Por: Cnel. de Av. (r) José A. San Martín F. *
Los Partidos Liberal (PL) y Nacional (PN) han sido las instituciones que desde hace muchas décadas se han enfrentado políticamente para lograr convertirse en gobierno, en rectores del Estado de Honduras; recientemente se les agregó el Partido Libertad y Refundación (Libre), el más fuerte de entre otros de menor tamaño, que tomaron vida a raíz del “golpe al Ejecutivo” sucedido en el 2009 y cuyo titular era Manuel Zelaya Rosales. Las causas y circunstancias que provocaron este cambio del Ejecutivo, son otro tema que no es el propósito de este artículo.
Los estados de corte democrático mantienen su estabilidad practicando la consulta popular para definir a sus autoridades cada cierto periodo de tiempo; en nuestro país cada cuatro años. Posterior a los gobiernos militares, en 1982 se convocaron a elecciones generales para iniciar, nuevamente, la llegada de los gobiernos civiles, emprendiendo de este modo los nuevos mandatos dentro de la democracia representativa. Es así que reaparecen en el escenario nacional, las instituciones políticas que se mantenían en pausa mientras los militares ejercían el poder de la nación. A partir de entonces, nuestro país ha venido sufriendo cambios que no han satisfecho las necesidades de la población para vivir sin pobreza, con educación y salud de calidad, ni dentro de un ambiente de seguridad y tranquilidad. Los tradicionales partidos políticos no han podido, ni les ha interesado, alcanzar los objetivos que prometieron en sus campañas proselitistas, porque sus verdaderas metas han sido el poder y el lucro personal. Las razone
s de ello han sido de diversa índole, que van desde la negligencia e incompetencia hasta supremos actos de corrupción, unos en mayor medida que otros. A la fecha, el deterioro se ha venido magnificando, llegando al extremo de tener en la picota de la justicia, que no es la nuestra por ser corrupta, a funcionarios de muy alto nivel. Cuarenta años para terminar en esto, lamentablemente.
El reciente partido político, Libre, derivado del PL, se hizo del poder mediante elecciones generales. El pueblo lo decidió para hacer a un lado al partido que ostentaba el poder en ese momento, a pesar de haber intuido la afinidad de Libre con las doctrinas de izquierda; por las pruebas y evidencias de manoseos políticos, de narcotráfico y actos de corrupción comprobados por parte de algunos altos funcionarios de gobierno.
Desafortunadamente, a este actual partido en el poder se le asocia, con pruebas irrebatibles, a la doctrina del socialismo del siglo XXI y su simpatía a los mandatos del Foro de Sao Pablo, que trata de implementar en sus estados asociados las técnicas de manipular la democracia para alcanzar el poder con ofertas populistas, y de esa manera maquiavélica, convertirse en estados dictatoriales. En el corto tiempo estaríamos sintiendo este tipo de crisis que, sin duda, trastornan el orden social que hemos adoptado democráticamente.
Las actuales instituciones políticas en oposición, si desean continuar su vigencia dentro del escenario nacional, deben forzosamente buscar nuevas opciones para que las mayorías populares crean en ellas y logren aumentar su caudal político; pueden ser nuevas asociaciones o coaliciones, noveles protagonistas, honestos, que irradien confianza y propongan métodos creíbles y factibles que realmente solucionen los problemas que siempre han aquejado a la nación. Promover los lanzamientos de ciudadanos para que, en nombre de su partido, puedan, de manera independiente, participar en las contiendas políticas que buscan la Presidencia de la República o cualquier cargo de elección popular; no hacerlo, es negar la democracia.
Existe un estigma que aún no alcanzamos a comprender, todos los hondureños tenemos el derecho de elegir y ser electos, excepto aquellos que la ley no lo permite. Hemos tenido como titulares del Ejecutivo, electos democráticamente, a hondureños de distinta profesión, médicos, ingenieros, abogados, economistas y a personajes de menor estudio académico. Muy pocos son los ciudadanos exmilitares que han incursionado en la política; sin embargo, las puertas del debate político, del escenario que permite a todo ciudadano su derecho a aspirar alcanzar los más altos cargos públicos que la ley le permite, con todo derecho, están abiertas. Seguramente persiste la costumbre, y es ley constitucional, que a los militares en servicio activo se les prohíba hacer política.
El mal sabor que nos han dejado los recientes gobiernos de los partidos tradicionales, demanda que los hondureños busquemos nuevas opciones que permitan mayor flexibilidad, no solamente para democratizar a las actuales plataformas institucionales a lo interno de cada agrupación política, sino que ofrezcan esperanzas por un futuro mejor. Nuevos métodos, nuevos protagonistas, líderes verdaderos, propuestas ambiciosas que beneficien al Estado y a su componente principal: La población.
Ya se han visto a exmilitares, ciudadanos con formación muy particular que los convierten en personajes con habilidades, no solo castrenses, sino duchos en la formación disciplinaria y obediencia, acostumbrados al manejo de conceptos como la planificación, organización, etc. Como cualquier hondureño, son ciudadanos que gozan de las garantías individuales y el derecho a participar en política, como todos a los que la ley permite.
Es natural que posean opositores, como todos los que participan en política, así actúa la democracia, siempre y cuando se actúe de buena fe, dentro de la ley. Bien pueden ser la esperanza, la luz que asoma y que puede ser la inesperada opción política, además de aquellas que novedosamente implementen las actuales instituciones que tradicionalmente bregan en este delicado campo que forja los destinos de un pueblo, de una nación.
*Excomandante general de la FAH
