Pirámide de privilegios: origen de las crisis (LETRAS LIBERTARIAS)

Por: Héctor A. Martínez (Sociólogo)

El lector se preguntará por qué los políticos se pelean por la aprobación de un presupuesto nacional; por qué tanto nerviosismo para acreditar ese instrumento distribuidor de la riqueza nacional que, por cierto, proviene en su mayor parte del sector privado. La respuesta es bien sencilla: según la teoría, el Estado debe ser el garante y depositario de una parte de la riqueza para distribuirla con fines de inversión social, entiéndase, educación, salud e infraestructura. El problema es que en países pobres como Honduras, la distribución se entiende como una simple transferencia de fondos hacia los sectores que apoyan ideológicamente al partido en el poder.

Los políticos de mi generación entendieron que para mantenerse en el poder y legitimar a cualquier gobierno, la transferencia de privilegios a los más necesitados debía convertirse en el “quid” ideológico del Estado moderno. Por recomendación de los economistas de pizarrón, los políticos se encontraron con la piedra filosofal del siglo XX, el llamado “Estado de Bienestar”. A partir de ese momento, el Estado cambia el rol de facilitador de las aspiraciones individuales -que es el papel que le corresponde-, al de un ofertante de bienes y servicios colectivos, que es el papel que no le sienta nada bien. En pocas palabras, comenzaba la era del ignominioso intervencionismo estatal, origen de los conflictos que nos ocupan hoy en día.

Aquí entre nos, la finalidad del Estado no es la proyección social, sino la transferencia de recursos hacia los más privilegiados. El Estado se comporta como una agencia de asignación de beneficios, en forma de dinero y favores, que se reparten para garantizar el apoyo popular.

Para entender cómo funciona el Estado, imaginemos una pirámide, en este caso, de privilegios. El poder real yace en el vértice superior, y, más abajo, a modo de mandos intermedios, los obedientes secretarios y directores con altísimos salarios. Los menos privilegiados se encuentran en la base; son los mismos que se pelean las migajas presupuestarias, es decir, los protagonistas de los noticiarios matutinos: los que se toman los portones de los edificios exigiendo sus “derechos”.

Alrededor de la pirámide mayor existen otras pirámides de menor tamaño, conformadas por activistas, sindicatos, gremios de salud, magisterio y campesinos. Todos son regateadores del presupuesto nacional; todos quieren la partida más grande del tesoro “público”: son las “marabuntas” de la selva politiquera. Su razón comercial no es la “derrama” de las transferencias, sino el descuartizamiento de los recursos. En el subsuelo tenemos a la plebe, la razón de ser del Estado; la que no tiene acceso al poder ni a los favores, más que en los textos sobre la teoría del Estado moderno. Es esa minoría -de entre millones- la que recibe la nadería de los bonos de asistencia social en cada gobierno.

Los pobres son la mejor excusa politiquera. Sin ellos no habría transferencias de privilegios para burócratas, especialistas y asesores que se dedican a obedecer y a mantener la imagen del gobierno, a cambio de altísimos salarios y prebendas. Sin pobres no habría transferencias, regateos presupuestarios ni mercedes de legitimación política.

Para darle mantenimiento a la pirámide de beneficios se requiere de un financiamiento extraordinario que, en tiempos de crisis -permanente- se obtiene por cualquiera de las siguientes vías: endeudándose irresponsablemente, aumentando los impuestos, o emitiendo dinero. Las tres son fuentes de crisis sociales, especialmente cuando el pago de la deuda restringe los bienes y servicios para la población; el alza de impuestos desincentiva la inversión, y la emisión de dinero sin respaldo genera una inflación galopante.

En un gobierno socialista, la pirámide de privilegios tiene a abultarse. A mayor burocracia, mayor control sobre la población; se garantiza la lealtad al partido, y se asegura la prolongación del partido en el poder. Es fácil predecir el futuro: tras las crisis, vendrán los enfrentamientos entre privilegiados y excluidos. Para cuando eso suceda, habrá gases lacrimógenos para todos, y, por supuesto, decretos de emergencia. “Soberano es -decía Carl Schmitt-, el que decide sobre el estado de excepción”.