Comisión investigará el desalojo en Punta Gorda
Los garífunas que fueron detenidos, ya están liberados.
“Se ha creado una comisión interinstitucional, la comisión estará en una visita in situ, del 9 al 11 de noviembre con el propósito de conocer la situación en Punta Gorda, investigará la verificación de títulos de dominio plenos y útiles”, dijo Natalie Roque, ministra de DD HH.
Ante el desalojo realizado en la comunidad garífuna de Punta Gorda, la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), ante la población nacional y comunidad internacional se pronuncia de la siguiente manera:
1. Manifestamos nuestra preocupación por el desalojo forzoso de la comunidad garífuna de Punta Gorda, establecida hace 225 años en ese mismo territorio, antes que Honduras fuera Estado independiente, por lo que les asisten derechos ancestrales, mismos que son reconocidos por el Estado de Honduras mediante la ratificación del convenio 169 de la OIT.
2. Las y los Defensoras/es del territorio están plenamente reconocidos por el Estado en la Ley de Protección a Defensoras y Defensores de DD HH, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en su artículo No. 5., por lo que el Estado deviene obligado a su protección.
3. El desalojo ordenado por instancias judiciales debió cumplir con las garantías y estándares mínimos de Derechos Humanos, que implican respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la garantía de reubicación y el no uso de la violencia. Instamos a la Secretaría de Seguridad y a los entes de seguridad del Estado a cumplir con dichos lineamientos.
4. Responsabilizamos al Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, por actuar de forma contraria a los estándares internacionales de Derechos Humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos’.
5. Cómo ente rector en DD HH instamos a la búsqueda de soluciones concertadas, no criminalizadoras, ni judicializadoras, de las personas defensoras de derechos humanos, cuyo rol es reconocido internacional y nacionalmente por las entidades e instituciones de derechos humanos.
6. Instamos a que se liberen a los y las defensores detenidos por la defensa del territorio ancestral: Dorotea Eliza López, Richard Armando Martínez Efraín Sánchez Gómez, Keyder Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez. Recordamos, desde nuestra función como promotores y garantes de la protección de los Derechos Humanos, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.
