Delito de la extorsión se está saliendo de las manos

MA
/ 15 de noviembre de 2022
/ 05:19 am
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Delito de la extorsión se está saliendo de las manos
Más mujeres están cayendo con la extorsión en la capital y San Pedro Sula.

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El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, advirtió que el delito de la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras, e instó a tomar mayores medidas de seguridad, sobre todo porque se acerca la época navideña en el país.

Mediante su cuenta de Twitter, el empresario hondureño indicó que el delito de extorsión ha provocado un 10 por ciento del desplazamiento forzado interno y externo en el país.

“El delito de la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras. Más allá del impacto económico que provoca a las víctimas, que van desde pequeños hasta grandes empresarios, ha provocado un 10% de desplazamiento forzado”, aseguró.

“Ojo se viene la época navideña”, apuntó Mateo Yibrín.

Durante el mes de diciembre, los trabajadores hondureños reciben el decimotercer mes de salario (aguinaldo), lo que provoca que durante las fiestas decembrinas se dispare el comercio en el país y esto, a su vez, provoca mayor extorsión a los comerciantes.

En Honduras se pagan anualmente entre 30 y 50 millones de dólares (entre 735 millones a 1,200 millones de lempiras) por concepto de extorsión, según un informe de Global Financial Integrity (GFI).

Algunos comerciantes han denunciado que el pago de la extorsión se hace hasta a tres o cuatro estructuras criminales, siendo estas la Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18, como dos de las principales, ahora se han unido los Iluminati.

La extorsión está tipificada como delito en el artículo 222 del Código Penal hondureño y establece una pena de tres a nueve años de acuerdo a la gravedad e insistencia del delito.

TRANSPORTISTAS

Muerte y temor a su paso es lo que está dejando la extorsión en la capital, así como a nivel nacional, operarios del transporte de buses rapiditos y taxis colectivos en los últimos días han recibido amenazas de grupos organizados que se dedican a cometer este flagelo, pidiéndoles más dinero.

Hace aproximadamente tres días el punto de taxis de la Torocagua-El Centro fue cerrado por los ruleteros, quienes de acuerdo a lo que informaron usuarios de esas unidades, se paralizaron tras recibir una carta extorsiva en la que les exigen más dinero.

Similar a esta situación, ocurre con el punto de buses rapiditos de la ruta Las Torres-Centro quien ayer amaneció paralizado luego de que el miércoles a uno de sus compañeros lo atacaran a disparos a la altura de la colonia Las Brisas de Comayagüela.

En tal sentido, los pobladores son los más afectados con estas medidas puesto que les tocará caminar.

De igual forma denunciaron que los efectivos policiales que operan en la zona no brindan seguridad a los usuarios.

En los últimos días el rubro del transporte se ha visto muy golpeado por la delincuencia dedicada a la extorsión, les han quemado al menos dos unidades de transporte y han matado a más de cuatro operarios de este rubro.

VENTAS

El portavoz de la Dipampco, Mario Fu, sugirió regular la venta de chips para celulares y las llamadas que salen desde los centros penales para combatir la extorsión en Honduras.

De acuerdo al funcionario, muchas de las llamadas extorsivas que reciben los comerciantes en Honduras provienen de reclusos que se encuentran en cárceles de máxima seguridad y es desde allí que se coordinan la mayor parte de los delitos en el país.

“Lo que ocurre es que se está vendiendo sin ningún tipo de control y regulación la venta de estos ‘sim card’, ya que facilita a las estructuras criminales la disposición de más de 15 líneas para sus ilícitos”, confirmó Fu.

Además, que alrededor del 79% de las denuncias atendidas por el Conadeh fueron registradas en los departamentos de Francisco Morazán (56%) y Cortés con el (23%); es decir, 8 de cada 10 casos denunciados ocurrieron en esos dos departamentos.

Entre enero y octubre de 2022, alrededor de 150 denuncias relacionadas a casos de extorsión y desplazamiento forzado fueron presentadas por las víctimas ante esa oficina.

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