La mordaza no es democrática

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/ 31 de octubre de 2022
/ 12:01 am
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La mordaza no es democrática
Independencia y recuperación patria

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Por: Abog. Octavio Pineda Espinoza (*)

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término mordaza como “objeto que se pone en la boca para impedir hablar”, así y claramente expresa lo que en la práctica sucede y por lo tanto no deja lugar a equívocos por lo que las personas en el lenguaje coloquial cuando se le pretende censurar de alguna forma o vía ley se refiere a la misma como ley mordaza, esto con el propósito de señalar que se le pretende coartar la libre emisión del pensamiento por cualquier medio.

Nuestra Constitución de la República le da tanta importancia a este derecho que señala taxativamente en su Art. 72 que es libre la misma, hecha por cualquier medio de difusión, sin previa censura y que serán responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones, en el Art. 73 le garantiza a los talleres de impresión, estaciones radioeléctricas, de TV y de cualquier otro medio (redes sociales: Facebook, Twitter, etc.), que no serán confiscados los elementos para emitirla, ni que pueden ser clausurados o interrumpidos en sus labores sin incurrir en responsabilidad, mientras que en el Art. 74 literalmente dice: “No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información”.

El PCM 05-22 del gobierno mediante el cual crea la Dirección General de Información y Prensa de la administración Castro de Zelaya establece entre sus funciones la de realizar periódicamente un diagnóstico y evaluación de los recursos y capacidades de todos los órganos y dependencias del gobierno en materia de comunicación y redes sociales para coordinar acciones y racionalizar su uso y la de realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos que operan en el país, así como las redes sociales que operan el país. Para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros medios técnicos necesarios, también se incluyen funciones para la contratación de pautas publicitarias, monitoreo y análisis de las noticias diarias, manejo de cadenas nacionales de radio y TV y obtener el inventario de parte de Conatel de las radioemisoras, televisoras, periódicos impresos y digitales, contenidos que se manejen en las redes sociales del país y producir o contratar la producción de los contenidos publicitarios y materiales de comunicación y prensa, para ser usados en la estrategia de comunicación del gobierno, suscribir los contratos con medios convencionales o alternativos nacionales o internacionales bajo las normas de esa misma estrategia.

Esta regulación de la opinión y noticias difundidas por los medios puede dar lugar al abuso de autoridad y a la mordaza a la que me refiero al inicio del presente artículo, lo que sería grave para mantener la transparencia gubernamental y la posibilidad de una crítica constructiva de los programas de radio, televisión y redes sociales de todas aquellas acciones incorrectas, ilegales, abusivas y antidemocráticas de los funcionarios públicos y de la administración en general que le permita al pueblo hondureño hacer una valoración real de los aciertos y desaciertos de quienes gobiernan y de cuál es su verdadera agenda, además atentaría contra las libertades señaladas en nuestra Constitución de la República porque se impediría por medios directos o indirectos, la circulación de ideas y opiniones tan necesarias en una democracia.

Debemos estar atentos los ciudadanos y los medios de todo tipo ante todo intento de cualquier autoridad que se dirija en ese sentido porque no queremos que nos pase lo que a nuestros vecinos centroamericanos, así empezó la dictadura de Ortega en Nicaragua, regulando y suprimiendo todo medio opositor o que generara opinión en su contra, al extremo que metió presos a los dueños de diarios que no compartían la versión oficial, siguieron los curas, la supresión de los partidos políticos o su destrucción, de los candidatos incluso, que participarían en el último proceso electoral de ese país que fue una burla al pueblo y una desgracia que retrata de cuerpo entero al gobierno “muco” ante el contexto internacional que ya empezó a tener consecuencias negativas para esa nación y sus gobernantes y que nos debe servir de ejemplo para que eso no pase en nuestro país.

Debemos defender nuestra democracia por imperfecta que sea, debemos proteger las libertades públicas y nuestra Carta Magna, no sea que aquí nos quieran vender o imponer la idea y la decisión de violentarlas para quedarse en el poder más allá del período constitucional como lo hizo JOH con completo cinismo y complicidad del Poder Judicial y de muchos actores políticos y económicos mezquinos beneficiados por su régimen en detrimento de las grandes mayorías.

Alerta compatriotas!

(*) Abogado y Notario, catedrático universitario, político liberal.

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