Estado de alarma por la elección de magistrados
¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Por: Óscar Armando Valladares
Honduras, madre y patria en espera, se apresta a la elección de nuevas autoridades del poder judicial. En la era del bipartidismo, los magistrados devenían de recíprocas alternancias (ora 8 liberales y 7 nacionalistas, ora 7 liberales y 8 nacionalistas, en números esquemáticos), con lo que la discusión en el Congreso era menos conflictiva.
Empero, la aparición del Partido Libertad y Refundación (Libre) y su triunfo en los comicios generales de 2021, confieren a esta elección un carácter “inusual” por los factores políticos en contienda y los intereses económicos y sociales en juego, al grado de que el gobierno y la variopinta oposición -ligada de algunos modos con los regímenes de los doce años- viénense duramente confrontando de viva voz y en los espacios mediáticos, no ajenos estos a lo que habrá de darse el próximo miércoles 25, fecha estipulada para el nombramiento de los quince funcionarios judiciales en la cancha gallinácea del Congreso Nacional.
Ahora bien, los sectores y personas partícipes en el golpe de Estado de 2009 e involucrados después en la reelección inconstitucional de JOH colúdense en el propósito de cuestionar la legalidad de la junta directiva del cuerpo Legislativo que preside Luis Redondo, no obstante que la bancada nacionalista participa en comisiones e introduce iniciativas de ley en tácito y expreso reconocimiento de la susodicha directiva, de la misma manera que la cúpula azul argumentó en su momento que el continuismo de Juan Orlando fue “avalado” por liberales y libres al concurrir a la justa electoral de la que provino -con fraude o sin él- el segundo período de quien -hoy por hoy- ocupa un aposento carcelario de EEUU. Si en verdad quieren hacer “oposición constructiva”, ¿por qué los diputados cachurecos -en un acto de caballerosa consecuencia- no sanean la alegada ilegalidad de Redondo y compañía mediante nota por todos suscrita en la que “ratifican” dicha elección? En todo caso, a ellos se debe el problema en cuestión, cuando pretendieron -con disidentes de Libre- mantener el control congresal a través de un Jorge Cálix “complaciente”.
Lo cierto es que no hará tal cosa la bancada que sigue las directrices trazadas por Juan Orlando, círculo político y empresarial en el cual giran conocidas personas que se beneficiaron durante la dictadura y que, en los foros televisuales algunas de ellas deslizan la amenaza de otro madrugón si la indicada directiva no es “corrida” y, peor aún, si bajo su batuta se produce la elección. ¡Lo que son las cosas cuando no son del reducto que provee el sistema! Mientras el gobierno anterior alineó los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo, Judicial- a su servicio y en beneficio de grupos fácticos -empresariales, castrenses, mediáticos, religiosos- sin cuestionamientos de los moralistas que ahora sí vociferan, el gobierno actual se ve a “palitos” en su pretensión de cumplir con el programa de actividades públicas ofrecidas al procomún.
He aquí el quid, el por qué se lucha a brazo partido por el control de la Corte Suprema de Justicia. Si carece del mismo, la mandataria Xiomara Castro y su administración quedarán atadas de pies y manos. Los grandes males sociales que, como los graves padecimientos orgánicos, requieren grandes remedios no podrán ser atendidos. Asimismo, los atracadores del fisco, los violadores de la Constitución, los instigadores y beneficiarios de las ZEDE, etc., podrán seguir tan campantes en el lecho florido de la impunidad. A ello juegan con balón adelantado e invocan -con el sesgo oportunista que les caracteriza- la aplicación de pesos y contrapesos en su favor.
Así que lo esperado -a doce días plazo- es, dicho en fórmula manida, de pronósticos reservados. Obedientes al Ejecutivo, las dos últimas magistraturas allanaron la creación de “tribunales autónomos e independientes”, inclusive con magistrados y jueces extranjeros, para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuyos propietarios exigen estas y otras prerrogativas ensartadas en la Ley Orgánica de 2013, pese a la derogatoria iniciada en 2022. Las presiones y amenazas golpistas, denotan lo que el máximo órgano jurisdiccional entrante haría y desharía -en este y otros casos- si los interese creados logran una vez más tener mayoría de togados y togadas en la cabeza de la Suprema Corte, a ratos calificada de tenebrosa por los recursos de que se ha hecho eco y las resoluciones no siempre apegadas a la justicia: todo por el entremetimiento de órdenes superiores domésticas y foráneas.
