contreras*
Ha circulado un documento que, de ser auténtico, establece requisitos que deben cumplirse para que se establezca la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), pero está mal estructurado.
Veamos por qué. Primero: dice que la CICIH debe durar 10 años como mìnimo. Debe ser una condición del país cooperante, porque no es condición de una organización internacional.
Segundo: elección con estándares internacionales una nueva Corte Suprema Internacional, recomendación de imposible cumplimiento si la junta directiva opera de facto.
Tercero: derogar pacto de impunidad, requsisito también de imposible cumplimiento si no hay junta directiva legítima.
Cuarto: derogar el decreto 116-2019, de imposible cumplimiento por la misma razón que la anterior.
Quinto: abrogar el Código Penal, aplica la misma imposiblidad.
Sexto: legalizar la junta directival del Congreso Nacional. Esta condición debería figurar como la primera, para que las demás tengan sentido.
Séptimo: aprobar la CICIH por mayoría calificada, autonomía independiente. No aplica por no contar con el requsito anterior. Se trata en todo caso, de una condición establecida por el cooperante, porque resulta impropia de una organización internacional intentar imponer ese tipo de condiciones. Se lo prohible al artículo 2º, nùmero 7 de la Carta de las Naciones Unidas “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará; a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”.
En mi opinión, entre un Estado soberano y la ONU solo puede establecerse un acuerdo de cooperación, por acuerdo ejecutivo, el cual podrá ser renovado por el siguiente gobierno.
Este tipo de convenios no deben revistir las caracteristicas de un tratado internacional y, mucho menos, la imposición de cambios en la Constitución política y sus leyes fundamentales.
Yo he sugerido que se suscriba un convenio de cooperación con profesores de prestigio de universidades europeas que puedan cooperar con el Estado de Honduras en el fortalecimiento de sus instituciones jurídicas, lucha contra el abuso de poder, la corrupción y las redes criminales, por medio de seminarios, entrenamiento, técnicas de investigación, más no por medio de la suplantación de las funciones del Estado soberano.
Honduras como Estado soberano debe despojarse del abuso de poder y de todas sus secuelas, pero debe hacerlo por voluntad propia y con el apoyo de la cooperación internacional, profesional y de prestigio, no de políticos que ya no pueden seguir en sus países y buscan un espacio en las organizaciones internacionales.
*Ex Canciller de la República
