Repartición incontrolada, destrucción de bienes y millonarias deudas encontraron en OABI

ZV
/ 19 de diciembre de 2022
/ 04:25 am
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Repartición incontrolada, destrucción de bienes y millonarias deudas encontraron en OABI
Ventas directas de dos fincas de palma africana incautada a “Los Cachiros”, estarían por declararse nulas, y se pagaron casi 60 millones de lempiras.

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Autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), en una auditoría realizada, encontraron más irregularidades que soluciones para continuar sosteniendo el mal heredado a lo interno de la institución, ya que existe deterioro, destrucción, pérdida irreparable y ocultamiento de bienes y productos financieros.

Además, muestra el clientelismo político en la asignación de bienes bajo la figura de comodato, arrendamiento y uso provisional, además de las millonarias pérdidas en los últimos tres años en concepto de intereses por encontrarse inactivo el Comité de Inversiones.

Al momento de revelarse el informe, se anunció que se turnará a las autoridades superiores una propuesta para que esa institución sea liquidada y abierta nuevamente, porque se muestra una pérdida que asciende a más de 1,000 millones de lempiras.

“Determinamos hacer la auditoría para saber con qué contábamos exactamente, nuestra propuesta es liquidar la actual y crear una nueva OABI con una ley que mejore sus aspectos o reformar la actual, para realizar sus actividades”, afirmó el director de la OABI, Jorge González.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

Del informe se señala que ante la falta de personal calificado para el cuidado de semovientes, sumado el manejo inadecuado del fideicomiso de bienes que pertenecieron a la familia Rosenthal, se extraviaron 891 vacas y 59 equinos valorados en más de 20 millones 996 mil 500 lempiras.

También se detalló que hubo un robo de ganado sin precisar la cifra y la muerte de 352 animales que al convertirlo asciende a más de cuatro millones 778 mil 800 lempiras, haciendo un total solamente en ese caso de 25 millones 775 mil 300 lempiras.

Otra de las millonarias pérdidas que la Oficina Administradora detectó durante la auditoría es con la empresa Cuasa, cuyo rubro es la cosecha y exportación de okra que entre enero a julio del 2021 se desecharon más de 204 contenedores de este producto causando un perjuicio económico que asciende a más 60 millones 979 mil 335 lempiras, además que la empresa adeuda más de 13 millones de lempiras.

En concepto de préstamos puente de la OABI a empresas que están al borde de la quiebra, ascienden a 67 millones 933 mil 919 lempiras. Es de precisar que en la auditoría no se halló evidencia de estudios de factibilidad realizados para otorgar dichos préstamos donde resalta el otorgado a la empresa Mangys Store que en el 2020 le otorgaron 40 millones 157 mil 835 lempiras con 56 centavos en siete meses, concentrando el 59 por ciento de los préstamos otorgados.

MALA ADMINISTRACIÓN

La OABI dejó de percibir más de 66 millones de lempiras por la mala administración en inversiones entre los años 2019, 2020 y 2021, debido a la inactividad del Comité de Inversiones.

Entre el 2011 al 2018, se mostró que sin liquidar en la OABI se distribuyeron mediante resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a instituciones públicas y ONG´s, más de 445 millones de lempiras.

En concepto de arrendamiento dejados de percibir por la OABI, la cifra asciende a más de 264 millones de lempiras.

La Oficina Administradora muestra una deuda con cuatro empresas de seguridad por más de 151 millones y se pagaron más de 21 millones por concepto de un software que no se implementó en las empresas administradas por esa institución.

En el 2020, la dirección ejecutiva nombró al tercero especializado a la licenciada Kensy García Torres en el cargo de un reconocido hotel, posteriormente la nombraron como gerente administrativa de las empresas Marinos Pescadería S. de R.L. Marinos Seafood, Ninas S. de R.L. y Monos Grills, sociedades mercantiles decomisadas en el operativo “Perseo I”, contra Los Barralaga.

Todas estas empresas sin excepción fueron objeto de una mala administración a tal grado que Ninas cerró operaciones y actualmente se encuentran en una situación financiera crítica el resto de las empresas.

Se indicó que, en el transcurso de un año y medio, García Torres quebró las cinco empresas que fueron entregadas en situación financiera saludable, igual situación presenta una gasolinera en San José, Intibucá, administrada por el tercero especializado, Edwin Gavarrete, por mala administración que tiene una deuda de casi dos millones de lempiras en concepto de arrendamiento quebrando en septiembre del año pasado.

También figura el incumplimiento del pago de arrendamiento del Zoológico Joya Grande, cuya deuda asciende a octubre del 2020 a siete millones de lempiras, ya que no depositaron garantía bancaria, y parte de la renta fija que ingresaba a la cuenta de la OABI fueron retirados tres millones 300 mil lempiras, desconociéndose el destino de los fondos.

VENTA DIRECTA A FUNCIONARIOS

Entre las irregularidades en subastas y ventas directas el informe muestra que hubo un caso por la venta de una camioneta marca Land Rover, año 2015, a la secretaría general de la OABI, vendida en subasta presencial el 30 enero del 2021. Esta transacción mostró incongruencias, como la asignación en 2020 para uso oficial del abogado Melvin Cerrato, quien en ese momento fungía como secretario general. Otra es que, según constancia firmada por Héctor Martínez, actual encargado de la unidad de ventas de una empresa rentadora, participó en esta subasta y presentó como garantía un cheque a nombre de la OABI debitado de la cuenta, cuyo titular era el togado Cerrato.

En el acta de adjudicación, firmada el 30 de enero del año pasado, por los abogados Francisco Flores Bonilla y Melvin Cerrato, quienes fungían como director y secretario general, respectivamente, es de precisar que el impulso para someter dicho bien a subasta fue hecho por la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados (UBID), asimismo, las bases de esta no fueron firmadas por el usuario ni por los representantes de la OABI, el pago se realizó el 12 de noviembre de 2021.

De igual manera, se muestra en el informe otra venta directa irregular al ex subsecretario de Gobernación y Justicia, Ricardo Montes Nájera, a quien le adjudicaron dos camionetas de lujo y un vehículo Pick-up de lujo, uno de ellos fue incluido en una de las subastas, sin embargo, dos días antes le fue vendido de forma directa el 20 de enero de 2022 por 264 mil lempiras, el otro también presenta la misma circunstancia se lo vendieron a 250 mil. Esta venta carece del requisito legal establecido de haber sido sometido a dos subastas previas y declarada fallida su venta.

Referente a una de las camionetas de lujo Land Cruiser Prado, año 2013, se la vendieron de manera directa por 617 mil lempiras, precio más bajo de los dos avalúos previos solicitados por la abogada Nancy Hernández, jefe de la unidad de ventas a nombre de ella misma.

Los avalúos deben solicitarse a favor de la OABI, el primero era de 670 mil y el otro por 617 mil tomándose como referencia este último y este vehículo no pasó por el proceso de dos subastas previas.

También se realizó una venta directa irregular de una camioneta Prado, al que fuera secretario de la Comisión Interventora del SANAA, Wilmer Núñez, comprobando por las actuales autoridades que no se encuentra inscrito como cliente de subastas o ventas directas de la OABI.

No presentó constancia de antecedentes penales ni policiales, no existe dictamen legal, resolución ejecutiva, ni acta de adjudicación del bien, no se encontró factura ni comprobantes de depósito, sin embargo, esta venta se aprobó a través del oficio SPSG0-2022 de la Secretaría de la Presidencia en referencia al oficio OABI –DE-120-01-2022, fijando un precio subvaluado de 652 mil lempiras.

FINCAS DE LOS CACHIROS

La Secretaría de la Presidencia del gobierno anterior autorizó a través del oficio SDP-417-2021, la venta directa de una hacienda ubicada en aldea Las Minas de Carbón, Las Flores y Tegucigalpita, Victoria, Yoro, polígonos a y b, 209 manzanas por tres millones 135 mil 600 lempira, al señor Karlo Manrique Paredes, quien no estaba registrado como cliente, no se encontró factura, ni constancia de antecedentes penales y policiales, y no se realizó el proceso de dos subastas previas.

Ese despacho del Estado, también aprobó la venta directa de dos inmuebles en Palmeras, Tocoa, Colón, por 12 millones 401 mil 527 lempiras con 79 centavos, pagándose en enero de este año el 10 por ciento de la venta que asciende a un millón 240 mil 152 lempiras y 79 centavos, al apoderado legal de Intraicsa, Papin Mauricio Romero, comprobándose que no se registró como participante de subastas.

Estos bienes tampoco pasaron por el proceso de dos subastas previas, el beneficiado con este bien pidió prórroga para hacer el pago total del bien, debido a que no le aprueban el préstamo en el banco y existe actualmente otra propuesta de compra.

Finalmente muestran dos ventas directas de dos fincas de palma africana en Trujillo, Colón, al señor José Max Benítez, apoderado legal de Aprova, a quien se le adjudicó la venta de la finca La Pavana, cuyo precio de venta fue de diez millones 500 mil lempiras y la finca Cahapagua y Tumbador por 48 millones 432 mil 20 lempiras.

Ambas fincas, la Fiscalía se las incautó a los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, líderes del cartel de “Los Cachiros”, y en ambas ventas surgió lo mismo que en las demás que no eran participantes ni presentaron requisitos. Poco antes de la toma de posesión del actual gobierno se ejecutaron ambas ventas por orden del Ministerio de la Presidencia, en ese momento la OABI no cumplió con los procedimientos legales establecidos, según el informe de la Unidad Jurídica (UJ).

De acuerdo con lo expuesto, el 2 de febrero de 2022, cuando las subastas se habían realizado, la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados (UBID), remitió a la Unidad Jurídica un total de 229 expedientes solicitando que se emitieran los dictámenes y resoluciones de ambas subastas.

A consecuencia de esto, la Unidad Jurídica estudia la posibilidad de recomendar que se declaren nulas tales operaciones.

En total la OABI ha incautado desde el 2003 a septiembre de este año, un total de 7,099 bienes, entre ellos 3,043 inmuebles, 3,742 vehículos, 57 aeronaves y 257 embarcaciones. (XM)

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