Pruebas de confianza

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/ 15 de noviembre de 2022
/ 12:44 am
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Pruebas de confianza

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José María Díaz Castellanos

La prueba de confianza es un instrumento que se aplica para certificar la confiabilidad del servidor público en el cargo que desempeña (Artículo 4 N°.2 Ley Superintendencia de Pruebas de Confianza).
Hay veces que se pide hoja de antecedentes penales (en sede jurisdiccional). O antecedentes policiales. Se podría pedir referencias personales e incluso bancarias, polígrafo, estados financieros, prueba psicométrica, prueba toxicológica e incluso prueba de conocimientos como es el caso en el actual proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El llamado detector de mentiras o polígrafo es un tipo particular de instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas. El polígrafo se mantiene en el Código Procesal Penal. (Artículo 288). El Código Procesal penal mantiene incluso la fuerza en exámenes corporales y extracción de muestras del imputado (Artículo 107).

El 28 de febrero del 2013 la Corte Suprema de Justicia resolvió sin lugar los recursos de inconstitucionalidad contra el Decreto 89-2012 que contenía la Ley Especial para la Depuración de la Policía (Gaceta del 25 de mayo del 2012) y contra el Decreto 198-11 (Gaceta del 11 de noviembre del 2011, reformado por Decreto 05-12 (Gaceta del 21 de febrero del 2012, mediante los cuales se reformó la Ley Orgánica de la Policía Nacional contenida en Decreto 67-2008), (Gaceta del 31 de octubre del 2008). En el Considerando N° 6 que establece que los recurrentes señalan que el párrafo segundo numeral 1 y 2 del artículo 2, de la Ley Especial de Depuración de la Policía confronta los derechos de petición y de defensa al establecer: … “cuando el evaluado repruebe cualquiera de las pruebas que se le practiquen, esto será causal de despido justificado en forma inmediata de la Policía”. En el considerando (28) se refiere a las pruebas de confianza denominada “polígrafo”; el considerando (29) nos recuerda el artículo 88 Constitucional “nadie puede ser obligado en asunto penal disciplinario o de policía, a declarar contra sí mismo…”. El considerando N° 30 dice que el artículo 18-A contenido de la Ley Orgánica de la Policía Nacional enumera las pruebas de confianza tales como: toxicológicas, psicométricas, estudios socioeconómicos y patrimoniales y cualquier otro, y que los mismo no solo no fueron cuestionados por los recurrentes sino que esta Corte Suprema de Justicia no advierte en ellos vicios de inconstitucionalidad; sin embargo, advierte que en la práctica, todas las pruebas de confianza deberán ejecutarse en estricto respeto a la dignidad humana. Al final, la corte falló declarando no ha lugar a los recursos de inconstitucionalidad.

En el año 2013 se aprueba la Ley General de la Superintendencia para la aplicación de las pruebas de confianza. El Instituto de Acceso a la Información Pública estima que el polígrafo es obligatorio para todos los aspirantes a magistrados en esa fecha, pero además que los resultados deben ser “públicos” a pesar de que el articulo 7 dice que es “información reservada”. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional el párrafo tercero del artículo 8 y el párrafo 5to del artículo 16 de esta ley.

Se reforma luego la ley del consejo de la judicatura (derogada) donde se obliga a todos el personal a la prueba del polígrafo. El Reglamento de la Junta Nominadora en el artículo 24 contempla que la Junta Nominadora solicitara a los candidatos a magistrados, pruebas de confianza. (El Heraldo 22 de septiembre del 2015). El Frente Reivindicador Democrático del Colegio de Abogados, hoy en el poder en alianza, dice que el polígrafo es ilegal (Diario Tiempo 24 de octubre del 2015). El Comisionado de los Derechos Humanos opina que no se vulneran derechos porque todos los candidatos se someten “voluntariamente” a las reglas del juego (LA TRIBUNA 23 de octubre del 2015).

La Junta Nominadora del año 2016 después de una discusión entre publicar o no los resultados de las pruebas de confianza, se consideró que no por el artículo 14 de la ley de clasificación de documentos públicos, hoy derogada (Ley de Secretos).
Se reformó la ley del Ministerio Público en el sentido de que empleados y aspirante deben obligatoriamente someterse a las pruebas de confianza (Gaceta 18/3/2014).
En el 2015, la Sala de lo Constitucional, declaró inconstitucionales disposiciones de la Ley General de la Superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza (Gaceta del 25 de febrero del 2015).

En el 2017 JOH en el PCM 026-2017, declara obligatoria las pruebas de confianza en base a la Ley de Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Confianza. (Gaceta del 25 de marzo del 2017).
Conclusión: Las pruebas de confianza se pueden aplicar, pero no como causal de despido si los resultados no son favorables. En el proceso de selección actual, el polígrafo ha sido descartado.

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