La caída de Castillo

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/ 28 de diciembre de 2022
/ 12:01 am
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La caída de Castillo

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Eduardo Enrique Fuentes Cálix

El pasado 7 de diciembre, el expresidente de Perú, el maestro y líder sindical Pedro Castillo, fue detenido después de que el Congreso de su país lo destituyera por anunciar horas antes la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”, con miras a la instalación de una asamblea constituyente.
El delito por el que se le acusó es el de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal de Perú, por quebrantar el orden constitucional.

Es la tercera vez que Castillo enfrenta una moción de vacancia desde que asumió el poder. Convirtiéndose así, en el quinto proceso de esta naturaleza para un presidente en ejercicio en los últimos cinco años. Desde el 2016, Perú ha tenido la sorprendente cantidad de cinco presidentes, incluyendo a Pedro Castillo quien fue elegido en julio del 2021.
El gobierno del líder izquierdista había estado sumido en el caos desde su toma de posesión, con docenas de ministros nombrados, reemplazados, despedidos o que renunciaron a sus cargos, lo que aumentó la presión sobre él.

Para admitir la vacancia de un presidente en Perú, se necesitan 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso. La votación contra Castillo obtuvo 101 votos a favor.
La división de poderes a través del principio de “pesos y contrapesos”, evita que el poder se concentre en pocas manos o en una sola y garantiza la soberanía del pueblo y su adecuación a la Constitución, legítima el ejercicio del poder.

En Perú, como en la mayoría de países latinoamericanos, las reglas están claras, hay una Constitución de la República que establece la manera de gobernar, así como el ejercicio del Estado de derecho; eso nos hace preguntarnos ¿por qué un mandatario decide violar el Estado de derecho? ¿Es una Asamblea Constituyente la solución a los problemas de Latinoamérica?

La Constitución de un país permite que la razón de cada individuo se comprometa a abandonar su libertad natural, salvaje y sin ley, y la recupere luego como miembro de una comunidad. Las normas jurídicas no pueden atentar contra la distribución de la riqueza existente en la sociedad, pero tampoco tienen facultad alguna para impedir el enriquecimiento legítimo y el ascenso social de quienes, situados en cualquier nivel de la sociedad, usan su esfuerzo y su talento para buscar una mejor condición.

El intento de Pedro Castillo de neutralizar la vacancia en su contra con la disolución del Congreso, terminó con él fuera de la presidencia, con su persona dentro de una ergástula policial y calificado ampliamente, como antidemocrático.

Las fuerzas armadas peruanas rechazaron el intento de Castillo de disolver un poder del Estado, calificándolo de “violación de la Constitución”. Y la propia Dina Boluarte, su sucesora y compañera de fórmula como vicepresidente, criticó el plan de disolución de Castillo, calificándolo como “un golpe que agrava la crisis política e institucional del Perú, la que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
Boluarte ascendió al poder de manera repentina, luego de que su predecesor fue destituido. Su gobierno sucede en un momento en el que la corrupción y el descontento, desafían a las democracias de América Latina, mientras varios sectores de la sociedad exigen el adelanto de las elecciones, por no simpatizar con la presidente Boluarte quien el 12 de diciembre, propuso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, la cual fue aprobada por el Congreso este 21 de diciembre.

Recordemos que Chile, país vecino de Perú, el que también fue víctima de la marea rosa en Latinoamérica, ya rechazó en las urnas, por amplia mayoría, una propuesta de una nueva Constitución la que hace 2 años había aprobado redactar.

Los congresistas del Perú, dieron una demostración del principio de pesos y contrapesos, ya que incluso, muchos de los diputados a fines al expresidente Castillo, apoyaron la moción que lo removió del cargo. Destacándose en ese quehacer constitucionalista, la participación de las Fuerzas Armadas de este hermano país, pues, ante una posición difícil y encontrada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, actuó de acorde a la Carta Magna y garantizó la transición ordenada en el ejercicio del poder, demostrando la importancia de las organizaciones castrenses en una democracia moderna y con ello ratificó que la norma no es un instrumento del poder sino, que el poder, es un agente de la norma y que ante a la amenaza de las libertades y las democracias, siempre habrán instituciones y sobre todo, ciudadanos dispuestos a dar un paso al frente en procura de preservar el Estado de derecho.

Lilia Paredes Navarro, la esposa del expresidente de Perú Pedro Castillo, y sus dos hijos llegaron el 22 de diciembre a México, país que les ha concedido asilo político.

Máster en gobierno & Administración Pública y Catedrático Universitario
Twitter: @eefuenteshn

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