Carlos López Contreras
Se afirma que, en principio, los atributos de la soberanía de un Estado consisten en la competencia exclusiva sobre su territorio, las personas que allí viven y los actos que allí se celebran.
Estrechamente vinculada a esta visión general se predica que una de las prerrogativas de la soberanía sobre las personas, físicas y jurídicas, es el del monopolio de la imposición de los tributos. Es la actividad a cargo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la cual bien administrada puede promover la inversión productiva y contribuir al dinamismo económico del país. Porque la SAR debe estimular la apertura de empresas y que se mantengan abiertas y prósperas, sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones tributarias.
Lo que resulta impensable es que la SAR, en lugar de promover la inversión se dedique a cerrar empresas a veces por un error de imprenta en la facturación u otros motivos que no merecen una sanción tan drástica y que, en lugar de fomentar la inversión productiva, más bien la desanima y ahuyenta. La consecuencia obligada es menor en oportunidades de empleo, en particular para la juventud que cada año aporta decenas de miles de mano de obra al mercado laboral.
También vinculado con una SAR ineficiente e irresponsable es el de la cancelación de la ley de empleo por hora. Aunque se derogara la ley mil veces, la prestación de servicios por hora continuará, porque el derecho al trabajo y la libertad de trabajo es una garantía constitucional, además de un derecho natural y humano, consignado en numerosas convenciones internacionales que Honduras es parte.
El problema de las acciones improvisadas o irreflexivas de gobierno consiste en que, el intervencionismo estatal, limita o anula la libertad de la persona humana o la actuación de las empresas en su actividad creativa: la gente acorralada, busca alternativas: migrando las empresas a otros países con políticas atractivas para el inversionista o, los ciudadanos, buscando en países donde encontrar mejores horizontes, seguridad y justicia, con todos los riesgos de los coyotes y del tráfico de personas.
Si a este cuadro dramático le agregamos la extorsión que sufren miles de habitantes de la República y que hace 22 años escuchamos promesas incumplidas de los gobiernos de que cuentan con las estrategias, recursos financieros, tecnológicos y humanos para vencer a los extorsionadores. Lo anterior, sin perjuicio de que ha habido períodos en que se ha observado un control relativamente mejor de la extorsión por las autoridades, pero nunca ha cesado por completo. Pregúntesele, si no al sector transporte y a los pequeños empresarios y los dueños de viviendas, privados de su techo y de sus ahorros, a veces también de sus vidas.
Con todo lo dramático y deplorable que es para nuestra población y nuestra economía, la extorsión tiene otra connotación que rara vez se menciona. Y es que esa actividad usurpa el monopolio de la tributación que pertenece al Estado.
Vale decir, que el Estado, representado por el gobierno ha perdido su competencia exclusiva como soberano de imponer y cobrar tributos. Esa competencia la comparte con la extorsión, sin que se sepa cuál de los dos obtiene más ingresos.
Si a todo lo anterior agregamos las masacres que han sucedido durante el presente año, el desmantelamiento del control del covid, el desabastecimiento de medicinas en los centros de salud y centenares de profesionales de la salud que recorren las calles y las plazas públicas en demanda de pagos atrasados de seis meses o más. Todo esto apunta que nos acercamos al abismo del Estado fallido, donde el Estado no puede o no quiere cumplir sus funciones fundamentales de soberanía territorial y marítima, se seguridad a los habitantes de la República y de la prestación de servicios sociales esenciales, incluyendo la educación.
Y, por último, no por ello menos importante, el abandono de la soberanía territorial y marítima. En el Congreso Nacional la junta directiva de facto se resiste a someter a la aprobación el tratado de límites marítimos con Nicaragua de octubre del 2021, renunciando de hecho a nuestra soberanía en el océano Pacífico.
El pueblo hondureño se pregunta, ¿renunciará el gobierno también a nuestros derechos soberanos en el Golfo de Honduras, donde actualmente se ventila un juicio terrestre, insular y marítimo en la Corte Internacional de Justicia entre Guatemala y Belice? ¿Está preparado el gobierno para defender nuestros derechos soberanos en la Corte Internacional de Justicia ante la demanda territorial de Belice?
¿Qué piensan de todo esto las Fuerzas Armadas de Honduras? Pues tienen constitucionalmente la misión fundamental de defender la soberanía territorial y marítima y el imperio de Constitución. Y esa defensa debe ser activa frente a enemigos externos de la soberanía como internos que la comprometan.
Honduras no debe permitir que se repartan entre sus vecinos nuestros espacios marítimos soberanos en el mar Caribe y en el océano Pacífico.
Se percibe un vacío peligroso que nos aceramos al abismo del Estado fallido.
¡Dios salve a Honduras!
