Por: Mario E. Fumero
La salud y la educación son las dos necesidades básicas y más importantes en toda sociedad, y de ella es responsable el gobierno. Estos derechos deben ser igualitarios para todos, ricos y pobres, y es deber de un Estado garantizar a todos sus ciudadanos la salud y la educación, y cuando un Estado no puede hacerlo, será un Estado fallido, pues si hay algo que tiene que estar socializado en una sociedad democrática son los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos a tener una buena educación y una salud digna.
Honduras enfrenta una crisis en estos dos aspectos, ya que contamos con una educación deficiente y una salud pésima. Respecto a la salud de los hondureños tenemos dos sistemas nacionales de asistencia para cubrir esta necesidad, una de ellas es la que obtienen los empleados que pagan, junto con sus patronos, el Seguro Social, y para aquellos que no pueden acceder al Seguro Social, por no tener un empleo fijo o remunerado, tienen la opción de acudir a los hospitales públicos y a los centro de salud del Estado, los cuales deben garantizarse a todos por igual una asistencia médica básica necesaria para la salud de la población.
Sin embargo, los sistemas de Salud Pública y social están en una condición caótica, ya que de nada sirve tener médicos o tener un Seguro Social, si cuando tenemos que recibir tratamiento, no tiene las medicinas más elementales, por lo que los enfermos se van con la receta del médico, pero sin recursos para comprar los medicamentos.
Una pobre señora que padece de hipertensión, fue a buscar las medicinas necesarias para controlar su estado crítico, y se encontró con la triste noticia de que no habían medicamentos para su mal, y me pregunto ¿qué será de aquellos que son diabéticos, o padecen una enfermedad aguda y teniendo su Seguro Social que pagaron fielmente, se encuentran con la triste realidad de que, a la hora de buscar sus medicinas, no las tiene la farmacia? Y si no pueden conseguirla por fuera, están sentenciados a la muerte. De manera tal que todo lo que han cotizado a través de los años, no le sirve de nada, porque el Seguro Social en realidad es un inseguro social.
Acepto que la calidad de la salud pública en Honduras pueda tener deficiencias debido a la cantidad de millones de personas que al no tener Seguro social, acuden a los hospitales públicos y centros de salud, pero no me cabe en la cabeza que aquellos que están pagando a través de los años su cuota de seguridad social, se encuentren que a la hora de buscar asistencia médica, tristemente no hallan lo que necesitan para tratarse su enfermedad, lo que refleja que algo está fallando dentro de este sistema de seguridad social que recibe recursos, tanto de los trabajadores, como de los empleadores.
Pero hablemos de la crisis en los hospitales y centros de salud públicos. Pudiéramos buscar muchas causas de esta situación en los sistemas sanitarios del país, ya que, podría obedecer a una mala administración que viene de décadas, o quizás al robo descarado que se puede hacer de los medicamentos, o la corrupción en los entes compradores, que adquieren medicamentos que ya están por vencerse, o por la tardanza en el proceso de compra y un largo etcétera, pero no cabe duda que la causa número uno de todos los males en la sociedad hondureña radica en la corrupción, que tristemente lo invade todo, y de ella no se escapan ni aun algunas iglesias cristianas.
Podemos salir al paso diciendo las causas la tiene el ministro de Salud, o el gobierno de turno, o la ineficiencia de los empleados. Pero ¡No! es un mal de todos, de algunos malos empleados, que se roban los materiales de oficina, de algunos profesionales que se llevan las medicinas, o dañan equipo para alentar los centros privados. De los políticos corruptos, que defraudan al Estado con compras amañadas, de la falta de sensibilidad social de muchos profesionales y del negocio que hacen algunos enfermos con sus medicinas, etc.
Y concluyo afirmando que es un deber del Estado invertir y socializar los servicios básicos de la población, tales como es la salud, la educación e incluso el transporte, para que gocemos de todos los derechos igualitarios que proclaman la Constitución.
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