Cuatro municipios de Olancho incluidos en estado de excepción
El PCM-001-2023 permite que el estado de excepción siga por 45 días más en 73 colonias y barrios del Distrito Central, de San Pedro Sula y ahora en Olancho.
Cuatro municipios del departamento de Olancho, en especial zonas que han sido estremecidas por constantes crímenes, fueron incluidos en la extensión del estado de excepción autorizado por el Gobierno de la República en el inicio del 2023.
Una vez que las máximas autoridades de Honduras decretaran la medida para reducir la incidencia criminal en la nación, diputados de la parte oficialista sugirieron incluir a este departamento.
Entre los congresistas, Carlos Zelaya, secretario del Congreso y Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libertad y Refundación, consideraron que el estado de excepción debería abarcar a Olancho.
“En un esfuerzo para garantizar paz y seguridad de nuestro pueblo, inicia a nivel nacional, ahora también en nuestro departamento Olancho”, señaló el diputado Sarmiento en redes sociales.
La fuente parlamentaria añadió la publicación del diario oficial La Gaceta, donde se oficializan todas las medidas del nuevo estado de excepción que estará vigente hasta el 20 de febrero de este año.
“Juticalpa, Catacamas, Culmí y Patuca un nuevo periodo de 45 días el estado de excepción en zonas focalizadas a partir del 6 de enero de 2023”, concluyó Sarmiento.
La restricción o la suspensión de los derechos fundamentales de la población hondureña están amparados en el artículo 187 de la Constitución.
Con el estado de excepción se suspenden garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103, relacionadas a la limitación del ejercicio del derecho a las libertades individuales, de asociación y circulación y la inviolabilidad de domicilio, y quienes violenten las disposiciones son detenidos por 24 horas.
Durante los 60 días del estado de excepción en su primera etapa, hubo resultados a favor de la ciudadanía, entre ellas bajó el 60 por ciento las denuncias por el flagelo de extorsión y el marcado descenso de muertes violentas en barrios peligrosos de Tegucigalpa y de San Pedro Sula.
Además, no se recibieron quejas por abuso a los derechos humanos, de la población y un hecho a destacar es que no se reportaron operadores del transporte asesinados, de acuerdo con el informe de resultados durante esa jornada de operativos.
