EL incremento a las tarifas del peaje, el mismo sopapo que la concesionaria acostumbra dar, cada inicio de año –regalo de Día de Reyes– amenazaba con otra revuelta de transportistas. Menos mal que fue desautorizado por la Casa de Gobierno. La respuesta de la empresa no se hizo esperar: “El contrato suscrito con el Estado de Honduras no requiere de ninguna autorización para la aplicación de los ajustes de la tarifa, por lo que deberá el Estado asumir las consecuencias legales y económicas de esta decisión”. ¿A qué consecuencias legales y económicas se refiere la amenaza? Lo anterior da la medida de la forma abusiva como operan estas transnacionales amparadas en los términos obsequiosos de lo negociado cuando les dieron la concesión. Y esta no es la primera vez que se disparan con aumento de tarifas sin que la opinión pública –por lo menos los usuarios de las carreteras que sufren directamente el golpe propinado–tome conciencia sobre cuál sean las razones que arguyen. Lo mismo dijimos la última vez que subieron la tarifa sin decir “agua va”.
Esos peajes han sido un dolor de cabeza desde que se instalaron. Nunca aclararon los términos opacos de ese contrato con la empresa; sobre todo la sospecha de ¿cómo fue que les autorizaron cobrar tasa de pasada por varios de los tramos carreteros que ya estaban pavimentados? En aquella ocasión, la misma autoridad supervisora de las público-privadas admitió que “esta concesión se otorgó para proteger una inversión de 240 millones de dólares que costó la obra, misma que fue construida con fondos de la Cuenta Desafío del Milenio y préstamos nacionales con organismos multilaterales de crédito”. O sea que les permitieron el usufructo –de pasada de vehículos por las casetas que colocaron– de tramos carreteros que no fueron construidos por la concesionaria sino pagados con fondos nacionales y recursos tomados de la asistencia internacional. Lo ético hubiese sido el cobro por carretera hecha por la empresa no por dar mantenimiento a tramos de carretera ya construida y pavimentada. Sumado a lo anterior, dimos algunas razones que originan protestas de los indignados en esas estaciones de peaje. La empresa nunca se preocupó por hacer imagen institucional, ni siquiera de promoción sobre la utilidad del servicio que presta. Y, como sucede con otras transnacionales –que ahora hasta billeteras electrónicas manejan, a las que les cayó el premio gordo de una concesión como lucrativo negocio de explotación del mercado nacional– tampoco han tenido sensibilidad alguna por proyectarse a las comunidades. Deducen, erróneamente, que solo porque calzan sello extranjero –y aquí hay falta de autoestima por lo propio y embeleso por lo ajeno– la gente tiene que tener buena impresión de la transnacional. No es así. La imagen se hace, se construye, se gana y se mantiene. Presuntuoso de su parte asumir que el público tiene la obligación de tragarse que prestan un servicio necesario. Pero ya en otro plano, hay que sopesar el costo-beneficio de haber dado a una empresa extranjera el mantenimiento de los troncales más importantes del país, y de los puntos estratégicos de la infraestructura vial.
Hay que considerar otros aspectos sensitivos a la economía nacional. Este cobro excesivo de peaje –cargado a los furgones y al transporte de carga– sin duda que afecta el grado competitivo tanto del puerto insigne que tenemos, como del sector industrial ubicado en el litoral atlántico. La red de carreteras que comunica a los países vecinos con el nuestro y que conducen al norte del país –lo que se conoce como el canal seco– debe ofrecer una vía rápida y expedita para el transporte, pero también no representar un costo innecesario adicional. La competitividad de Puerto Cortés de ello depende, y de allí el interés que esa continúe siendo la vía preferida y más económica para el envío e ingreso de mercancías. El siguiente párrafo del comunicado de la concesionaria roza en la insolencia: “La decisión política, unilateral e inconsulta, de “instruir” a COVI Honduras a revertir el aumento al peaje estipulado en el contrato de concesión pone en riesgo el mantenimiento de la carretera CA-5 Norte –única en buen estado en el país– y envía un mensaje negativo a la inversión privada, incumpliendo lo establecido en el Decreto Legislativo que aprobó el Contrato de Concesión”. (A propósito, el Sisimite repite algo que escuchó: “¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Hay posibilidad de tarifa de grupo? Winston responde a la broma: “Aquí no bromean, el peaje lo cobran, yendo y viniendo, de ida y de vuelta”. Ah, y en otros lados, se autoriza cobrar peaje en una carretera solo si existen vías alternas que los pasajeros puedan tomar sin pagar nada).
