CONTRACORRIENTE: Control necesario del poder
Por: Juan Ramón Martínez
Toda forma de poder es irracional; y, carga sobre sus espaldas, la tendencia del irrespeto a cualquier limite que se le quiera imponer. Frente a su irracionalidad, cabe la obligacion de imponerle la razón. En este artículo analizaremos la posibilidad de tal alternativa. Los anarquistas fueron más extremos: predicaron y sostuvieron la conveniencia de suprimir al estado. Mas, realistas, creemos que en la política y en la cultura, hay fórmulas para volverlo más razonable y comprometido con los fines nacionales; y limitarlo, por medio del imperio de la soberanía popular. Por supuesto, todo dentro de la democracia liberal. Fuera de ella, los limites al poder son, ilusorios.
Como son también los conceptos que, consideran que el poder se auto controla. Nosotros creemos que no hay poder que se auto limite y que, por ello, siempre hay que hacerlo desde afuera, sin perjuicio de los llamados pesos y contrapesos que crean mecanismos de control internos que, aunque insuficientes, no deben ser menospreciados. Lo anterior es válido para el poder laico y para el religioso o teológico. Irán y el Vaticano, son buenos ejemplos. En el caso del régimen monárquico, constituye un avance la monarquía constitucional en que, el Rey no gobierna; y quienes lo hacen son los partidos, por medio del parlamento. En el caso nuestro, los fundadores de la Federación Centroamericana, optaron por la Republica liberal y democrática. En la que, la práctica de elecciones, permite la evaluación de los resultados; y facilita la sustitución periódica de los gobernantes, evitando el continuismo o el derecho de rebelión. En Estados Unidos está plasmado en la constitución como el derecho de armarse, para defenderse de un gobierno despótico. En el caso nuestro, desde la Constitución de 1957, se estableció la posibilidad de la revuelta del pueblo ante un gobierno totalitario e irrespetuoso de la ley y que amenace sus libertades concretas. Y para volver posible la rebelión, dentro de una concepción de delegación, confía esa tarea a las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con esta lógica, tienen que mantenerse distante de los partidos políticos, evitando que estos las contaminen, las dominen y terminen paralizándolas.
En el caso de Honduras, en la medida en que se suprimió la autonomía de las Fuerzas Armadas, medida justificada porque sus oficiales se habían quedado “con el real del mandado”, de repente – en tanto que subordinaron a la institución al Presidente de la Republica que es el que puede volver más irracional el poder y colocarlo al servicio de sus intereses y de su continuidad—se alteró la posibilidad que el pueblo, por medio de ella, pudiera defenderse ante un poder arbitrario. Porque quedo la misión en la Constitución de la Republica; pero se le negó la autoridad para poder actuar en defensa del pueblo. Y se le expuso a la manipulación y a la instrumentalización política. Y, además, coloco a la oficialidad en una posición muy vulnerable, porque se comprometieron sus derechos e incluso el retiro honroso que por sus servicios tienen merecido. Pero con todo, se le disminuyo la capacidad del pueblo para rebelarse y aumento la soberbia y la arrogancia de la clase política que, desde antes, había empezado a mostrar escaso compromiso con los objetivos nacionales. Es decir que, con la llamada subordinación de los militares a los civiles, perdimos todos, menos los políticos responsables del atraso nacional que, con ello, recibieron un premio inmerecido y una impunidad peligrosa para la existencia de Honduras. Que, apunta hacia el aumento de la corrupción.
Como no es tiempo de echarnos a llorar, hay que enmendar el entuerto. Debemos alejar a los militares de la obediencia presidencial. Tal subordinación es muy peligrosa. En primer lugar, porque favorece el continuismo; e impide que la clase política, nos rinda cuentas y mantenga el ánimo de darnos lo mejor de sí. Y, en segundo término, decolora la fuerza de la institución armada que, la tenemos que mantener fuera del comercio político, consagrada absolutamente a la defensa de la soberanía nacional, al imperio de la Constitución – sin fisura alguna – y a la defensa de la integridad territorial. La experiencia demuestra que cuando el poder político aumenta, la soberanía popular disminuye. Por ello, urgimos de la reforma legal que, nos permita un pueblo con capacidad de rebelarse, apoyado en la fuerza de la institución armada.
