Por: Jorge Raffo*
A finales del siglo XX, Pease afirmaba en su “Breve historia contemporánea del Perú” que “los últimos años fueron marcados por el terrorismo sanguinario y la crisis económica estimulada por la corrupción. También, más recientemente, por la intensificación de la lucha antisubversiva (con triunfos inmediatos), por una crisis al parecer profunda de las organizaciones políticas y por una nueva modificación de la política económica, que rompió la estructura proteccionista, sostenida durante mucho tiempo. Su quiebra hace pensar que la alternativa entre proteccionismo y libre mercado, que marcó con breves oscilaciones la política del siglo XIX, podría abrir para el fin de siglo XX una nueva actitud que significara la apertura económica con la participación más real en el mercado mundial. Al parecer, desde hoy, esa es la puerta del siglo XXI”.
Ad portas de cumplirse el primer cuarto de este nuevo siglo, una vista panorámica de la realidad peruana muestra que la presencia internacional del país (comercial como política), el crecimiento de la clase media y de los emprendimientos, el fortalecimiento de los derechos humanos y la consolidación de un Estado unitario (“Firme y feliz por la Unión” reza el bicentenario lema republicano) se alcanzaron no sin tropiezos ni contradicciones sobre el papel de los tres poderes del Estado. El conjunto de América Latina estuvo también, según su idiosincrasia, sujeta a esas mismas marchas y contramarchas, solo que, en el caso del Perú, todo se desarrolló en un contexto democrático sobre la expresión de un tejido social de valores compartidos. Las crisis, aunque graves, se resolvieron siempre bajo el cauce del principio de legalidad, el respeto al Estado de derecho y a la libertad de expresión.
Toda América Latina se vio afectada por la corrupción y el Perú no fue la excepción. Este segundo aspecto, no suficientemente estudiado, explica, en parte, la crisis institucional de la república del segundo milenio. Ensayar una respuesta podría llevar, para unos, a la tantas veces repetida decadencia de una dirigencia política tradicional o la supervivencia de la herencia colonial; para otros, son crisis “de ajuste” dada la aparición de nuevos actores políticos que reivindican espacios, a veces con poca tolerancia y olvidando la flexibilidad del quehacer democrático. Lo cierto es que mucho se puede decir del importante esfuerzo llevado por el Perú para combatir a la corrupción y sancionar a sus perpetradores. Cuando ha sido necesario, se ha actuado en el vértice mismo del Ejecutivo. Todo, como puede demostrarse, dentro del sistema democrático. Se trata pues de una democracia, la peruana, que afronta sus propios retos y resuelve sus desafíos dentro de un proceso de maduración permanente como lo experimentó Atenas con la Pentecontecia en el s. V a. C., hasta alcanzar la estabilización de su vida política.
“En Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, las reglas están claras, hay una Constitución de la República que establece la manera de gobernar, así como el ejercicio del Estado de derecho; eso nos hace preguntarnos ¿por qué un mandatario decide violar el Estado de derecho?” (Fuentes Cálix, 2022). La violación acontecida el pasado 7 de diciembre fue resuelta en apego a la Constitución por el Congreso, iniciándose así legítimamente el gobierno de Boluarte, vicepresidenta de la República hasta ese momento, cuyo mandato tiene un carácter de transición hasta la elección de un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República. “Los congresistas del Perú, dieron una demostración del principio de pesos y contrapesos, ya que incluso muchos de los diputados afines al expresidente Castillo, apoyaron la moción que lo removió del cargo. Destacándose en ese quehacer constitucionalista, la participación de las Fuerzas Armadas de ese hermano país, pues, actuó de acorde a la Carta Magna y garantizó la transición ordenada en el ejercicio del poder” dentro de una democracia moderna (Fuentes Cálix, 2022). Un elemento que el lector “debe conocer es que rápidamente se restableció la estructura democrática, es decir, en menos de dos horas tuvimos solución constitucional” (López Chávarri, 2023).
Ante el estado de zozobra social existente -al haberse desatado una ola de violencia deliberada que desvirtúa las legítimas expectativas de los ciudadanos- el gobierno peruano invitó a la CIDH y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que testimonien la conducta de las autoridades nacionales cuando les ha tocado actuar para restablecer la tranquilidad pública. Se ve, asimismo, sobre el mural de la política los retratos de numerosos líderes, académicos, intelectuales y formadores de opinión dispuestos a dar un paso al frente para preservar el Estado de derecho (Pomareda, 2023), lo que es otro signo de la salud democrática de la nación.
La conducta del Estado peruano bien podría resumirse en la expresión de Pericles “somos libres y tolerantes en nuestras vidas, pero en los asuntos públicos nos ceñimos a la ley”.
*Embajador del Perú en Honduras.
