Elevan a juicio causa contra exministro de COPECO
Ex secretario de Estado en COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes.
El juez del Juzgado en Materia de Corrupción en su resolución de audiencia preliminar dictó auto de apertura a juicio oral y público en la causa que se sigue a tres exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y un empresario, acusados por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia del COVID-19.
Se trata del ex Secretario de Estado en COPECO, Gabriel Alfredo Rubí Paredes y el ex subcomisionado Gustavo Adolfo Cruz Gómez, por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios; además de la exdirectora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Sierra, por el delito de fraude a título de cooperador necesario.
En este caso se encuentra prófugo de la justicia el exadministrador de COPECO, Cristian Elías Santeli, señalado de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que ya se notificaron a las partes procesales sobre la determinación del juez que conoció la causa, el expediente de esta causa fue remitido al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
De acuerdo a las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.
La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por ciento de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral qué empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.
Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma. (XM)
